Usurpaciones que violan el Estado de Derecho

Todo indica que la atención y el esfuerzo del Gobierno están hoy puestos en contener el coronavirus y evitar que cause estragos en el sistema sanitario. No debemos por ello descuidar aquellas medidas dirigidas a evitar también que la economía colapse. En cualquier caso, el tiempo que nos otorga esta cuarentena debería servir para enfocarnos en algunos problemas fundamentales que obstaculizan el crecimiento sostenido de la economía argentina.

Una de ellas es la violación impune del derecho de propiedad. El artículo 17 de la Constitución es muy claro: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley". Sin embargo, como otras cláusulas de nuestra Ley Fundamental, parece ser simplemente tinta sobre papel.

Donde se manifiesta con mayor claridad esta debilidad institucional es ante las usurpaciones de terrenos, particularmente en el Gran Buenos Aires.

Se trata de un fenómeno que ha recrudecido en los últimos años. Recientemente, en la periferia de la ciudad de La Plata, un predio de 160 hectáreas que pertenecía al Club de Planeadores fue usurpado ilegalmente por 800 personas.

Sería largo enumerar casos similares en otras jurisdicciones. Generalmente, estas usurpaciones son apañadas por funcionarios municipales, a veces con la asistencia de miembros de las fuerzas de seguridad, cuya función es justamente asegurar que se cumplan las leyes.

Se montan verdaderas mafias que usurpan terrenos, los lotean y prevenden a incautos compradores y otros que no lo son tanto. Para cuando actúa la Justicia, la situación de hecho impide que se pueda restituir la propiedad a su verdadero dueño.

La usurpación genera situaciones absurdas que ni siquiera Kafka hubiera imaginado. Por ejemplo, quienes son injusta e ilegalmente despojados de su propiedad están obligados a pagar todos los impuestos municipales y provinciales so pena de ser embargados, poniendo en jaque incluso así otros bienes, durante todo el tiempo que se prolongue el proceso judicial.

Lamentablemente, es común escuchar a ciertos políticos y comunicadores argumentar que la "tierra es de quien la trabaja". Esta noción es absurda y contraria a la letra y el espíritu de nuestra Constitución. La tierra es de quien la adquirió legalmente y paga sus impuestos. De hecho, la recaudación tributaria es lo que permite que el Estado cumpla sus funciones esenciales, entre las cuales se encuentra la de hacer cumplir las leyes en todo el territorio del país.

Se pretende argumentar que las víctimas de las injustificadas e ilegales usurpaciones son grandes terratenientes o empresas extranjeras, lo cual los excluiría, disparatadamente, de ejercer su derecho constitucional. Pero más disparatado aún es este argumento a favor de la usurpación cuando en realidad las víctimas son individuos de clase media que encuentran en la propiedad inmobiliaria el único medio de canalizar sus ahorros sin que puedan ser expoliados o confiscados vía corralitos, corralones, cepos y otras medidas arbitrarias con las que el Estado nacional ha logrado destruir reiteradamente los mercados de capitales durante los últimos tiempos.

El ahorro no es más que el trabajo no consumido. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Pero es imposible que haya ahorro si el derecho de propiedad es una ficción. Esta es una verdad aceptada en todo el mundo civilizado. Quienes la cuestionan están condenados a la decadencia.

Un punto no menor, que es necesario enfatizar dada la situación que enfrenta el país con la renegociación de su deuda externa, es que querer crecer sin ahorro doméstico inevitablemente requiere pedir prestado a ahorristas del exterior.

Cuando termine la cuarentena, el país retomará una situación económica que ya era crítica debido a la incapacidad de sucesivos gobiernos de lograr que tengamos un Estado financieramente viable. La tan mentada sustentabilidad fiscal no solo requiere mayores plazos y condiciones de pago, sino también un nivel de gasto público acorde con la capacidad productiva del país y un mercado de capitales dinámico y activo que le permita a este financiarse a largo plazo. Y esto no será posible si se sigue violando impunemente el derecho de propiedad.

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