Voracidad fiscal provincial convalidada por ley
Las reducciones tributarias acordadas con los gobernadores en 2017 fueron postergadas y continuará la fiesta de impuestos distorsivos
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LA NACION
La Cámara de Diputados dio sanción a una ley que convalida el Consenso Fiscal suscripto el 4 de diciembre de 2020 entre el el gobierno de Alberto Fernández y 21 provincias. Contra lo que pueda pensarse, este último Consenso Fiscal no se ha propuesto reducir impuestos, sino postergar hasta el 1° de enero de 2022 las reducciones que habían sido acordadas entre el gobierno de Mauricio Macri y los gobernadores el 16 de noviembre de 2017. Se está convalidando lo que ya estaban incumpliendo gran parte de las provincias.
El aumento del gasto público provincial a partir de 2003 fue desmedido e injustificado. La cantidad de empleados públicos de los gobiernos provinciales pasó de 1.766.600 a 3.185.000 en 2020. El aumento se sostuvo entre 2015 y 2019, período en el que se agregaron 140.000 empleados provinciales. En este fenómeno de expansión burocrática hubo comportamientos disímiles. No extraña que crezca más rápido el empleo público en donde ya es excesivo. Entre las provincias que superan la relación de 100 empleados cada 1000 habitantes se encuentran las de Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz. En el otro extremo, con aproximadamente 50 cada 1000 habitantes, están Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Misiones. Para tener una idea del exceso se pueden comparar estas cifras con el promedio de los gobiernos estaduales de Brasil, que es de 18 empleados cada 1000 habitantes. Y ellos se quejan, con razón, de su excesiva burocracia.
Está claro que no hubo motivos para un aumento del personal provincial. Por el contrario, la racionalización y la digitalización deberían haber posibilitado la reducción de las plantas, aun incrementándose la población servida. Desde ya que, para que ello sea posible, debe haber creación de empleo privado.
Los gobiernos provinciales deberían recaudar lo que gastan, sin tener el beneficio de gastar lo que el Estado nacional recauda para ellos
El acuerdo federal suscripto en 2017 no alcanzó lo que hubiera sido deseable, pero fue un paso adelante para encorsetar a los gobiernos provinciales en metas fiscales por el lado de los ingresos. Había fijado una escala decreciente de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, que es un mal impuesto porque se cobra en cascada y desalienta la especialización vertical. Se desgravaban de ese impuesto las exportaciones, incluyendo las de la industria del conocimiento, pero excluyendo minerales e hidrocarburos. Se habían acordado además la reducción y desaparición del impuesto de sellos desde el 1° de enero de 2022. También se había convenido suprimir todos los impuestos provinciales sobre los salarios, y los que se cargaban en las facturas de servicios públicos.
El acuerdo logrado durante la gestión de Macri, y ahora diferido, careció de un contenido significativo del lado de acotar el gasto. Decía que las provincias podían aumentar su planta de personal en el sector público en una proporción no superior a la de su crecimiento demográfico. No decía que debieran reducirla; por lo tanto, era más una concesión inverosímil que una exigencia de reducción de un gasto que había tenido un fuerte e injustificado aumento en los años previos. Ahora, con la sanción de la ley que comentamos, ni siquiera esa cota limitará el incremento de las burocracias provinciales.
Desde esta columna editorial hemos opinado que el camino indicado para evitar el crónico desborde fiscal de las provincias es evolucionar hacia un sistema de correspondencia fiscal. Esto significa que sus gobiernos deberían recaudar lo que gastan, sin tener el beneficio de gastar lo que otro, el gobierno nacional, recauda para ellos. En otras palabras, suprimir la coparticipación federal de impuestos, devolviendo potestades tributarias a las provincias. Entonces, dejarán de gastar con billetera ajena y serán sus propios gobernados quienes disciplinarán a los gobernadores provinciales en defensa de sus bolsillos.
El Estado argentino se encuentra en un default no declarado formalmente, pero percibido por el resto del mundo. La degradación de la calificación a standalone y el riesgo país en torno de 1600 puntos básicos lo expone crudamente. En este marco hay muy escasas posibilidades de que se produzcan inversiones y de que salgamos del círculo vicioso del desempleo, el aumento de la pobreza y el estancamiento. Esto lo deberían saber el actual gobierno, que dejó sin efecto el acuerdo federal de 2017, y los legisladores oficialistas y algunos más que votaron favorablemente la sanción de la ley que convalidó lo actuado.
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