Transparentar el financiamiento de la política
El abuso de los recursos públicos con fines proselitistas ha sido una de las recurrentes perversiones del sistema en todas las administraciones
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El proyecto de ley de suspensión de las PASO para este año, ya aprobado en Diputados y que ayer obtuvo dictamen en el Senado, formaba parte de una iniciativa más amplia presentada por el Gobierno con el título “Reforma para el fortalecimiento electoral”.
El objetivo del Gobierno era, en principio, eliminar las PASO y reducir el desembolso de recursos públicos “en actividades puramente políticas, devolver a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades, simplificar regímenes que han quedado desactualizados por el paso del tiempo y transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos”.
La adopción de un sistema íntegramente privado para el financiamiento de campañas debería ir acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas
Diversas negociaciones políticas llevadas adelante desde aquella presentación de fines del año pasado derivaron en que durante las actuales sesiones extraordinarias solo se trate la suspensión –no eliminación– de las PASO.
Queda por encarar entonces el otro aspecto fundamental con vistas a transparentar el sistema: una modificación sustancial del modelo de financiamiento de partidos que rige hasta ahora. No se trata solo de un recorte de gastos, sino de la adopción de un mecanismo que ya no apelará a fondos públicos para el financiamiento de las campañas, sino que estos deberán provenir de aportes privados.
La realidad demuestra que no existe un modelo único para regular el financiamiento de la política, y la experiencia comparada da fe de una secuencia casi interminable de leyes, escándalos de corrupción vinculados al financiamiento, modificaciones normativas y nuevos escándalos.
Desgraciadamente, hay suficientes pruebas de que los aportes de campaña no son altruistas y desinteresadas contribuciones a la democracia, sino una forma de lograr un acercamiento privilegiado a quienes tendrán la responsabilidad de votar leyes y decidir políticas públicas
El objetivo que debe primar es garantizar procesos electorales transparentes, competitivos y plurales, alejados de una carrera para comprar cargos o privilegios, y cuyos resultados no sean determinados por el volumen de fondos gastados.
Por imperio del artículo 38 de la Constitución nacional, el Estado debe contribuir al sostenimiento económico de las actividades de los partidos y a la capacitación de los dirigentes. Cortar por completo el financiamiento público de los partidos sería, en consecuencia, inconstitucional. Por eso, el proyecto del Poder Ejecutivo mantiene el aporte anual que reciben los partidos aunque reduce a la mitad la porción que se deberá dedicar a capacitación de dirigentes y elimina el deber de destinar un porcentaje de esos fondos a la formación de jóvenes y mujeres.
Más allá de las buenas intenciones y los objetivos de democratización del sistema esgrimidos como fundamento de las múltiples reformas introducidas en los últimos 20 años, lo cierto es que el financiamiento de la política se volvió para muchos actores un negocio muy lucrativo. Los 718 partidos de distrito y los 47 partidos nacionales no reflejan diferencias ideológicas, sino que comparten el “emprendedurismo” político.
Hay que terminar con los abusos, sin duda, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta también qué efectos colaterales tendrá el sistema que se adopte, más allá del valioso ahorro de fondos públicos.
Terminar con el negocio de los abusos del financiamiento público no solo es razonable y necesario, sino que también se ha vuelto imperativo
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano elaboraron un informe titulado “Cuatro medidas prioritarias para el financiamiento de la política” como parte de una reforma legal que limite el abuso de los recursos públicos, aliente la declaración del dinero que usan partidos y campañas, y comprometa a las provincias con reglas y controles consistentes con el régimen nacional. Para ello, consideran necesario hacer que el dinero sea trazable, regular la publicidad oficial, controlar que las agrupaciones informen ingresos y gastos en el momento en que los reciben y los hacen, y que esa información se publique durante la campaña, y comprometer a las provincias que celebren sus elecciones en forma simultánea a las nacionales a que adhieran al régimen de financiamiento del nivel nacional. Por lo demás, las provincias también tienen que hacer su parte: las elecciones provinciales y municipales requieren dinero y las agrupaciones no pueden quedar al margen de la obligación de rendir cuentas.
De aprobarse más adelante lo que resta del proyecto de reforma electoral enviado al Congreso, los partidos deberán recurrir a personas y empresas para solventar sus campañas. A ese fin no saldrá ni un solo peso del presupuesto público. Para preservar la equidad y limpieza del proceso, habrá que seguir de cerca el uso de los recursos públicos por parte de la fuerza política en el poder. Si no hay plata, no la habrá para ningún partido.
El abuso de los recursos públicos con fines proselitistas ha sido lamentablemente una de las recurrentes perversiones del sistema en todas las administraciones.
La reducción del gasto público pasaría a ser significativa y va en línea con el ahorro que generará la eliminación del aporte por boleta –a partir de la utilización de la boleta única de papel– y de la suspensión de las PASO, todavía en debate. Ha quedado largamente demostrado el enorme gasto que insumen esas primarias, que solo han servido como una mera encuesta electoral solventada por todos los ciudadanos.
La adopción de un sistema íntegramente privado para el financiamiento de campañas debería ir acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control. Hay, desgraciadamente, suficientes pruebas de que los aportes de campaña no son altruistas y desinteresadas contribuciones a la democracia, sino una forma de lograr un acercamiento privilegiado a quienes tendrán la responsabilidad de votar leyes y decidir políticas públicas. Lamentablemente, el proyecto en danza no aporta mejoras en materia de acceso a la información ni de fortalecimiento de las capacidades de la Justicia con competencia electoral.
Hay otros aspectos preocupantes, como la eliminación total tanto del límite de gastos de campaña como del acceso a espacios gratuitos en los medios de comunicación. Se elimina también la prohibición de compra de espacios por parte de terceros y se incorpora la figura de la llamada “propaganda independiente”, por cuanto suprime la obligación de transparentar quién está detrás y cuánto se invierte en ella.
Terminar con el negocio y los abusos del financiamiento público no solo es razonable y necesario, sino que también se ha vuelto imperativo. Es igualmente indispensable evitar que el sistema que se impulse sea caldo de cultivo para otros negocios, igualmente perjudiciales para la calidad del proceso electoral y de la democracia.
Tipo de trabajo:
opinión
