Villa Mascardi: zona liberada
La interminable serie de ataques de pseudomapuches en la Patagonia responde a una constante y manifiesta complicidad entre delincuentes y poder político
LA NACION
Dos turistas fueron gravemente agredidos la semana pasada por un grupo de encapuchados que cortaban la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi. Los jóvenes se acercaron a los manifestantes para saber cuánto demoraría el corte y fueron atacados violentamente con palos y piedras. Las heridas muestran que el azar impidió que los golpes les causaran lesiones irreversibles o incluso la muerte. No hubo autoridades ni para evitar el corte ni para defender a los turistas. No hubo tampoco ningún funcionario nacional o provincial de ningún ministerio, ni de Parques Nacionales, ni del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) que se pronunciara al respecto. Hace tiempo que el Estado ha abandonado el área.
Hay que decirlo nuevamente y en voz alta: no se trata de “un conflicto mapuche”. Se está frente a un conflicto originado por violentos delincuentes comunes que actúan en una región del país donde conceptos como derecho de propiedad, libre tránsito y seguridad se ven diariamente atropellados. Como solución a un problema ya cotidiano, el Gobierno solo ha promovido el simulacro de las llamadas “mesas de diálogo” –entre dichos delincuentes y los castigados ciudadanos–, que resultaron, de acuerdo a lo previsible, inútiles. Los violentos encapuchados celebran salirse con la suya mientras la sociedad sigue bregando pacíficamente para que alguno de los ya demasiados expedientes que se tramitan ante la justicia provincial y federal encuentren un solo funcionario que aplique la ley en tiempo y forma. No estamos ante una rebelión generalizada; se trata solo de un reducido grupo de sediciosos que han decidido desacatar la Constitución y desafiar la soberanía argentina. La verdadera comunidad mapuche se encuentra integrada pacíficamente con la sociedad local y quienes pretenden reclamar documentadamente sus derechos recurren a los procedimientos legales previstos para tales efectos.
La voluntad de las autoridades de poner orden continúa ausente y los vecinos de la Patagonia se sienten cada vez más indefensos. Hace ya mucho tiempo ya que el Estado los dejó librados a su suerte
Un estudio promovido por la consultora Trespuntozero en Neuquén, Río Negro y Chubut muestra que el 80,6% de los encuestados opina que el conflicto derivado de la toma de tierras en la Patagonia es de una gravedad alta o muy alta, que el desempeño del gobierno nacional frente al conflicto es malo o muy malo y que el accionar de la Justicia es también malo o muy malo. En pocas palabras, la opinión mayoritaria es que las instituciones no defienden ni la soberanía ni los derechos de los ciudadanos.
En Chile se ha liberado a Facundo Jones Huala, principal referente de la violencia local. Vale la pena destacar una cuestión significativa: Jones Huala guarda relación con los cuatro grandes conflictos de la Patagonia. En Cuyamen, donde murió ahogado Maldonado, estaba Jones Huala; en Mascardi se encuentran los hermanos de Jones Huala; en el Parque Central de Bariloche, un espacio de 2500 hectáreas destinado a toda la ciudadanía, está la madre de Jones Huala y, en Cuesta del Ternero, donde ya hubo que lamentar una muerte, también hay familiares de Jones Huala.
La voluntad de las autoridades de poner orden continúa ausente y los vecinos se sienten cada vez más indefensos. La violencia no tuvo como único objetivo las viviendas cercanas al lago Mascardi, ni las agresiones físicas a los dueños de algunas cabañas o a Parques Nacionales. Recientemente, incendiaron el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y dos máquinas de Vialidad rionegrina cerca del cerro Catedral, en Bariloche, solo por mencionar algunos de los daños.
Estamos ante una administración que ha llegado a una indiferencia cómplice y escandalosa, cuando no una indiscutida connivencia para cometer delitos. Priorizando cuestionables ideologías y prácticas asociadas al clientelismo político, los gobernantes han abandonado su auténtica razón de ser: la gestión ordenada y eficiente de las cosas, el servicio a la ciudadanía y, por sobre todo, el respeto a los derechos fundamentales. No se trata de sordera, ni de ineptitud, se trata sin ningún margen de duda de una burda y manifiesta complicidad.
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