Una patria “casi cadáver” requiere terapia intensiva
Solo con reformas estructurales y con la eliminación de nichos de privilegios será posible sacar al país del estado de postración en el que se encuentra
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La celebración del Día de la Independencia y la firma del Pacto de Mayo han sido ocasión para desear unión, paz y trabajo luego de tantos años de enfrentamientos. Así lo pidió el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, con su llamado a “la unidad de los argentinos”, buscando acuerdos y dejando de lado las diferencias. Como en 1816, la patria es “casi cadáver”, dijo, citando a Vicente Fidel López, con “tantos hermanos atravesados por el hambre, la soledad y una justicia largamente esperada (…) postrados por falta de solidaridad y egoísmo”.
La Argentina no transita solo una crisis económica, sino de los valores que soportan su estructura institucional. Se requiere una refundación que permita darle viabilidad como organización colectiva. Los problemas son tan profundos y manifiestos que no es cuestión de libertarios o socialistas, de radicales o peronistas.
Se trata de poner el hombro entre todos para evitar que el edificio se derrumbe. Debe haber unidad para cambiar el rumbo, no para continuar con lo mismo.
En diciembre de 2023 había un 50% de pobres y un 10% de indigentes, pero entre los chicos de 13 a 17 años la pobreza alcanzó al 59% y la indigencia, al 19%. Con una hiperinflación en puerta, este año se hubieran alcanzado niveles subsaharianos. Sin embargo, al comienzo de la democracia la pobreza era del 25%. Esa duplicación sin catástrofes naturales ni guerras es un síntoma grave de disgregación social. Ahora urge corregir las causas y no solo atender sus consecuencias.
Un tercio de los niños pobres no van a la escuela o lo hacen con sobreedad, según un informe de la UCA. No acceden a una educación primaria de calidad, su lenguaje se limita a 300 palabras, no pueden leer ni escribir, ignoran las cuatro operaciones matemáticas básicas y están asediados por la violencia callejera y el “paco”. Para adecuarse a esa realidad, en el ámbito educativo se planteó eliminar las calificaciones, las sanciones y los aplazos. En varias provincias también se suprimió la repitencia. Hay un millón de docentes: una mayoría laboriosa mancillada por expertos en ausentismo, pues la tercera parte está cubierta por suplentes para cubrir licencias obtenidas con certificados médicos dudosos o con acomodos políticos. Además de dañar la calidad educativa, se desfondan los presupuestos provinciales con aquiescencia o complicidad sindical.
En ese contexto de miseria y desorden familiar, los adolescentes abandonan la secundaria para conseguir sustento. El peso de la pobreza es el factor determinante del destino educativo y la escuela pública tiene poco margen para minimizar ese impacto. Mejorar resultados educativos requiere mejorar las condiciones de vida de las familias. Se necesita progreso material, como en China o Noruega; nada nuevo en el mundo, salvo para quienes piden más ministerios y más inflación.
En el otro extremo, de la tercera edad, el drama es parecido. La extensión de la vida aumenta la cantidad de personas que requieren de la previsión social para subsistir. Pero mientras ello ocurre, se reduce, inversamente, el número de quienes deben aportar para mantenerlos. Ello no puede atribuirse al egoísmo de la gente común, sino a la falta de inversiones privadas que demanden empleos de calidad, ahuyentadas por un populismo depredador. De los 23 millones de trabajadores, la mitad son “cuentapropistas” o simplemente, están “en negro”. El país fue convertido en el reino de las changas y el desempleo encubierto en el Estado o con planes sociales.
Los problemas son tan profundos y manifiestos que no es cuestión de libertarios o socialistas, de radicales o peronistas. Se trata de poner el hombro entre todos para evitar que el edificio se derrumbe. Debe haber unidad para cambiar el rumbo, no para continuar con lo mismo
En 2023 el gasto público alcanzó casi el 45% del PBI, cuando era del 25% hace 25 años. No es de extrañar que, siendo un sistema desequilibrado, donde solo aporta menos de un activo y medio por cada pasivo (deberían ser cuatro), la seguridad social sea la causa principal del déficit fiscal, absorbiendo la mitad de ese gasto desmesurado. De los 8,4 millones de jubilados y pensionados, 3.5 millones no han hecho los debidos aportes.
El futuro no pinta fácil: la caída en el índice de natalidad, que pasó de un histórico 2% al 1,4%, presagia una disminución aún mayor de jóvenes para sostener a los pasivos. Y con la decadencia de la educación, cabe preguntarse cuántos estarán en condiciones de lograr empleos regulares de calidad para cumplir esa función. Sin contar a los crecientes nómades digitales, que trabajan en cualquier país, sin aportar a ninguno.
El universo cada vez mayor de personas de edad avanzada repercute también sobre el PAMI, las obras sociales y las prepagas. Las distintas discapacidades que naturalmente les aquejan motivan tratamientos costosos y prolongados que agobian los presupuestos de esas entidades sin financiación suficiente. Los amparos han llevado a una verdadera “judicialización” de la salud desbordando los tribunales como un río fuera de cauce. Sin progreso material tampoco habrá recursos para la tercera edad, ni para la salud, como no hay para la educación.
Hasta 2023 el Estado se hizo presente duplicando los empleados públicos. De los 4 millones actuales, la mitad se incorporó durante el kirchnerismo y la mayor parte, en provincias y municipios que persiguen a las empresas con impuestos y tasas abusivas para mantener sus elefantiásicas estructuras. Se requiere progreso material para recomponer el equilibrio entre lo público y lo privado de forma sustentable. La presión fiscal, la inflación y el endeudamiento no son fruto del egoísmo de nadie, salvo de quienes tomaron al Estado por asalto, en su exclusivo provecho.
La Argentina necesita inversiones masivas para ordenar sus cuentas públicas y financiar, con mayor productividad, los desafíos sociales acumulados durante décadas de clientelismo.
La unión de todos, ahora indispensable, es de las personas honradas, que comparten valores morales y dispuestas a un esfuerzo común para recuperar al país del desastre colectivo en que se encuentra.
No podrá superarse la pobreza, ni educar a los niños, ni cuidar a los mayores, si no se extirpa la fobia populista contra la inversión y el rechazo a las condiciones que deben precederla, como la moneda sana, el respeto al derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Solo así será posible recuperar a nuestra patria “casi cadáver” en la terapia intensiva de las reformas estructurales, alentando el ingreso de capitales y eliminando los nichos de privilegio de los egoístas y los corruptos que siempre las han impedido.
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