Una UIF militante e incompetente
Otro organismo del Estado al servicio de garantizarle impunidad a Cristina Kirchner es un indicador más de la bajísima calidad institucional imperante
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LA NACION
Las renuncias de Carlos Cruz y Mariana Quevedo a la presidencia y la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), respectivamente, vuelven a hacer evidente la grave crisis institucional del país y la incapacidad del kirchnerismo de respetar principios básicos para el funcionamiento de la república y la consolidación de un Estado de Derecho.
Más evidente resulta la degradación a la que se exponen estos organismos cuando vemos que el renunciado Cruz, asumiendo la defensa de la vicepresidenta de la Nación, argumenta que no es posible juzgarla por lavado de activos hasta no probar la existencia del delito precedente.
Como presidente del organismo encargado de defender el orden económico financiero, sabe que desde la sanción de la ley 26.683, en 2011, el delito de lavado es autónomo: solo basta con demostrar la existencia de indicios de un ilícito penal anterior al lavado, como en los casos de Hotesur y Los Sauces, elevados a juicio oral hace más de tres años y que aún esperan que se fije la fecha de su primera audiencia.
La UIF es el organismo público con competencia para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su misión resulta fundamental para garantizar la integridad del orden económico financiero, pilar de la estabilidad y el crecimiento económico.
La creación de las UIF en el mundo responde a una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional que fija los estándares para combatir estos delitos y evalúa a los países en su cumplimiento. El GAFI exige que las UIF sean autónomas y operativamente independientes, para que puedan trabajar libres de toda injerencia indebida del gobierno, la política, los sindicatos y el sector privado.
Lamentablemente, las experiencias del kirchnerismo en el manejo de esta institución han sido y siguen siendo fuente de mucha preocupación y un rotundo fracaso. Durante los mandatos de Cristina Kirchner al frente del gobierno, la UIF estuvo a cargo de José Sbatella, quien desprestigió a la institución abusando de su autoridad para la persecución de opositores y empresarios enfrentados al Gobierno, y para el encubrimiento de corruptos afines, convirtiendo a la UIF en una verdadera amenaza para la ciudadanía.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la UIF fue liderada por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes lograron poner en valor la institución con una gestión técnica y autónoma meritoria, realizando importantes contribuciones para el avance de las causas penales más importantes de lavado de activos, narcotráfico y corrupción. Al dejar su función, Federici ejercía el cargo de presidente del Grupo Egmont, que agrupa a todas las UIF del mundo.
Con el regreso del kirchnerismo al poder, la UIF volvió a caer en manos de quienes descreen de su autonomía y conciben su utilidad únicamente para el avance de los objetivos políticos o personales de los gobernantes de turno. Las designaciones de Cruz, respaldado por Alberto Fernández, y de Quevedo, con el apoyo de Cristina Kirchner, habían sido oportunamente impugnadas por quienes entendían que ambos carecían de idoneidad técnica y moral. Hoy, los hechos confirman que estaban en lo cierto.
El conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se replicó en la relación entre los titulares de la UIF. La división entre ambos impactó negativamente en su capacidad de liderar y mantener la unidad del equipo, así como de gestionar la operación de manera responsable, todo lo cual se vio reflejado en las filtraciones de información, incluso de comunicaciones entre sus directores, el vencimiento de plazos para apelar resoluciones importantes en el rol que la UIF ejerce como querellante en causas penales, y la virtual parálisis en la generación de inteligencia financiera. En este período, la UIF perdió a sus mejores técnicos y volvió a ser refugio de militantes incompetentes, sin experiencia en una materia tan sensible sobre la que la institución ejerce delicadas funciones.
