Tomando el pelo a los jubilados
El fallo que autorizó a Cristina Kirchner a percibir dos abultadas jubilaciones de privilegio es una auténtica burla a la clase pasiva y a la sociedad toda
En tiempos de hombres barbados, tirar las barbas ajenas era considerado una afrenta o una provocación. O una excusa burlona, cuando al pegar el tironcito se completaba diciendo: "Era solo una broma". A medida que las barbas largas fueron desapareciendo, el tirón se convirtió en una expresión sin gestualidad. En la simple y llana "tomadura de pelo", cuyo apogeo se alcanza cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
Pues sí. Al día siguiente de esa fecha, para que no se creyera que su sentencia no era en serio, ni exponerse a los memes que se derivarían del dicho popular, el juez federal en la seguridad social Ezequiel Pérez Namiautorizó a Cristina Kirchner a cobrar dos jubilaciones de privilegio: la propia, como expresidenta de la Nación, y la pensión correspondiente a su fallecido esposo. Sin omitir antigüedad, compensación jerárquica, exención del impuesto a las ganancias y un adicional por zona austral que asciende al poco despreciable 40%. No quedó nada en el tintero del magistrado que pudiera irritar a la demandante. Mientras el escandaloso fallo de Pérez Nami le permitiría cobrar cerca de $2 millones por mes y otros $100 millones como retroactivo, en la misma fecha, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del cálculo de los aumentos jubilatorios, cuyo efecto real será la licuación de los ingresos de 6,9 millones de jubilados y pensionados.
Atrás queda otra encendida promesa de campaña de Alberto Fernández: "No es posible que no les podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron...Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable".
Se calcula que en 2020 el Estado se ahorró unos $100.000 millones con la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta un año atrás. Ante el sombrío panorama que se cierne sobre la economía por la falta de una política antiinflacionaria, la nueva fórmula de ajuste, basada en aumentos salariales y recaudación previsional, es una forma de ajuste fiscal en un sistema desbordado por el desequilibrio entre aportantes y beneficiarios. Esta situación fue provocada por la incorporación de 3,6 millones de jubilados sin aportes, como medida populista llevada a cabo, precisamente, por quienes ahora intentan dar "sustentabilidad" a un sistema que está enfermo en su estructura. Además de la prolongación de la vida humana, la expansión del empleo no registrado en la Argentina reduce, cada vez más, la cantidad de aportantes hasta alcanzar la insólita proporción de 1,4 aportantes por cada pasivo, cuando el equilibrio exigiría una relación de 4 a 1.
Ello exige reformas de fondo y no paliativos para el sistema previsional, que son "tomaduras de pelo" o bromas de mal gusto para la clase pasiva. Desde el aumento de la edad jubilatoria hasta la reducción del costo laboral, incluyendo todo el régimen de empleo, pasando por la eliminación de todos los regímenes de privilegio (como el que goza la vicepresidenta) para atacar el problema de raíz en lugar de trasladar a los jubilados aportantes el costo de distorsiones originadas en otros grupos de poder. Y ni qué hablar de la seguridad jurídica, para que nuevas empresas inviertan y empleen.
En otros tiempos, se consideraba que un funcionario de jerarquía, que había tomado posesión de su cargo con juramento de fidelidad a la patria, no debía litigar jamás contra ella en su propio interés
Como la prioridad absoluta del Gobierno son las elecciones de este año, cualquier reforma que pudiese implicar pérdida de votos por la reacción ciudadana (como los ajustes en tarifas), o por los sindicatos aliados (la reforma laboral) o por las organizaciones sociales que controlan la calle (subsidios sociales), será postergada, a cualquier costo. Pero los adultos mayores no configuran un conjunto organizado que pueda alterar el resultado de las encuestas. Son la parte blanda del cuerpo social, con pérdida de masa muscular, fragilidad ósea y nula pertenencia corporativa, que los convierte en el hilo más delgado cuando de reducir el gasto público se trata.
Y así, mientras la inflación desaparece como factor de ajuste de las jubilaciones, Cristina Kirchner percibirá, en forma mensual, 100 veces más que la mínima, percibida por la mayoría de los jubilados. Y como la Argentina carece de recursos fiscales genuinos, esas sumas serán pagadas con emisión monetaria. Es decir, esa lluvia de millones implicará un poco más de inflación, que pagarán también los jubilados junto al conjunto de la ciudadanía.
Mientras la pobreza crece con la inflación y llega casi a la mitad de la población, la sentencia del juez Pérez Nami será un aporte más al deterioro del coeficiente Gini en la Argentina, que mide la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. Curiosamente, ese coeficiente suele ser utilizado por el discurso kirchnerista para denostar la desigualdad en el capitalismo liberal. Lo ocurrido en la fecha siguiente al Día de los Santos Inocentes fue una verdadera tomadura de pelo a la clase pasiva y a la sociedad.
En otros tiempos, se consideraba que un funcionario de jerarquía, que había tomado posesión de su cargo con juramento de fidelidad a la patria, no debía litigar jamás contra ella en su propio interés. Quien había gobernado, legislado o sentenciado no podía luego ver su nombre en la carátula de una demanda contra el Estado. No era una norma legal, sino ética personal. El caso más extremo y recordado fue el de Elpidio González, vicepresidente de Marcelo T. de Alvear, quien rechazó una jubilación de privilegio y terminó sus días como vendedor ambulante para poder vivir. Aunque se lo propusieron, nunca aceptó accionar contra el Estado.
"Altri tempi", dirá con nostalgia algún jubilado al leer esta evocación, mientras siente que le tiran de las barbas.