Vergonzoso y cómplice silencio frente a la situación venezolana
El gobierno argentino sigue consintiendo el autoritarismo del régimen de Maduro, en disonancia con los repudios desde el mundo democrático
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Un procedimiento similar al aplicado por la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega, que eliminó a toda la dirigencia opositora, el régimen que gobierna Venezuela, a través de la Contraloría General, comunicó que María Corina Machado, la candidata opositora para las elecciones primarias que se celebrarán en octubre, ha quedado inhabilitada por 15 años para competir por un cargo electivo.
Pese a que la arbitraria decisión contra la líder de la oposición venezolana ha despertado toda clase de rechazos a lo largo del mundo democrático y reavivado las críticas contra las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, el gobierno argentino sigue optando por un tan vergonzoso como cómplice silencio.
Una muestra acabada de esa lamentable posición se vio anteayer, durante la Cumbre del Mercosur efectuada en Puerto Iguazú, luego de que los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expresaran su preocupación por la situación planteada en Venezuela.
“Cuando asoma un camino de salida, por la realización de una elección, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Este es un hecho que choca clara y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos”, expresó el presidente paraguayo. Su par de Uruguay fue igualmente duro con el régimen chavista: “Flaco favor les hacemos a la democracia venezolana y a su pueblo si no alzamos la voz. El Mercosur debe dar una señal clara”, afirmó.
Sin embargo, el presidente argentino, al igual que su par brasileño, Lula da Silva, se opusieron una vez más a condenar este nuevo atentado contra la democracia en Venezuela. Alberto Fernández recurrió a una interpretación tirada de los pelos: sostuvo que “la cantidad de exiliados que tiene ese país es producto de las sanciones que recibió”.
El mandatario argentino agregó que los problemas de Venezuela “los deben resolver los venezolanos” y, respecto de las violaciones de los derechos humanos, se limitó a señalar que se está planteando “una mesa de diálogo” y reivindicó la política de Lula, que invitó a Maduro a la Cumbre de la Unasur, realizada en mayo último.
Las acusaciones contra Machado surgieron después de una investigación patrimonial que detectó supuestos errores y omisiones en sus declaraciones juradas y su participación en una presunta “trama de corrupción” orquestada por el exdiputado opositor Juan Guaidó para propiciar un bloqueo contra Venezuela, así como también el despojo de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero.
El rechazo a la inhabilitación de Machado no se hizo esperar. La propia candidata proscripta manifestó que se trataba de “una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado”.
La oposición de Venezuela agrupada en la Plataforma Unitaria, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el foro democrático Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) e incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, hasta ahora cercano al chavismo, manifestaron su más firme condena al régimen venezolano por la decisión administrativa que pretende sacar de carrera a la principal adversaria del oficialismo.
Históricamente, la República Bolivariana de Venezuela ha recurrido a las proscripciones para manipular elecciones como única forma de conservar el poder. A la inhabilitación a Machado se suman las de Henrique Capriles y Freddy Superlano, vetados para ejercer sus derechos políticos. La intención es licuar cualquier posible amenaza a una nueva reelección de Maduro, quien sufre un creciente cuestionamiento interno.
Además, la Asamblea Nacional –elegida fraudulentamente– retiró la personería jurídica a los partidos más tradicionales y también a los emergentes, y vulneró la Constitución para inhabilitar a los líderes opositores que mejor medían de cara a cada elección presidencial.
El procedimiento que utiliza la dictadura de Maduro para deshacerse de quienes amenazan su continuidad en el poder es claramente contrario a la Constitución Bolivariana, dado que las inhabilitaciones emanan de la Contraloría General de la República. El texto constitucional taxativamente señala que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular requiere una sentencia firme emanada de un tribunal de la República frente al cual el imputado haya podido ejercer su derecho de defensa.
La cobarde complicidad del gobierno argentino ya no sorprende. Habrá que ver qué posición asume el ahora precandidato Sergio Massa, quien en su pasado reciente no dudó en reconocer que “en Venezuela hay una dictadura”.
Maduro, como tantos autócratas, es conocido por mostrar nula tolerancia a cualquier tipo de crítica o competencia. La inhabilitación de Machado persigue su perpetuación en el poder. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para que Venezuela regrese a la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho. Las voces de todos los países, incluidos el nuestro, deben resonar con fuerza ante este nuevo atropello a las libertades que castiga al pueblo venezolano y a la región.
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