VTV y fotomultas: dos negociados más
Los recurrentes escándalos registrados en territorio bonaerense obligan a profundos replanteos, además de aplicar dignas sanciones
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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio en muchos países, incluida la Argentina, tendiente a garantizar la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, en nuestro país, debido a cuestiones burocráticas y, en algunos casos, a la corrupción, todo el sistema a través del cual se llevan a cabo esos controles ha sido puesto en tela de juicio.
Otra de las recientes alarmas fue el escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, que involucra una red de corrupción que operaba al interior del Ministerio de Transporte bonaerense, liderado por Jorge D’Onofrio, quien debió presentar su renuncia hace pocos días. Esta red habría estado involucrada en la eliminación o reducción de multas de tránsito a cambio de sobornos.
D’Onofrio ha sido señalado como presunto responsable de haber brindado protección política a la red en la que jueces de faltas designados o respaldados por él colaboraban con abogados gestores que identificaban a los infractores para ofrecerles reducir las multas, intermediando entre estos y los jueces. La recaudación que era producto de los sobornos habría tenido entre otros destinos la inversión en propiedades en España, principalmente en la Costa del Sol.
Además de D’Onofrio, están imputados varios funcionarios. Entre ellos, Claudia Pombo, concejala de Pilar y colaboradora cercana de D’Onofrio, sospechada de comprar los inmuebles para lavar dinero; Facundo Asencio, jefe de la Verificación Técnica Vehicular, y Mario Quattrocchi, juez de faltas de La Plata y subrogante en San Isidro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el Ministerio de Transporte y en propiedades vinculadas a los imputados, aunque aún no hubo indagatorias y, en la actualidad, se analizan cuentas bancarias en el exterior, como también registros mercantiles en España.
Los cuestionamientos llegan también a Sergio Massa, excandidato a presidente y líder del Frente Renovador, quien fue el dirigente que impulsó en su momento la designación del sospechado funcionario.
Desde esta columna editorial, hemos cuestionado en más de una ocasión el sistema de fotomultas, que en buena parte del país funciona como una herramienta con un fin meramente recaudatorio conocida como “cazabobos”. Un análisis de la localización y el funcionamiento de muchos de los radares permite inferir cómo artera y premeditadamente se induce a los automovilistas a cometer infracciones por exceso de velocidad muy difíciles de evitar, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Las fotomultas deberían ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial.
Pero parece claro que, cuando la finalidad es exclusivamente recaudatoria para las autoridades municipales o, peor aún, cuando lo que se busca es lucrar a partir del pago de sobornos de los presuntos infractores, se torna dificultoso cambiar el sistema.
Otro ejemplo que acotaría los trámites burocráticos y la proliferación de redes de corrupción sería que cada automovilista pudiese llevar a cabo la verificación técnica en cualquier taller mecánico habilitado de manera de poder avanzar en la descentralización del servicio y también en la eliminación de arbitrarios privilegios.
En este sentido, hace un par de meses, senadores bonaerenses de Pro presentaron un proyecto de ley para eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires. La propuesta planteaba que las revisiones técnicas fuesen realizadas por concesionarios oficiales, importadores y talleres habilitados, bajo los parámetros de la ley nacional de tránsito, aunque la iniciativa fue calificada de “temeraria” por parte del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
El proyecto legislativo sostenía que con esa iniciativa se reducirían costos innecesarios y se desburocratizaría el proceso. Propiciaba, además, hacer foco en los problemas derivados de los excesos de velocidad y el consumo de alcohol.
Tal vez sea hora de simplificar los trámites, ya que las metas que originaron la existencia de la VTV pueden alcanzarse a través de mecanismos más eficientes y menos burocráticos.
No existen las soluciones mágicas y es muy difícil poder desterrar todos los rincones de corrupción, pero lo que no puede hacerse es naturalizar su existencia con el premio mayor de la impunidad.
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