Votemos educación
Es fundamental que las autoridades que surjan de las elecciones presidenciales reafirmen en los hechos su apoyo al Compromiso por la Alfabetización
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LA NACION
La educación fue una de las actividades más jaqueadas en tiempos de la pandemia. Desgraciadamente, por distintas razones, repetidamente revisadas desde estas columnas, el cumplimiento del calendario escolar y las horas de clase, así como distintas disposiciones vinculadas con la calidad y equidad educativa, siguen tan amenazados como durante el aislamiento social preventivo obligatorio.
Héctor Masoero, vicepresidente primero de la Academia Nacional de Educación (ANE) y presidente del consejo de administración de la Universidad Argentina de la Empresa, reflexionó en un medio colega que, desde el regreso a la democracia, nunca se han cumplido los días lectivos que dispone la ley. Mencionó también que distintos estudios confirman que no habría relación directa entre los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), los días de clase y las horas necesarias que la OCDE promedia en 4,3 diarias. Cita el ejemplo de Chile, el país de la región que se destaca por su mejor rendimiento en las referidas pruebas, y que ofrece 38 semanas de clase por año; mientras que Brasil no consigue tan buenos resultados a pesar de sus 200 días de clase. Cabe señalar que en países como Japón, otro ejemplo, son 203. “En educación no abundan las recetas”, reconoce Masoero.
Las características climáticas y las costumbres y necesidades locales son las que rigen los calendarios escolares de cada país sin que pueda hablarse de calendarios perfectos o de duración óptima. De hecho, Masoero señala que lo que cuenta es en qué medida se cumplen las horas del sistema. En el caso argentino, tanto los 180 días de clase que fija la ley como las 4,3 horas por jornada que responden adecuadamente al promedio recomendado sirven de poco cuando solo se declaman pero no se respetan. En nuestro país, también se incumple el artículo 28 de la ley de educación nacional, que exige para la escuela primaria una jornada “extendida o completa”, pero que solo es cumplida por el 21% de las escuelas. De igual modo, pese a distintos esfuerzos y al agregado reciente de una hora más de clase en distintas jurisdicciones, no se ha cumplido con la resolución del Consejo Federal de Educación del año pasado que tiende a este cumplimiento.
Lo grave es que, en la práctica, a duras penas llegamos a un promedio de 168 días en razón de la creciente politización y sindicalización de la labor docente, a pesar de que la ley estableció que “ante el eventual incumplimiento” de los 180 días de clase anuales, “las autoridades educativas” de cada jurisdicción “deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos”. Esta es una violación más a las leyes educativas.
Aun cuando pareciera no existir, en opinión del mencionado académico, correlación entre inversión educativa y rendimiento académico, no podemos soslayar que la asignación del 6% del PBI para el financiamiento educativo que prevé la ley nacional sancionada en 2006 solo se cumplió en 2013 y 2015; esto es, en apenas dos de los 16 años transcurridos. Está claro que la revisación de estas flagrantes violaciones de las leyes tiene consecuencias en la muy mala calidad educativa actual y en las enormes desigualdades que esto apareja.
Ya nos referimos desde este espacio a la reciente declaración que, bajo el título “La educación es una prioridad”, difundió la ANE. No es solo con más horas y días de clase como se resolverá la enorme crisis educativa argentina. Es clave que los candidatos y los partidos reconozcan la importancia estratégica de la cuestión para acordar que sea considerada un servicio de “importancia trascendental” o “esencial” como lo disponen las normas laborales. “No hay riqueza económica posible con los chicos fuera del aula”, sentencia con razón Masoero al mencionar el ejemplo de los Estados Unidos.
Si la dirigencia política dedicara la mitad de los esfuerzos que desperdicia en inconducentes enfrentamientos a diseñar y presentar los programas que los ciudadanos reclamamos en terrenos medulares como el de la educación, nuestros hijos podrían soñar que un mejor futuro es posible. Como viene señalando desde hace años la Asociación Civil Educar 2050, con su campaña #YoVotoEducación, la necesidad de mejor enseñanza y aprendizaje debe reclamarse también desde el voto y este es un año especial para recordarlo. Resulta imprescindible que quienes triunfen en las elecciones generales de este año reafirmen su apoyo al Compromiso por la Alfabetización, impulsado desde Argentinos por la Educación, junto a 130 organizaciones de la sociedad civil, y que no soslayen la importancia de la educación como principal motor del país al que aspiramos.
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