Un pacto que debe ser honrado
Celebramos que la amplia mayoría de los mandatarios se haya comprometido a sentar las bases de la reconstrucción del país; urge pasar a los hechos concretos
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En marzo de este año, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del Presidente, por primera vez Javier Milei dejaba plasmada institucionalmente su convocatoria a un pacto para sentar las bases de políticas de Estado duraderas que permitan superar el atraso de décadas.
No era entonces ni es una novedad ahora la pronunciada decadencia que venimos arrastrando como consecuencia del nefasto accionar de quienes se jactaron de la existencia de un supuesto “Estado presente”, una ficción populista que benefició a unos pocos sepultando el futuro de amplísimos sectores.
En aquella oportunidad se plantearon como puntos del decálogo de ese futuro acuerdo la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal irrenunciable, la baja del gasto público, una reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral moderna y una previsional que le dé sostenibilidad al sistema y la apertura al comercio internacional.
En el Pacto de Mayo suscripto en la madrugada de ayer, en Tucumán, por el jefe del Estado y 18 mandatarios de todo el país figuraron todos esos puntos. Solo uno faltó del declamado acuerdo inicial: el que determina la necesidad de una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Es de esperar que su ausencia se deba a que el Congreso se disponga finalmente a sancionar las demoradas leyes de boleta única de papel y de ficha limpia. En su reemplazo, ingresó otro punto al referido decálogo: el de la educación, que podemos resumir en la imperiosa necesidad de modernizar los niveles de enseñanza inicial, primario y secundario, con alfabetización plena, sin abandono escolar y con posibilidades reales de inserción en un mercado laboral no precarizado.
Introducir la cuestión educativa en el pacto no ha sido un paso menor. En mayo último, en una columna publicada en LA NACION, lo explicaban con contundencia Gala Díaz Langou y Esteban Torre, directores ejecutivo y de Educación, respectivamente, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático de un país. Esto no puede limitarse a una declaración de intenciones, sino que debe cristalizarse en iniciativas que apunten a robustecer y blindar el financiamiento educativo; asegurar escuelas con buena infraestructura, equipamiento y material didáctico; promover mayor tiempo de enseñanza; fortalecer el rol de los docentes, y favorecer una gestión inteligente del sistema educativo apoyada en la evaluación y sistemas de información sólidos. Un proyecto que sintonice con una estrategia de desarrollo requiere, además, generar una mayor articulación entre el sistema educativo y el sector productivo”.
No es menor tampoco que la firma del acta, concretada en la Casa Histórica de la independencia nacional, haya sucedido a la sanción en el Congreso de la Ley Bases y del paquete fiscal. Ciertamente quedaron afuera cinco mandatarios que, lamentablemente, parecen no haber entendido el aire de cambio de época que imprimió la mayoría de los argentinos con su voto del año pasado en el balotaje y que siguen avalando –no sin sacrificio– con la esperanza de que el país retome la senda de la ética, del trabajo y del crecimiento en libertad, sin asfixias políticas ni anteojeras ideológicas como bien se ha encargado de describir el Presidente en su discurso de ayer.
Un repaso sucinto de quienes faltaron a la cita certifica una actitud tan mezquina como arrogante: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Zilotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Tampoco se sumaron al pacto líderes sindicales de la CGT, representantes de la Iglesia, todos con algún nivel de conflicto con el Poder Ejecutivo y, probablemente también de conflicto con sus fueros íntimos por haber sido buena parte de ellos integrantes o apoyo de los gobiernos que generaron el tremendo caos en el que estamos inmersos.
Tampoco asistieron los cuatro miembros de la Corte Suprema. La convocatoria sucede en medio de la inexplicable intención del Gobierno por incorporar al juez Ariel Lijo al más alto tribunal. Ni siquiera asistió el mentor de Lijo, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quizá porque su candidato es cada vez más rechazado y con justa razón.
Si bien el Presidente fue crítico, incluso con algunos de los mandatarios que suscribieron el acuerdo, les reconoció el gesto de deponer la pirotecnia verbal para intentar emprender el camino hacia la reconstrucción del país. Dejó abierta la puerta, además, para que los que prefirieron mantenerse al margen puedan quitarse las anteojeras que les impiden ver y escuchar por dónde pasa hoy el reclamo mayoritario de la población.
Volvemos a celebrar desde este espacio el Pacto de Mayo y aspiramos a que prontamente esas firmas deriven en hechos concretos que obren en beneficio del conjunto de quienes habitan el suelo argentino, construyendo la unión nacional, afianzando la justicia y promoviendo el bienestar general en libertad, como reza el Preámbulo de nuestra Constitución.
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