Una despedida llena de autoelogios y falsedades
Al hablar ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner volvió a eludir las cuestiones que más preocupan a la sociedad argentina
Una vez más, el mensaje de la presidenta de la Nación con motivo de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso se transformó en un acto de campaña, plagado de omisiones y falsedades y no exento de un tono amenazante hacia el Poder Judicial. Por si le faltaba un condimento a un discurso impropio para la ocasión, la titular del Poder Ejecutivo ni siquiera reparó en que, según lo dispuesto por la Constitución Nacional, debía anunciar formalmente que dejaba inauguradas las sesiones y no lo hizo.
Como de costumbre, Cristina Fernández de Kirchner habló prolongadamente. Esta vez, a lo largo de tres horas y cuarenta minutos. Sin embargo, durante tan extensa alocución, la jefa del Estado ni siquiera se ocupó de tres de las cuestiones que más preocupan a la sociedad argentina: la inseguridad, el narcotráfico y la inflación.
Se trata de un dato que, desde luego, no constituye una novedad. El término "inseguridad" tampoco fue mencionado por la Presidenta en sus mensajes ante la Asamblea Legislativa de los años 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014. Sólo fue citado cuatro veces en su discurso de 2008 y dos en el de 2011. La palabra "inflación" apenas fue mencionada dos veces en el mensaje presidencial de anteayer, sin un análisis serio de este grave problema que acosa a los argentinos, especialmente a los más pobres, y una vez en 2012. Entretanto, el término "corrupción" no estuvo en la boca de la Presidenta ni una sola vez en los ocho mensajes con los cuales abrió los sucesivos períodos legislativos.
El último mensaje presidencial se caracterizó por la autorreferencialidad y la ausencia de autocrítica. Fue un típico discurso anclado en el pasado, que rara vez dio cuenta de nuestro presente y casi nunca del futuro. La excepción estuvo dada por su admisión de que no dejará un país cómodo para los dirigentes, una confirmación elíptica de que quien la suceda en la Casa Rosada recibirá varias bombas de tiempo.
La reiterada estrategia discursiva presidencial de comparar las distintas variables socioeconómicas de la actualidad con 2003, cuando la Argentina comenzaba a salir de una de las peores crisis de su historia, sirvió para intentar ocultar el agotamiento del modelo productivo durante la gestión de Cristina Kirchner. Particularmente, en el período iniciado por la Presidenta en diciembre de 2011, signado por un retroceso de la inversión productiva y de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, fenómenos potenciados por el excesivo intervencionismo estatal, las restricciones en el comercio exterior, el aumento exorbitante de la presión tributaria, el crecimiento de la inflación y la instrumentación del cepo cambiario.
Nada dijo la primera mandataria acerca de un déficit fiscal que, en el último año, alcanzó un récord de 185.490 millones de pesos, cuando el presupuesto 2014 contemplaba un superávit de 830 millones. Tampoco expresó la Presidenta que sin la ayuda que el Tesoro Nacional recibió del Banco Central y de la Anses ese rojo hubiese llegado hasta los 306.000 millones de pesos, que equivaldrían al 6% del PBI.
En cualquier país serio, como el que se propuso en su campaña presidencial Néstor Kirchner allá por 2003, un jefe de Estado debería rendir cuentas acerca de por qué se generó semejante desfase con respecto al presupuesto aprobado por el Congreso.
Tampoco hubo ninguna explicación presidencial sobre el sideral aumento de la emisión monetaria, que ascendió en 2014 a unos 161.500 millones de pesos, duplicando prácticamente la del año anterior.
La Presidenta se jactó de que las reservas del Banco Central se han ubicado en estos días en torno de los 31.400 millones de dólares, a pesar de nueve corridas financieras. No aclaró que esa cifra es posible merced a un dibujo contable, sin el cual las reservas de libre disponibilidad apenas llegarían a la mitad.
Al hablar de la política de desendeudamiento de su gobierno, omitió el creciente endeudamiento del Banco Central con el sector financiero, cuyo stock de títulos pasó de 115.000 millones de pesos a 330.000 millones en el último año, ni mencionó la creciente deuda del Tesoro con la entidad monetaria.
Del mismo modo, se vanaglorió de que los bonos reestructurados de nuestro país ya cotizan por sobre su valor nominal, para lo cual citó un artículo del periodista del Financial Times Joseph Cotterill, quien, poco después de la alusión presidencial, dejó en ridículo a la primera mandataria argentina al aclarar que esa mejora se explicaba por el hecho de que los inversores descuentan que ella se irá en diciembre próximo y que la próxima administración nacional buscará solucionar el problema de la deuda en default.
