Tormenta política en Perú
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LA NACION
La denuncia presentada por la Fiscalía del Perú contra el presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal y tráfico de influencias colocó al gobierno en uno de sus peores momentos, aunque todavía no haya razones legales para destituirlo.
La fiscal Patricia Benavides no incluyó en la presentación ninguna de las figuras que contempla la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso y/o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Castillo está acusado de liderar una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el de Transportes y Comunicaciones y en PetroPerú, con nombramientos, presupuestos y contratos a cambio de respaldo.
La acusación fue rechazada por Castillo: “Están fundamentando una acusación [de delitos] que jamás hemos cometido... no hemos venido para eso (...) La nueva modalidad de golpe de Estado utiliza al Ministerio Público y hace creer al país que el presidente lidera una red criminal”, opinó.
El procedimiento continuará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para determinar si se abre antejuicio al presidente peruano.
Hundido en el escándalo y el descrédito, Castillo se resiste a aceptar que perdió legitimidad y autoridad moral para gobernar hasta el 2026 por las evidencias de corrupción en su círculo, con fuerte malestar entre sus propios aliados. Mientras tanto, la extrema derecha procura beneficiarse del río revuelto y sabotea todo intento de poner fin a la crisis.
El principal efecto de este interminable clima de inestabilidad y ruido político es que los sectores considerados locomotoras de la economía, el minero y el agro, se ven obligados a postergar sus decisiones de inversión.
La tormenta e impericia política, sumadas a las agendas particulares ajenas al interés público, ensombrecen el futuro de Castillo y postergan el anhelo de Perú de cimentar una gobernabilidad en la senda democrática, con equilibrio de poderes.
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