"Un disparate judicial"

Con decisiones como la de la Cámara Federal de Rosario, que ordenó al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dejar sin efecto el sobreseimiento de dirigentes políticos y ruralistas por una causa originada en hechos producidos en 2008, será difícil que la Justicia recomponga la prestancia perdida en no pocos de sus estamentos.

Eso es por decir lo menos. Estamos en circunstancias en que apenas se ha abierto un nuevo período de gobierno han vuelto al poder o a sentirse con influencias sobre él algunos de los elementos políticos más proclives al más faccioso hostigamiento al campo, y se han anunciado medidas impositivas que afectan las actividades agropecuarias como destinatarias de exacciones que se perpetran solo en otros tres países en todo el mundo. Se trata de circunstancias delicadas, que exigen como nunca la templanza de la madurez cívica y de un grado de confianza persistente en que el equilibrio institucional terminará por imponerse por sobre desvaríos e inequidades.

El juez Villafuerte Ruzo se ha atenido, como corresponde a derecho, a lo dispuesto por el tribunal superior de su jurisdicción. Ha procesado así a las personas denunciadas por haber cortado la ruta 9 el 19 de marzo de 2008, durante manifestaciones de protesta contra la controvertida resolución 125 del gobierno de la señora Fernández de Kirchner. Esa resolución había elevado las retenciones a la soja al 35%, cinco puntos más, por el momento, de las que el actual gobierno anunció que elevará a la brevedad. Aquella resolución contenía especificaciones por las que las subas podían alcanzar hasta el 95%, según fueran las cotizaciones de aquella oleaginosa en el mercado.

Debe destacarse que al cumplir lo ordenado por la superioridad judicial el magistrado de San Nicolás ha dejado expresamente a salvo las opiniones vertidas con anterioridad. De todos modos, el sobreseimiento que Villafuerte Ruzo había dictado en la causa tiene fecha de 2017, o sea, al cabo de nueve años de producidos los hechos denunciados. Esto reitera una inexplicable mora en actuaciones judiciales, agravadas aún más en los autos del caso por la cámara interviniente, que ha elevado el transcurso del tiempo a 11 años y lleva a preguntarse, en relación con delitos más graves que el imputado, si no cabe prescripción alguna.

Como consecuencia de lo ordenado por la Cámara Federal de Rosario, Villafuerte Ruzo ha pasado de disponer la falta de mérito a procesar ahora a los expresidentes de la Sociedad Rural Argentina Luciano Miguens y Hugo Biolcati; de Coninagro Fernando Gioino; de CRA Mario Llambías, y de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi; del presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores; de Silvio Etchehum, del gremio de la carne; de la exdiputada Margarita Stolbizer, y de la entonces organizadora del Movimiento Pampa Sur María del Carmen Alarcón.

Si la opinión pública no sale de su asombro por el curso que la Cámara Federal de Rosario ha impreso a la causa justo en el momento apropiado para conjeturar intencionalidades, no es difícil imaginar el desconcierto de la señora Alarcón. Tras sus protestas de 2008, se vio que en el fondo las convicciones eran flojas: los vientos impredecibles de la política la llevaron con el tiempo a figurar nada menos que al lado del exministro Aníbal Fernández.

"Me parece un disparate. Si no es una vendetta, tiene bastante de parecido", dijo uno de los afectados por la última medida judicial. Ha habido contra los procesados embargos individuales por 50.000 pesos, con invocación de la figura tipificada en el artículo 194 del Código Penal, que prevé la sanción de tres meses a dos años de prisión por entorpecimiento, entre otros, del funcionamiento del transporte terrestre.

En cuanto a los hechos en sí mimos, los denunciados han alegado que en ningún momento el propósito había sido cortar la ruta 9, a la altura del kilómetro 150, como que el lugar de concentración se previó en una rotonda desbordada por la afluencia notable de gente. Con la vista por encima de aquel acto ruralista de hace 11 años, cunde a partir de aquí una reflexión generalizada: ¿qué será en adelante de quienes han hecho de los cortes de calles y de rutas un medio de vida casi cotidiano en demanda de reclamos de toda índole, si se aplicara a esas miles y miles de movilizaciones anuales la jurisprudencia que tal vez quiera sentar la Cámara Federal de Rosario? ¿No tiene, acaso, ese tribunal a mano otro asunto para demostrar que se ha fijado una línea de trabajo aferrada a la ley y no a las veleidades de la política?

Por donde se la mire, no hay otro destino serio en la causa por el corte de ruta en San Pedro que el que cabe esperar del más alto nivel de la Justicia Federal. Con la óptica usada por el Presidente para juzgar otros asuntos que han suscitado interés público, en esta oportunidad ha dicho que lo ocurrido a partir de la decisión del tribunal de Rosario "es una prueba de la locura judicial argentina" y "un disparate por donde se lo mire".

No resulta oportuno ni justo pasar por alto este comentario del doctor Alberto Fernández.

Conforme a los criterios de

Conocé más