UIF: no repetir errores del pasado

La propuesta del presidente Alberto Fernández para cubrir los cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a formalizarse a partir de la publicación de los antecedentes de los candidatos elegidos para ejercerlos. Las nominaciones propuestas, lejos de alentar expectativas favorables, parecen apuntar claramente a sembrar un camino para la impunidad de dirigentes y empresarios ligados al kirchnerismo y sospechados de lavado de dinero.

De la lectura de los antecedentes de los postulados por el Gobierno, surgen serias dudas y cuestionamientos que llevan a pensar que puede producirse una vuelta a lo peor del pasado, con el agravante de que esta vez todos los ojos del mundo estarán puestos sobre la UIF de la Argentina. Por un lado, porque el país será evaluado este año por el GAFI y, por otro, porque la decisión de nombrar nuevos titulares irrumpe de manera disruptiva sobre el Grupo Egmont, que nuclea a todos los organismos antilavado del mundo y que, en julio último, había elegido a Mariano Federici, el actual titular de la UIF, como su presidente por el término de dos años.

El candidato del nuevo gobierno a presidir la UIF, Carlos Cruz, es un abogado que no cuenta entre sus antecedentes con referencias a experiencia o capacitación en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, delitos que son de competencia del organismo que podría llegar a encabezar. Tampoco ostenta antecedentes técnicos en relación con el manejo de este tipo de instituciones o con la temática concreta de la inteligencia financiera. Esta falta de conocimientos en una cuestión tan compleja como específica en el candidato propuesto para presidir la UIF fue motivo de sorpresa entre la comunidad de expertos en la materia, que en general coinciden en que la propuesta no reuniría el requisito de idoneidad que exige la ley de control y prevención del lavado de activos.

Una cuestión similar se presentó años atrás cuando la presidencia de la UIF recayó en José Sbatella, cuya falta de conocimientos básicos en la materia no fue óbice para que irresponsablemente se lo confirmara como tal, a pesar de las múltiples impugnaciones acaecidas durante el proceso legal de consulta ciudadana seguido para su designación. Problemas de distinta envergadura se fueron presentando a lo largo de todo el período que duró su muy mala gestión, que llevó a que el país fuera incluido en la conocida "lista gris" del GAFI, junto a los países con serias deficiencias estratégicas, situación en la que permaneció durante cuatro años.

En ese entonces, la falta de profesionalismo de sus integrantes y una evidente finalidad persecutoria transformaron a la UIF en una herramienta de presión política ejercida contra los sujetos obligados, opositores políticos, empresas y medios de comunicación. La UIF perdió credibilidad y el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo perdió eficacia, quedando desprestigiada en el mundo.

No menos importante fue que por incumplir con el deber de confidencialidad que la ley impone a sus integrantes, la UIF dejó de recibir información de sus pares, las principales unidades financieras del mundo. La relación con la FinCen, su similar de los Estados Unidos, por ejemplo, fue suspendida luego de que la gestión de Sbatella divulgara públicamente sin autorización un informe sobre movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman, con claras motivaciones políticas.

La cooperación internacional, indispensable para detectar el lavado de activos y financiación del terrorismo, o para contribuir con causas penales en trámite, dejó de recibirse y muchas investigaciones en el país se vieron seriamente afectadas. Sobre el particular, cabe recordar que Sbatella fue procesado por violación de secretos y abuso de autoridad.

Las carencias de entendimiento de Cruz se vieron reflejadas en sus inadecuadas e inoportunas críticas al GAFI y a otros organismos internacionales por su supuesta "injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos", desconociendo que por su naturaleza transnacional, la estrategia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo se consensúa internacionalmente de manera mancomunada en organismos como el GAFI, donde la Argentina es miembro pleno y donde este año será evaluada.

Deplorables resultan las manifestaciones públicas del candidato a presidir la UIF con respecto a que "la corrupción se instala para evitar discutir la evasión tributaria por parte de grandes empresas". Se trata de afirmaciones tan desafortunadas como imprudentes, teniendo en cuenta la trascendencia que reviste la corrupción como catalizador de todos los demás delitos, y por la gravedad de este problema en la Argentina.

Finalmente, resulta preocupante la falta de independencia del doctor Cruz con respecto a la política y al gobierno que lo propone. Se ha manifestado militante justicialista y simpatizante del kirchnerismo, lo cual tornaría cuestionable su capacidad de liderar una entidad como la UIF, de la que se espera una gestión autónoma, precisamente de la política y el gobierno.

La postulante propuesta para ejercer la vicepresidencia, la abogada Mariana Noemí Quevedo, fue durante la gestión de Sbatella directora de Asuntos Jurídicos de la unidad. A diferencia de Cruz, Quevedo reúne antecedentes en la materia específica. No obstante, cabe preguntarse qué grado de intervención y responsabilidad tuvo como consejera legal en las acciones y hechos mencionados anteriormente. Todo parecería confirmar que mucha, y que es esta la principal razón por la que estaría resultando hoy premiada con la nominación en cuestión.

Especial preocupación causa el hecho de que, desde la dirección que dirigía Quevedo, se llevaban las querellas penales desde donde se encubrió a dirigentes y empresarios ligados al kirchnerismo en los peores períodos de la corrupción sistémica que se vivió en el país; tales los casos de Lázaro Báez, Milagro Sala, Sergio Schoklender o Daniel Muñoz, por nombrar algunos. También preocupa saber cuál será el criterio que se impondrá para continuar con el impulso a las querellas en causas de corrupción iniciadas o encausadas durante la gestión de la UIF que está finalizando, como las que tienen a integrantes del kirchnerismo, incluida la actual vicepresidenta de la Nación, en calidad de procesados.

Resulta difícil comprender el razonamiento de proponer para el cargo de vicepresidente de la UIF a una persona que integró, en un cargo de alto nivel, la gestión más desprestigiada en la historia de la institución, y con la que el país debería por todos los medios evitar volver a identificarse.

Días atrás, legisladores nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Elisa Carrió, impugnaron las candidaturas de Cruz y Quevedo.

La gestión de Sbatella desvirtuó los objetivos y el funcionamiento de la UIF, cuyos miembros deben actuar con rigurosa profesionalidad, sólido conocimiento, objetividad e independencia de cualquier injerencia externa, condiciones que a todas luces no se encuentran reunidas en los candidatos propuestos, y que, por lo tanto, volverían a tornar irresponsables sus designaciones.

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