Sólo como una broma de mal gusto podrían ser tomadas las expresiones de la Presidenta sobre una supuesta "desaceleración de los precios internos" y acerca de las bondades del programa Precios Cuidados, cuando el alza del costo de vida promedió en 2014 el 38%, de acuerdo con las estadísticas privadas relevadas por los bloques opositores del Congreso de la Nación.
El discurso presidencial, por supuesto, no citó cifras de pobreza, que desde hace más de un año no es medida oficialmente, y estuvo lleno de elevadísimos porcentajes de aumentos nominales de tres o cuatro dígitos registrados desde 2003 hasta hoy, que distarían de ser tales si se descontara la abultada inflación del mismo período. Los errores técnicos de la exposición presidencial fueron tan evidentes como el hecho de que, al hablar del ingreso de los habitantes, mencionó el sexto, el séptimo y el octavo quintil, cuando sólo puede haber cinco quintiles, que equivalen a dividir a la población en cinco partes.
Uno de los pocos anuncios económicos pasó por la reestatización de los trenes, pese a que, en rigor, éstos son estatales desde hace más de una década. Lo que efectivamente se buscará es quitarles a empresas privadas el gerenciamiento de determinadas líneas ferroviarias que le fue concedido por el Estado. Según la Presidenta, esa decisión no es el producto de su afán estatista, sino de la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir el gasto. Si ése fuera su objetivo, habría que señalar que se acordó algo tarde, ya que la discrecionalidad y la falta de controles son responsabilidad del Gobierno, que congeló las tarifas e hizo que el sistema dependiera de una maraña de subsidios, que muchas veces escondieron negocios nada transparentes.
La primera mandataria instó a quienes la escuchaban a despojarse de cualquier corsé intelectual. Queda claro, sin embargo, que para ella todo lo que gestione el Estado será mejor administrado que lo que gerencie el sector privado. Una falacia con sobrados antecedentes.
Ciertas comparaciones pueden resultar odiosas. Sin embargo, resulta inevitable confrontar la omisión de Cristina Kirchner sobre el grave problema inflacionario con la firme decisión del flamante presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien al asumir su mandato anunció que una de las prioridades de su gestión será la lucha contra la inflación, a pesar de que ésta no llega a los dos dígitos. También el nuevo mandatario de Uruguay hizo una enérgica reivindicación del apego a la Constitución y un llamado al diálogo y a la unidad nacional.
A diferencia de Tabaré Vázquez, Cristina Kirchner volvió a profundizar anteayer las grietas que separan a los argentinos y nuevamente puso de manifiesto su particular visión sobre el principio de división de poderes. No sólo acusó una vez más a jueces y fiscales de integrar un "partido judicial", sino que, además, les endilgó haberse "independizado de la Constitución y de las leyes". Se trata de un ataque al Poder Judicial que debe interpretarse como una nueva presión frente a las investigaciones sobre corrupción pública que pesan sobre la propia Presidenta y algunos de sus funcionarios. También, como la tradicional resistencia del kirchnerismo al control de constitucionalidad de las leyes por la Justicia.
Llamó la atención su enojo a la hora de analizar el atentado contra la AMIA, olvidando que el kirchnerismo gobernó en 12 de los 21 años que han pasado desde aquella tragedia que aún sigue sin esclarecerse. Y en forma tan elíptica como irresponsable, dejó flotando su idea de que la voladura de la embajada de Israel, producida en 1992, pudo haber sido un autoatentado, al tiempo que pareció dudar de la responsabilidad de Irán en ambas masacres.
No menos estupor provocaron los cuestionamientos públicos de la primera mandataria al desaparecido fiscal Alberto Nisman, tras la aparición de un escrito de éste con elogios al Gobierno, que data de una fecha anterior a la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de la Argentina e Irán. Una actitud presidencial tan deleznable como inapropiada frente a alguien que está muerto e imposibilitado de defenderse.
En síntesis, la Presidenta perdió una magnífica oportunidad para despedirse, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, con algo de grandeza. En cambio, optó por una arenga populista en la que, por sobre su obligación de efectuar una seria rendición de cuentas y de proponer políticas públicas, puso cuestiones de índole absolutamente personal, que desnudaron su nulo apego por los principios republicanos, además de convertir un acontecimiento institucional en un acto partidario.