Un hito para que se devuelva lo robado al Estado
LA NACION
Resulta elogiable el fallo de una jueza mendocina que, aplicando la ley de extinción de dominio, ordenó rematar bienes de un exintendente acusado de corrupción
El fallo de la jueza en lo Civil de la provincia de Mendoza María Paz Gallardo ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción, al declarar la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio y ordenar el remate de bienes mal habidos por parte del exintendente del departamento de Guaymallén, el justicialista Luis Lobos, acusado de enriquecimiento ilícito.
Hace pocos días, en la misma provincia, se promulgó la ley de ficha limpia, que impide el acceso a candidaturas a cargos electivos o a designaciones en el Poder Ejecutivo de quienes hayan sido condenados en primera instancia por delitos de corrupción, contra la libertad y contra la integridad sexual, entre otros. En tanto, el Congreso de la Nación sigue adeudando inexplicablemente una ley en el mismo sentido.
Mendoza, una vez más, ha dado ejemplo al país contrastando claramente con el afán de muchos legisladores y funcionarios nacionales que bloquean el debate de leyes claves en la lucha por la transparencia, preocupados por hallar la manera de garantizarse impunidad, a pesar de las sobradas pruebas que los incriminan, como el caso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Lobos era titular del Concejo Deliberante de Guaymallén. Llegó a la intendencia del departamento más populoso de Mendoza, en 2013, tras haber sido elegido el entonces jefe comunal, Alejandro Abraham, diputado nacional por el Frente para la Victoria, cuando alcanzaba la mitad de su segundo mandato.
En el esclarecimiento de los hechos que derivaron en el fallo de la jueza Paz Gallardo contribuyó la actuación de varios protagonistas. Por una parte, los vecinos, quienes escandalizados frente a la indiferencia de los concejales de los diversos bloques, recurrieron al periodismo para expresar su malestar. También ha sido clave la decisión de Ricardo Montacuto, exdirector del tradicional diario Los Andes, de iniciar una investigación en el diario digital Mendoza Post, en la que llegó a filmar con un dron la residencia adquirida con dinero espurio por parte de Lobos y su esposa, Claudia Sgró. Fue determinante también la colaboración de un equipo de abogados, que se sumó a la investigación.
Otro protagonista destacado en este proceso fue el actual intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien derrotó en comicios al multiprocesado Lobos. Iglesias, de extracción radical, enfrentó en las primarias, junto con dirigentes de la Coalición Cívica, a otros dos precandidatos radicales remisos a denunciar los saqueos del entonces jefe comunal.
En 2019, el gobernador Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio) envió a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley de extinción de dominio de los bienes mal habidos, que posibilita una acción civil para recuperar aquellos adquiridos con fondos provenientes de hechos de corrupción. El proyecto fue defendido en comisiones de las dos cámaras legislativas por el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien, entre otros conceptos, sostuvo: "La extinción de dominio pega sobre lo que más duele, los bienes conseguidos con corrupción".
La sanción de esa ley –que contó con el voto favorable de una amplia mayoría de legisladores y con la oposición de los del Frente de Izquierda y de Unión Ciudadana, bloques que aglutinan a los seguidores de Cristina Kirchner– agiliza los plazos para recuperar dichos bienes en un tiempo razonable, al promoverse una acción civil separada de las causas penales, caracterizadas por habituales e injustas dilaciones.
Es de esperar que este nuevo ejemplo mendocino, que ratifica una vez más una calidad institucional que debería ser imitada, sea motivo de inspiración para otros distritos y para el propio Congreso Nacional.
Este fallo, que ordenó rematar tres propiedades, cuya adquisición Lobos y su esposa no pudieron justificar, ha sido apelado, por cuanto seguramente llegará a la Corte provincial.
El avance registrado en Mendoza confirma, además del gran valor que significa el aporte de una sociedad comprometida con la ley, la importancia de un periodismo independiente al servicio de la verdad, tal como lo pensó Thomas Jefferson al promover la enmienda que establece que la prensa libre es un derecho indelegable del pueblo, al servicio de los gobernados. Por eso, muchos gobernantes no toleran el ejercicio de ese derecho y buscan todas las maneras posibles para acotar y hasta silenciar la labor del periodismo.
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