Una TV Pública anacrónica e insostenible
El despilfarro de recursos públicos y la falta de transparencia vienen caracterizando al canal de televisión del Estado, habituado a cobijar militantes
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LA NACION
Desde sus comienzos, la televisión estatal en la Argentina ha sido rehén de los gobiernos de turno y, por lo tanto, salvo muy escasas excepciones, ha sufrido los vaivenes políticos que aquejaron a nuestro país.
Los medios de comunicación estatales, mayormente concebidos en forma errónea como propiedad de las circunstanciales administraciones o –lo que es peor– de los grupos políticos que las encabezan, han sufrido deformaciones no sólo en su línea editorial, sino también en sus estructuras, habitualmente transformadas en auténticos repositorios laborales para guarecer a militantes, familiares y amigos.
Esta conveniente confusión respecto de lo que debería ser un ente público convirtió a la TV Pública en botín de cuatro sindicatos que totalizan una plantilla de más de 1000 personas.
Teniendo en cuenta que los recursos para el financiamiento del canal de televisión oficial salen fundamentalmente del presupuesto nacional –esto es, del bolsillo de todos los ciudadanos–, resulta cuanto menos provocador saber que el 42% del plantel de la TV Pública recibe sueldos mensuales de entre 200 mil y 600 mil pesos, al tiempo que la empresa estatal gastó más de 200 millones en salarios en enero de 2021, engrosados por horas extras y unos 150 ítems adicionales previstos en viejos convenios colectivos de trabajo.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, administradora de los medios de comunicación estatales, gastó durante enero de 2021 al menos $202.925.300 en los salarios de los 1033 empleados de la TV Pública, sin contar contrataciones aisladas y servicios tercerizados.
Su presidenta, Rosario Lufrano, se vio envuelta días atrás en un escándalo por maniobras sospechosas ocurridas en la emisora. Ante una denuncia por el retiro de millonarias sumas en efectivo de cuentas bancarias estatales, supuestamente dirigido a solventar gastos de producción de una ficción de la TV Pública, el fiscal Gerardo Pollicita abrió una causa contra Lufrano por posible violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, reclamándole la presentación ante la Justicia de todos los registros en su poder. Otra denuncia se radicó en el juzgado de Sebastián Casanello. Ella, por su parte, en un intento por despejar dudas, presentó una denuncia penal y ordenó abrir una investigación, además de pedir una auditoría externa a la Sindicatura General de la Nación – encabezada por un conspicuo y cuestionado militante K– para establecer las responsabilidades, además de despedir al director de administración financiera, Guillermo Siaira y aceptarle la renuncia a Ernesto Molinero, gerente de producción.
Con un presupuesto final aprobado de casi $56 millones para la tira de 4 capítulos de ficción sobre Belgrano, los retiros realizados en la sucursal del Banco Itaú ubicada en el mismo canal, fueron aparentemente tres, totalizando unos $11,4 millones, maniobras que la Justicia deberá investigar a fondo.
Además de la imprescindible transparencia que los ciudadanos tenemos derecho a exigir de los funcionarios que gestionan los dineros de todos, una televisión pública de calidad debe hacerse en consonancia con el contexto de la realidad argentina, con austeridad, sin derroche y con especial cuidado en los contenidos producidos.
Si el resto de los canales en manos privadas pueden cumplir su tarea con planteles similares e incluso menores y con mejores resultados de audiencia, es imprescindible adecuar el desempeño de la televisión pública a esta realidad. Una cosa son los derechos adquiridos y otra, los convenios anacrónicos que plantean, por ejemplo, grabaciones en vivo con 25 personas, o adicionales remunerativos de todo tipo cuyo principal objetivo es satisfacer las muchas veces abusivas y anacrónicas demandas sindicales.
La tecnología, en los últimos años, ha hecho que muchas labores hayan desaparecido, al tiempo que ha facilitado las comunicaciones de una manera elocuente; por lo tanto, no es posible seguir aferrados a convenios laborales del año 1975, enmarcados en una televisión de la era del blanco y negro.
No se trata de negar la importancia de una TV Pública para la integración nacional, pero sí de hacer sostenible una televisión acorde a las necesidades y posibilidades del Estado argentino. Un objetivo que, tanto por el despilfarro y las malas administraciones como por la subordinación de los contenidos a intereses políticos y partidarios, está muy lejos de cumplirse.
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