En su rol de querellante, la UIF no ha hecho una sola presentación para solicitar el inicio de los demorados juicios que más comprometen a la vicepresidenta
Todo ello afectó la confianza de las fuentes locales e internacionales de la UIF, centrada en su capacidad de cumplir y hacer cumplir la ley y los estándares internacionales, y especialmente el requisito de autonomía e independencia operativa. La confianza es la base del éxito de cualquier UIF, ya que sin ella se corta el flujo de información de calidad, imposibilitando su tarea de análisis y contribución a la búsqueda de la verdad y la justicia.
Durante sus 20 meses de gestión, Cruz y Quevedo incumplieron su obligación legal de rendir anualmente cuentas al Congreso sobre la gestión, tanto para 2020 como para los diez meses de 2021. El incumplimiento de tal deber resulta de extrema gravedad desde el punto de vista institucional, ya que impide a la ciudadanía asegurarse que los recursos públicos asignados a la UIF estén siendo gestionados de manera responsable.
Sin perjuicio de ello, los datos que públicamente se conocen confirman la renuncia a impulsar desde el organismo la lucha contra la corrupción. En efecto, la gestión de Cruz y Quevedo no apeló la prisión domiciliaria concedida a Amado Boudou ni el archivo de la causa por lavado de activos derivada de los cuadernos de la corrupción, ni el del incidente de nulidad por cosa juzgada írrita contra el sobreseimiento de Cristina Kirchner dictado por el tristemente recordado juez Norberto Oyarbide. Donde sí se los vio particularmente diligentes fue en impartir órdenes para alegar una pena mínima contra Lázaro Báez en el juicio por lavado de activos en el que resultó condenado, causa conocida como la ruta del dinero K.
En su rol de querellante, la UIF tampoco ha hecho una sola presentación para solicitar el inicio de los juicios, inexplicablemente demorados, que más comprometen a Cristina Kirchner: las causas Los Sauces y Hotesur, elevadas a juicio en octubre de 2018 y febrero de 2019, respectivamente, y la de los cuadernos de la corrupción, elevada a juicio en septiembre de 2019.
Hace unos días, el Presidente anunció la postulación de un nuevo candidato, Juan Carlos Otero, para reemplazar a Cruz en la presidencia de la UIF. Previamente Otero deberá superar el proceso de consulta ciudadana que exige la ley, en el que se podrán recibir objeciones o adhesiones a su designación. Aún se desconoce la propuesta para el reemplazo de Mariana Quevedo.
Otero es un abogado kirchnerista vinculado a La Cámpora, que ha trabajado en temas ligados a la prevención de lavado de activos desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), y ha representado a ese organismo como vocal ante el consejo asesor de la UIF en la actual gestión. Tuvo un rol preponderante en el pasado, muy poco digno de destacar, como ejecutor de las órdenes de inspección contra entidades como el Banco Macro, en conflicto en su momento con el kirchnerismo, por realizar operaciones de contado con liquidación.
Hoy, la Argentina se encuentra próxima a ser evaluada nuevamente por el GAFI en el cumplimiento de sus estándares internacionales. En la última evaluación, en 2010, el país obtuvo la peor nota entre los miembros del G-20, lo cual dio lugar a su inclusión en la “lista gris” de países con serias deficiencias estratégicas, situación que luego demoramos más de cuatro años en superar.
Quienes asuman la gestión de la UIF en los próximos meses tendrán el desafío de defender al país en la próxima evaluación internacional, demostrando que se cumplen los estándares del GAFI, incluyendo el requisito de autonomía e independencia operativa de la UIF, y que esta no opera como la “institución militante” que ha sido desde febrero de 2020 hasta hoy. Ningún indicio permite presagiar que tan favorable cambio vaya a ocurrir, sino más bien todo lo contrario.
Repetir un fracaso en este frente implicará una nueva inclusión en la lista gris, que pagaríamos, una vez más, todos los argentinos. Mientras sigamos permitiendo que las cuestiones de Estado queden en manos de militantes sin las mínimas capacidades requeridas, estaremos abonando la senda de impunidad y condenando al país a una mayor decadencia.
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