¿Un Estado presente?
El respeto al pacto social supone el apego a la Constitución y el alejamiento de cualquier tentación totalitaria por parte de los funcionarios
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LA NACION
Cada mañana, cuando el país despierta, quienes tienen empleo van a sus trabajos. Al bajarse del tren, del colectivo o del subte, 3.200.000 personas dicen presente en alguna dependencia en la que flamea la bandera nacional. Otros ocho millones, dependientes y autónomos, pertenecientes al sector privado, no tienen los mismos atributos ni privilegios que sus compañeros de viaje.
Tan pronto los primeros trasponen el umbral de sus oficinas, cumplen funciones públicas. Todos integran una organización destinada a “promover el bienestar general”, como lo prevé la Constitución. Conforme a su lugar en los organigramas, el Estado les otorga poderes extraordinarios a muchos: desde el monopolio de la fuerza hasta la potestad fiscal. Mandan y multan. Recaudan y gastan. Ordenan y prohíben. Como la secretaria de Comercio, Paula Español, encarnación de lo peor del poder estatal en acción, quien repite una antigua muletilla autoritaria: “No nos va a temblar el pulso”. Como contrapartida, los ciudadanos no pueden ejercer la violencia privada, deben aceptar deducciones en sus salarios y pagar impuestos sin chistar. Aceptan todos esos costos personales, en cumplimiento de un pacto constitucional. Pero los ciudadanos están en alerta, no resisten ser estafados.
Cada burócrata, cuando pone un sello en un expediente, dispone un pase o firma un dictamen, ejerce potestades cuyo fin no debería ser otro que promover el bien común. El ciudadano espera un Estado presente, conforme a lo acordado, no para provecho del funcionario de turno ni de los parientes o amigos que pueda nombrar y enriquecer. Tampoco para hacer campañas personales con los recursos de todos. Privilegiar el dinero a honrar a la Patria es quebrar el pacto constitucional.
Nos repugna que Carlos Zannini habilite a Cristina Kirchner a percibir dos pensiones de privilegio; que La Cámpora cobre sueldos de la Casa Patria Grande; que Victoria Donda quiera trasladar al Inadi su responsabilidad de empleadora; que directivos de la Televisión Pública manejen fondos como propios, y que Amado Boudou perciba una pensión sideral y utilice la Universidad de Buenos Aires para dictar cátedra de lawfare tras haber sido condenado.
¿Qué roles debe cumplir el Estado para ser un Estado presente? Los que establecen la Constitución y su Preámbulo. Y, para evitar la tentación totalitaria, debe respetar los frenos y contrapesos del sistema republicano: la división de poderes que exige una Justicia independiente, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos y la libertad de prensa.
El Estado pierde su esencia y se desdibuja en perjuicio de sus mandantes cuando desvía fondos de obras públicas para fraguar ingresos de hoteles fantasma; o cuando abona subsidios discrecionales contra retornos bajo la mesa. Como en tantos otros casos de bolsas, cuadernos, conventos, secretarios, intermediarios y testaferros que inundan los juzgados.
El Estado renuncia a sus deberes cuando destruye la moneda, impidiendo el ahorro y ahuyentando la inversión. Niega su presencia cuando la pobreza crece mes tras mes por una inflación que el Gobierno prefiere no reducir para no perder votos.
El Estado arremete contra su esencia cuando, por falta de vacunas, fuerza a la sociedad a una nueva cuarentena, robando a los niños el derecho a educarse y al país, una juventud con aptitud para progresar por sus propios medios. Y aún peor, atenta contra el derecho a la vida cuando aplica vacunas a jóvenes militantes y amigos del poder por fuera del protocolo. Como al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que para recibirla declaró ser personal de salud.
El Estado desaparece cuando la falta de viviendas impulsa la toma de tierras y la liberación de presos impacta en la seguridad, tanto como la violencia mapuche que persigue desmembrar el territorio nacional.
El Estado no está presente si solo distribuye comida mientras impide la generación de empleos genuinos para superar el círculo vicioso del asistencialismo con fines políticos.
El Estado tampoco está presente cuando persigue a las empresas productoras de alimentos, para “cuidar la mesa de los argentinos”, sin crear las condiciones para que el salario se fortalezca y su poder de compra converja con los precios internacionales y no a la inversa.
El Estado se vuelve ausente cuando la Argentina se aísla del mundo, prefiriendo los modelos totalitarios de Rusia, China, Irán o Cuba por sobre sus socios del Mercosur y su eventual integración con la Unión Europea u otras regiones.
Ningún derecho garantizado por la Constitución tendrá vigencia real si la Argentina continúa con un Estado ausente y fallido, solo presente en millones de sueldos o subsidios públicos, traducidos en pecheras, pancartas y spots publicitarios, si no hay recursos para vacunas ni para las necesidades más elementales.
El Estado estará presente cuando se respeten las bases democráticas que reconoce la Constitución. A diferencia de Cuba, Nicaragua o Venezuela, serán el derecho de propiedad, el respeto a los contratos y la libertad de comercio los que pondrán a la Argentina de pie y no la prepotencia, el escarnio o la mentira.
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