Valijagate: un caso que apunta al poder
Como toda investigación judicial que amenaza a las más altas esferas del poder político, la de la valija con 800.000 dólares incautados al empresario venezolano Guido Antonini Wilson en agosto último en el Aeroparque ha sufrido inexplicables demoras y provocado enormes dudas respecto de sus derivaciones.
Algunos datos del expediente revelados por LA NACION hace una semana pueden explicar por qué se ha demorado la Justicia, pero, al mismo tiempo, el tenor de esos datos torna esa lentitud inexcusable y sospechosa.
Antonini Wilson y la valija, que no sería ni suya ni la única, arribaron a Buenos Aires procedentes de Caracas en la madrugada del sábado 4 de agosto, en un avión contratado por el gobierno de Néstor Kirchner y en compañía de funcionarios argentinos. Uno de ellos, el kirchnerista Claudio Uberti, entonces titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), efectuó tres llamados desde su celular a la residencia presidencial de Olivos el mismo día en que personal de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria confiscó el dinero en el Aeroparque.
El primer llamado lo realizó a las 7.58 del sábado, instantes después de concluir la confección del acta de secuestro del misterioso dinero.
Uberti efectuó los otros dos llamados a la quinta donde vive el matrimonio Kirchner a las 8.33 (cuando hizo esta llamada, se hallaba a pocas cuadras de la residencia presidencial) y a las 9.13 del mismo día. Esa jornada también llamó a un teléfono de la AFIP, organismo del cual dependía la Aduana, y a otro del Ministerio del Interior, del cual depende, a su vez, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, llamó a los superiores de los dos organismos que impidieron el ingreso de los 800.000 dólares.
El martes 7 de agosto, su celular recibió tres sugestivas llamadas de Antonio Horacio Stiuso, cuestionado director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE).
Aunque tuvo que resignar su cargo, Uberti ha sido y tal vez aún sea un hombre de confianza del ex presidente Néstor Kirchner y del ministro de Planificación, Julio De Vido. Se ha desempeñado como una suerte de embajador paralelo en la Venezuela de Hugo Chávez, con la que el kirchnerismo tejió lazos estrechos, al extremo de que Caracas se ha convertido en el único prestamista internacional del Gobierno, a tasas usurarias. Al mismo tiempo, Uberti se ocupaba de las concesiones viales, tarea que acaba de valerle una nueva acusación por adjudicar algunos corredores viales "a amigos del ex presidente Kirchner", según la reciente presentación de un grupo de diputados de la Coalición Cívica.
Estas características de Uberti, sumadas a sus llamadas a la quinta de Olivos en horas tempranas de un sábado y a las realizadas a la AFIP y al Ministerio del Interior, resultan en extremo sospechosas. Y más sospechosas se vuelven si se repara en que uno de los venezolanos detenidos por la justicia norteamericana en Miami por el mismo caso ha manifestado que los 800.000 dólares estaban destinados a la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner.
En contraste con la rapidez y decisión evidenciadas por el personal de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la lentitud de la justicia argentina se manifestó desde el mismo momento en que ese personal realizaba el secuestro. Porque pese al frustrado intento de ingresar el dinero, a Antonini Wilson se le permitió desplazarse por Buenos Aires sin inconvenientes desde la madrugada de aquel sábado hasta el martes 7 de agosto del año pasado, cuando partió a Montevideo. Sólo cuando el empresario venezolano regresó a Miami y se puso, seguramente para siempre, fuera del alcance de la justicia argentina, ésta comenzó a actuar con cierta diligencia.
Ahora que han salido a la luz las suspicaces llamadas a la residencia presidencial, no deben admitirse más dilaciones para evitar que a esta causa le ocurra lo mismo que a la investigación de las coimas y sobreprecios de los gasoductos (el llamado caso Skanska), que a poco de iniciarse perdió impulso durante largos meses. En el caso que nos ocupa, se trata ni más ni menos que de saber si la Presidenta llegó al poder con el auxilio de fondos de cuestionable origen o si funcionarios gubernamentales recibían de una empresa venezolana pagos a cambio de alguna contraprestación inconfesable.
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