Usurpación marítima
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LA NACION
Resulta urgente fijar estándares para que los países con costa puedan ejercer adecuadamente su poder jurisdiccional sobre el vital recurso pesquero
Una explosiva combinación de milenario espíritu imperial con la necesidad de alimentar a más de mil millones de ciudadanos lleva a flotas chinas a expandir su actividad industrial en franca violación de las normas del derecho internacional. Incumplen normativas ambientales, laborales, sanitarias y de regulación de la navegación, además de destruir el ecosistema marino. Si bien la defensa de la soberanía es un atributo exclusivo de cada Estado, una auditoría social universal resguarda la sustentabilidad de recursos alimentarios para la humanidad.
Hace 40 años, los países con costa marítima suscribieron la Convención de Derechos del Mar, por la que se les reconoce una extensión de la jurisdicción estatal costera hasta la milla náutica 200. En ese ámbito, el gobierno del país tiene un derecho de exclusividad para la explotación pesquera.
Más del 80% de las reservas de peces están siendo explotadas al máximo, según denuncia la FAO, y nuestro país es uno de los centros de mayor actividad clandestina. Los gobiernos de América Latina tienen sistemas de control más precarios que los de países desarrollados para supervisar el acatamiento de las normas internacionales en materia pesquera. Eso permite que las usurpaciones, tristemente a la orden del día en tantas zonas del territorio argentino, también se registren en alta mar, violando el derecho de propiedad de los Estados y poniendo en riesgo la sustentabilidad de un valioso recurso alimenticio.
Los atropellos al Estado de Derecho y a la propiedad pública y privada en nuestro Mar Argentino son habituales. Particularmente riesgosa resulta la situación suscitada por la flota pesquera china, que hoy supera los 17.000 buques. El estilo abusivo con que se comporta no mide consecuencias, al punto de que pesca indiscriminadamente, sin respeto por las cuotas de captura ni por las especies vedadas. Sumado a esto, utiliza redes barrederas y metodologías que indefectiblemente perjudican la conservación de las especies, además de la polución provocada con desechos plásticos y otros productos contaminantes que se dejan en las aguas donde operan los barcos y que serán muchas veces ingeridos por los propios habitantes de las profundidades. Y, luego, por el hombre.
La preocupación mundial por la sustentabilidad de este vital recurso alimenticio es creciente. Es urgente fijar estándares para que los gobiernos de los países con costa marítima puedan ejercer adecuadamente su poder jurisdiccional sobre el recurso pesquero. Es necesario contar con información fehaciente sobre la capacidad reproductiva de cada especie. Y, más importante aún, desarrollar instrumentos de control y de policía para sostener el patrullaje y sancionar a quien incumpla las leyes.
En septiembre pasado, el Senado de la Nación aprobó la ley que actualiza las denominadas unidades de pesca, ligadas al valor del combustible, para fijar multas y sanciones por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Carentes de valor disuasivo alguno, pues regían en pesos desde hace 20 años, los montos que rondaban los 100.000 dólares –cifra menor para la actividad– ahora van de 1,1 a 6,5 millones de dólares. Multas que, además de no aplicarse, continúan teniendo montos irrisorios.
Como sucede en todos los temas importantes para la humanidad, la educación jugará un papel clave en el porvenir de las próximas generaciones. Hoy resultan muy valiosas la sensibilidad y la preocupación juveniles por el futuro del ambiente y la sustentabilidad. Ese interés se expresa en una mayor demanda de responsabilidad social a empresas y gobiernos en la gestión de los impactos externos de la actividad industrial. La inquietud se extrema en el caso del recurso ictícola, esencial para la alimentación humana.
Sería deseable que los diversos acuerdos bilaterales entre la Argentina y China, que hoy expresan una relación estratégica entre ambas naciones, contemplen, como base esencial de un entendimiento, la preservación y el respeto por las leyes de la naturaleza y el ordenamiento jurídico de nuestro país en relación con los recursos de nuestro mar territorial.
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