Un conflicto partidario que daña todo
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LA NACION
El profundo conflicto político que se ha desatado dentro del Gobierno como consecuencia de la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO del domingo último no puede transformarse en una crisis institucional.
En esta situación de tensión creciente y de pases de facturas, la coalición gobernante está subvaluando el daño que puede provocarle a la república un conflicto como el que sus propios miembros han generado.
Una coalición que nació forzada, con una candidata a vicepresidenta nominando a quien encabezó la fórmula y que, por tanto, cree equivocadamente que es ella quien encarna el poder, debe preservar el mandato de la ciudadanía. Está claro que Alberto Fernández no contaba ni cuenta con estructura política ni territorial propias, pero tiene el peso institucional que le confirió la mayoría de votantes que, en 2019, lo eligió presidente de la Nación. Él y solo él representa hoy la institución presidencial. El Poder Ejecutivo en nuestro sistema es unipersonal. No puede ni debe admitirse que un conflicto palaciego, una interna política en una coalición de gobierno, pretenda horadar un mandato legal.
Las diferencias en el Frente de Todos no son nuevas, pero se han vuelto descarnadas a partir del resultado negativo en las urnas. Haberse presentado a primarias con listas únicas sin abrirse a una sana competencia interna, razón de ser de esa instancia electoral, revela con contundencia la valoración negativa que hacen de las PASO quienes las inventaron: no se rivaliza en las urnas porque se elige a dedo. Esa concepción verticalista y autoritaria del poder es la que se manifiesta ahora frente a un traspié electoral que, más allá de su indudable impacto, solo debería interpretarse como una instancia comicial en la que la ciudadanía se ha pronunciado en reclamo de soluciones a los problemas que la aquejan.
“Lo único que quiero es terminar mi mandato con menos pobreza y más trabajo para todos”, dijo el Presidente anteayer, al reiterar que había escuchado el mensaje mayoritario de los votantes contra las políticas que viene llevando adelante el Gobierno. Sus dichos fueron el preludio de una andanada de presiones kirchneristas ante lo que interpretaron como una riesgosa abdicación frente al “vamos por todo” y a la búsqueda de la impunidad para los hechos de corrupción.
Sin dudas, estamos frente a una situación delicada, pero la solución deben hallarla los propios socios del Frente de Todos apelando a la cordura, a la prudencia y a la mesura. No hay aquí un intento de golpe de Estado, como sugirió Elisa Carrió. De haberlo, todos los partidos políticos y la ciudadanía en su conjunto deberían cerrar filas para apoyar y defender la permanencia de Alberto Fernández en el poder hasta cumplir su mandato. Lo que prevalece en esta instancia es una disputa de poder entre miembros de una misma fracción política transformada a estas alturas en una facción, pues solo parece interesada en defender su interés particular, desentendiéndose de la agenda republicana.
Está claro que, no obstante el carácter circunscripto de este conflicto, ninguna crisis política interna en un gobierno es inocua para el conjunto de la sociedad y que la larga experiencia de nuestro país indica que, lamentablemente, los enfrentamientos intestinos en el peronismo se trasladan a la vida política e institucional de la Argentina. Siempre que ello ha sucedido, el país ha descendido un escalón, no solo en lo institucional, sino también en lo económico y en lo social. Retrocesos que no estamos en condiciones de soportar habida cuenta de la delicada situación que ya atravesamos.
No faltaron algunos grupos sociales que vieron la oportunidad de sacar partido de la caldeada revuelta política gubernamental, llamando a protestar en las calles. En ese punto, ha tenido un destacable gesto el Presidente cuando pidió desactivar cualquier manifestación en su defensa. Está en lo cierto: el ataque no es externo al Gobierno, le pertenece y debe arbitrar todos los medios para zanjarlo lo más pronto posible.
La sociedad, largamente castigada por el prolongado encierro, angustiada frente a la situación económica y el deterioro general de la marcha del país, asiste desolada a este tipo de manifestaciones que ayer tuvieron su punto más escabroso en las tan lamentables como explícitas aseveraciones de la diputada oficialista Fernanda Vallejos en contra del Presidente y en la carta pública de Cristina Kirchner en la que trata al primer mandatario poco menos que como su súbdito.
En horas aciagas como esta se impone llamar a la reflexión a nuestras autoridades, pedir respeto por las instituciones de parte de la dirigencia política, que debería estar dando el ejemplo, y convocar a todos a superar las antinomias en bien del conjunto de la ciudadanía, que en menos de dos meses tendrá nuevamente la oportunidad de expresarse en las urnas. No es admisible que una derrota electoral provoque un conflicto de proporciones que debe ser resuelto bien y pronto para evitar consecuencias catastróficas en materia institucional, social y económica.
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