Telecomunicaciones: perseverando en el error
Insistir en que el acceso a internet, a la telefonía móvil y a la TV paga debe ser un servicio público redundará en menos inversiones y peores prestaciones
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LA NACION
Nadie duda del carácter esencial que ha adquirido el acceso a internet en nuestros días, lo que se vio reforzado por la pandemia de Covid-19, que aceleró los procesos de teletrabajo, teleeducación y telesalud, entre otros. Erróneamente, el Gobierno cree que de tal importancia se deduce la necesidad de considerar la prestación del servicio de acceso a internet (y además, a la telefonía móvil y a la TV por suscripción) un servicio público, concepto que tradicionalmente ha estado reservado a actividades prestadas bajo un régimen de monopolio y no a actividades que se brindan en competencia, como las mencionadas.
La vocación de controlar y dirigir en todos sus aspectos a la actividad empresaria es una constante del actual gobierno, que insiste con iniciativas estatistas perimidas que siempre terminan empeorando los problemas que venían a solucionar. El servicio público conlleva un importante grado de dirección estatal en la organización y provisión de los servicios y, particularmente, en el control de sus precios, lo que por ahora parece ser el objetivo de esta calificación.
Primero fue el decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020. Puesta en crisis su legalidad por la Justicia –que dictó cinco medidas cautelares suspensivas de sus efectos–, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley impulsado por el senador Alfredo Luenzo (FDT-Chubut), que transforma casi literalmente en ley a aquel decreto y que se trata actualmente en comisión, juntamente con otras iniciativas de los senadores Antonio Rodas (FDT-Chaco), Daniel Lovera (FDT-La Pampa), Silvia Sapag (FDT-Neuquén), Juan Carlos Marino (JxC-La Pampa) y Gladys González (JxC-Buenos Aires).
No hay consenso en la doctrina sobre las consecuencias derivadas de la calificación de una actividad como servicio público, aunque sí lo hay en que debe tratarse de una actividad indispensable para la vida social. En este sentido, cabe señalar una vez más que la TV por suscripción, existiendo la televisión abierta gratuita, no cumple con ese requisito, lo que es otra evidencia de la falta de racionalidad de la determinación presidencial. En la TV paga, al igual que en el servicio de internet, no se trata de aprovechar un recurso escaso, sino que la infraestructura depende de la inversión.
Como acertadamente ha señalado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a poco de dictarse el DNU 690, desde la “digitalización” de las redes de telecomunicaciones, y su “convergencia” con el mercado de distribución de señales de televisión (terrestre y satelital), media consenso generalizado a nivel global acerca de que dichos mercados no revisten la condición de “monopolios” y que no necesitan ser calificados como “servicios públicos”.
Ni antes ni luego del DNU 690 se ha identificado con evidencia fáctica cuáles eran los problemas que esta norma venía a resolver, ni tampoco que ellos tuvieran su razón de ser en que las telecomunicaciones (salvo la telefonía básica) no estén calificadas como servicio público.
De acuerdo con las propias estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estudios de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Argentina cuenta por cobertura y velocidad con la segunda mejor internet de Latinoamérica, solo superada por Uruguay. Un estudio de Carrier y Asociados demuestra que es la más barata luego de Paraguay, lo que deja sin sustento el falaz relato presidencial de la estafa y el robo que supuestamente significaban sus precios.
¿Quién arriesgará las enormes inversiones para el desarrollo de redes 5G si en cualquier momento un gobierno puede congelar o fijar a su gusto los precios?
Resulta útil preguntarse con esos datos qué antecedentes ha tenido en cuenta el Gobierno para avanzar primero con el DNU 690 y luego con este disparatado proyecto de ley. Si circunstancias excepcionales durante la pandemia justificaron medidas extraordinarias, estas no deben transformarse en permanentes. Es cierto que existen problemas y necesidades de conectividad insatisfechas, pero es necesario diagnosticar acertadamente a qué se deben para no volver a errar en las soluciones. Hay un correlato entre pobreza y falta de conectividad que no se soluciona con la mágica calificación de servicio público, ni con controles de precios que desincentivan la inversión y la competencia que, paradójicamente, se dice promover. El uso transparente y eficiente del Fondo del Servicio Universal –sobre cuyas desviaciones ya se ha alertado desde esta columna editorial– es el instrumento idóneo para subsidiar la oferta o la demanda allí donde el mercado no llegue.
Si el servicio público implica excluir del mercado una actividad, es contradictorio que se haga al mismo tiempo una defensa de la competencia, ya que no hay competencia sin mercados. El diseño constitucional en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma de 1994, reafirmando la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia. Nuestra Constitución considera que la libre competencia es un derecho de los consumidores. Según su texto, las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. La justificación para la intervención legal en un mercado reconoce en nuestra Constitución dos hipótesis: la “distorsión de los mercados” y la presencia de “monopolios”. Ni el DNU 690 ni los proyectos de ley en cuestión respetan esos presupuestos.
Urge revertir esta nefasta política antes de que las consecuencias sean aún peores. Generar incentivos a la inversión mediante reglas simples, eliminar barreras municipales al despliegue de infraestructura, incentivar su compartición y revisar la tributación del sector permitirán lograr de modo más rápido y eficiente la reducción de la brecha digital.
De acuerdo con el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, correspondiente a 2020, para el cierre de la brecha digital, llevando la actual penetración de servicios en la Argentina al promedio de la OCDE se necesita una inversión de 4691 millones de dólares. El Estado anunció el año pasado una inversión en cuatro años de 40.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, menos del 10% de lo necesario. La inversión privada, por ende, es clave para el logro de ese objetivo y mayor intervencionismo e incertidumbre, sumados a los problemas macroeconómicos, van en sentido contrario al que se necesita para cerrar dicha brecha.
Los efectos negativos del DNU 690 ya se han hecho sentir en la inversión en el despliegue de fibra óptica al hogar, que había crecido anualmente al 136% en el primer trimestre de 2020 y al 104% en 2019 para caer al 30% este año, según datos del Enacom. Cabase ha anunciado que no se está invirtiendo lo suficiente para mantener el crecimiento y la calidad de internet. Si todavía la inversión privada no cae más es porque aún se está llevando adelante el despliegue obligatorio de las redes de 4G.
A futuro, la tecnología 5G, que permitirá una mejora extraordinaria en la vida de las personas, no pasará de una demostración mientras no se revea la nefasta política iniciada con el DNU 690 y que ahora absurdamente se propone ratificar y consolidar legislativamente. ¿Quién arriesgará las enormes inversiones para el desarrollo de redes de esa tecnología si en cualquier momento un gobierno puede congelar o fijar a su gusto los precios de tales servicios?
El actual gobierno está hipotecando con propuestas como estas el futuro desarrollo de la Argentina. Como es costumbre en el kirchnerismo, tratarán de dejar a otros los problemas causados por sus desacertadas políticas y luego se convertirán en los primeros acusadores de quienes vengan a remediar sus errores. Es de esperar que los elementos “supuestamente” capitalistas del Frente de Todos (si es que existen) le quiten respaldo a esta desafortunada iniciativa y que Juntos por el Cambio clarifique la posición de sus senadores, que en ciertos aspectos abren la puerta a intervenciones parecidas y potencialmente tan perjudiciales como las propuestas por el oficialismo.
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