Una definición de la Corte que aporta tranquilidad
LA NACION
Al reconocer la gravedad institucional derivada de la cuestionable remoción de jueces por parte del Senado, el máximo tribunal brindó una valiosa señal
La decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de declarar admisible el pedido de per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, removidos de sus cargos por el Senado de la Nación, constituye una señal de responsabilidad por parte de los miembros del más alto tribunal, que genera certidumbre y tranquilidad.
Aun cuando el pronunciamiento de la Corte no defina el futuro de los citados jueces, para lo que habrá que esperar algunas semanas, la determinación reconoce la gravedad institucional y la urgencia derivadas de la cuestionable medida adoptada por los senadores oficialistas. En tal sentido, se explica que los ministros de la Corte hayan suspendido los traslados de los jueces removidos y ordenado al Consejo de la Magistratura que no avance en ningún proceso para cubrir sus cargos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Como lo ha señalado el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, el per saltum se justifica con el fin de evitar tener que enfrentarse a "un hecho consumado" que debilite o anule el poder de la Corte para restablecer la plena vigencia de la Constitución nacional.
En igual sentido, el fallo firmado por Rosenkrantz, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti señala que "las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de su acceso a la Justicia".
Mientras algunos voceros del Gobierno plantearon sin fundamento alguno que el acuerdo extraordinario efectuado ayer por el máximo tribunal de la Nación representaba "un escándalo", ha quedado en evidencia que la única situación escandalosa pasa por el intento del poder político de acomodar al Poder Judicial a los intereses particulares de quienes hoy están siendo investigados por graves hechos de corrupción.
Frente a ese intento de manipular a los jueces y coartar la independencia de la Justicia, la Corte ha respondido como puede esperar cualquier defensor de los principios esenciales de una república.
La única situación escandalosa pasa por el intento del poder político de acomodar al Poder Judicial a los intereses particulares de quienes hoy están siendo investigados por hechos de corrupción
Recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el presidente de la Corte en particular y sobre el tribunal en general resultaron impropias de un jefe de Estado de una república, que ha jurado respetar la Constitución durante su mandato.
"¿Cuál es la disyuntiva del presidente de la Corte? ¿Qué es lo que busca?", fueron algunas de las frases del Presidente, en un lenguaje más propio de exaltaciones facciosas que de quien ejerce tan alta investidura. También dijo que si fuera canalla nombraría a jueces K y recordó que los jueces se eligen en un concurso. Lamentablemente, en numerosos casos, algunos recientes, quienes han obtenido el primer puesto en el proceso de selección de magistrados, han sido desplazados por aspirantes que ni siquiera calificaban para integrar la terna de concursantes que se eleva a consideración del titular del Poder Ejecutivo Nacional, desvirtuando el sentido que tuvo la creación del Consejo de la Magistratura, por la Convención Reformadora de la Constitución Nacional en 1994.
Precisamente siendo jefe de Gabinete Alberto Fernández, el Consejo de la Magistratura fue reformado de acuerdo con un proyecto de ley de la entonces senadora Cristina Kirchner, incrementando el número de integrantes del Consejo para aumentar la presencia de representantes del Congreso, llevando a una mayor politización en los nombramientos en desmedro de la calidad de los elegidos.
El actual presidente de la Nación ha insistido con argumentos falaces en la irregularidad de los nombramientos de los magistrados Bertuzzi, Bruglia y Castelli por no haber recibido un nuevo acuerdo del Senado. Evitó reconocer, igual que la Cámara alta, que los nombramientos fueron validados por la propia Corte Suprema con el voto de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti en la acordada 7 de 2018.
En lugar de llamarse a silencio, dejando actuar a la Justicia,el presidente de la Nación se colocó, en forma irresponsable, en la primera línea de presión sobre la Corte, cual si fuera un simple operador en favor de la impunidad de la familia Kirchner y de otros exfuncionarios a quienes se les imputan graves hechos de corrupción durante la era kirchnerista.
Insólitamente, también atacó a la Corte por no haber implementado la ley Micaela, referente a la formación de funcionarios en cuestiones de género. Esta norma fue sancionada en 2018 y, desde 2008, la Corte Suprema es sido pionera en estas cuestiones, como lo enfatizó en su respuesta el máximo tribunal, en la persona de la jueza Highton. Las manifestaciones presidenciales constituyen un agravio a una de las grandes juezas de la Corte como la recordada Carmen Argibay, quien lideró acciones frente a la violencia contra la mujer.
El Presidente se colocó, en forma irresponsable, en la primera línea de presión sobre la Corte, cual si fuera un simple operador en favor de la impunidad
En 2009, el máximo tribunal creó la Oficina de la Mujer, que estuvo bajo la responsabilidad de la doctora Argibay y ahora de la doctora Highton. Un año después se pusieron en marcha los talleres de perspectiva de género, con 16 horas cátedra. Estos talleres fueron llevados vía convenios, a las provincias y por ellos han pasado la mayor parte de los funcionarios del Poder Judicial, al igual que integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo y abogados de la matrícula. Han sido elogiados y recomendados por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Y en los fundamentos de la ley Micaela, mencionados como valiosos antecedentes.
Nada puede enseñar sobre esta temática –ni tampoco es pertinente que lo haga– el Presidente. Tampoco corresponde que ningún empleado del Poder Ejecutivo, como son los ministros, le indiquen al Poder Judicial lo que debe hacer.
"Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico", había dicho sobre el acuerdo extraordinario de la Corte llevado a cabo ayer el primer mandatario, pretendiendo hacer valer su condición de profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, con la intención de dar cátedra sobre los conocimientos de los otros. Por cierto, en el foro nacional y académico todos tienen claro las calidades del titular de la Corte, muy superiores como hombre de derecho a las del actual presidente.
Cualquiera que haya estudiado la Constitución podría advertir que el Presidente está cruzando límites peligrosos, similares a los que endilgaba con razón, en los años posteriores a su renuncia como jefe de Gabinete, al gobierno de Cristina Kirchner, con quien hoy parece mimetizarse cada vez más. Es de esperar que el modelo judicial por el que parece bregar Alberto Fernández no sea el de algunos tribunales superiores de ciertas provincias, cuyos jueces actúan como simples apéndices de gobernadores que son sinónimos de sometimiento, atraso y corrupción.
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