Una política de destrucción de las exportaciones
Frente a las complicaciones por los desequilibrios macroeconómicos, se sigue ajustando al sector privado, mientras el sector público continúa agrandándose
De tener éxito en el proceso de renegociación de la deuda, el Gobierno cumpliría una condición necesaria pero no suficiente para volver a la senda de un crecimiento sostenido. Para que esto ocurra se deberá recuperar la confianza y generar las condiciones que hagan atractiva la inversión. Se trata de un arduo camino que exigirá restablecer los equilibrios macroeconómicos, particularmente el fiscal y el externo.
La explicitación de un programa que muestre ese camino se vuelve cada vez más necesaria. Por ahora poco sabemos de él. No obstante, una definición parece estar clara y es que, en lo inmediato, la salida de la recesión se apoyará principalmente en las exportaciones. Para ello se requiere ser competitivo y las políticas hasta ahora implementadas parecen apuntar en sentido contrario. Las retenciones, la abusiva presión impositiva, las regulaciones laborales y el cepo cambiario atentan claramente contra una estrategia de recuperación vía exportaciones.
Quienes venden al exterior liquidan sus divisas al tipo de cambio oficial mayorista, hoy en el orden de 62 pesos por dólar. Pero sus costos se han ido adecuando al tipo de cambio al cual se pueden realmente adquirir divisas. El llamado "contado con liquidación" ronda los 82 pesos por dólar. De esta manera, se sufre un castigo cambiario de alrededor del 32%, que puede incrementarse si la brecha se amplía. Esto probablemente ocurra en el contexto de una mayor emisión monetaria y una declinación de la demanda de dinero. Sin considerar este efecto, uno de cada cuatro dólares obtenidos por un exportador queda en el camino y todavía no hemos hablado de los derechos de exportación, más conocidos como las retenciones. Sobre el valor bruto de la venta se paga un impuesto que para diferentes posiciones arancelarias varía entre el 5 y el 30%. El peso de este gravamen es mayor para los sectores más competitivos, particularmente el agropecuario.
El Gobierno ha cerrado desde la semana pasada el registro de ventas al exterior de granos y oleaginosas para evitar que los agricultores que exportan adelanten ventas para cubrirse de una suba de retenciones. Se evalúa un alza de tres puntos porcentuales para la soja, que alcanzará el 33%, el máximo permitido por la ley de emergencia. Así, teniendo en cuenta el efecto combinado (incremento de retenciones y efecto cambiario), el precio del exportador de soja tendría una reducción desproporcionada: cobraría unos 41 pesos por dólar, contra un valor de mercado cercano a 82. De incrementarse la brecha cambiaria, mayor será el perjuicio. No hay en el mundo un país que perjudique y desaliente más a sus exportadores y productores.
Una vez más, ante las complicaciones derivadas de los desequilibrios macroeconómicos, se sigue ajustando al sector privado, mientras el sector público continúa agrandándose. La Argentina necesita de reformas estructurales y erradicar el déficit fiscal a partir de un programa socialmente compensado que reduzca el gasto público y acote la evasión. Esto contribuiría a reducir el resto de los problemas económicos como la inflación, la deuda o la altísima presión tributaria.
La salida solo se podrá hallar a través de las reformas estructurales.