Taser: prevaleció la sensatez
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LA NACION
La increíble saga de las pistolas Taser, los dispositivos que emiten descargas eléctricas para inmovilizar a potenciales agresores, parece estar llegando a su fin. Eugenio Burzaco, ministro de Justicia y Seguridad porteño, confirmó que hacia junio o julio los efectivos policiales de la ciudad de Buenos Aires podrán comenzar a emplear el primer lote importado de 90 pistolas y otro de 60 que se aguarda para más adelante. Aunque a priori el número pueda parecer insuficiente, hablamos de un comienzo auspicioso para la protección de la sociedad y de sus fuerzas de seguridad con un sistema aceptado en muchas partes del mundo.
La compra había sido decidida en 2019 por el gobierno porteño, pero el trámite de autorización estuvo absurdamente trabado dos años, sumergido en una disputa entre las autoridades de la ciudad y las de la Nación. La autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmacc) finalmente llegó.
Los dispositivos Taser X2 cuentan con doble disparo, arco de advertencia visible y audible, puntero láser y un sistema de grabación del disparo para posterior evaluación de su utilización.
Una vez capacitadas en su uso, las fuerzas de seguridad empezarán a utilizarlas, estimándose que sería dentro de uno o dos meses. Permitirán cubrir puntos estratégicos, en particular aquellos con alta concentración de personas y en situaciones en las cuales la portación de un arma o un cuchillo, tanto como un brote psicótico, encierren peligro, según explicó Burzaco. En un principio las portarán agentes apostados en estaciones de trenes y subtes y facilitarán el control de situaciones como las que se cobraron la vida de la oficial Maribel Zalazar, asesinada por un enajenado en la estación Retiro de la línea C del subte, o del inspector Juan Pablo Roldán, acuchillado por un hombre también con problemas mentales en las inmediaciones del Malba, entre otras.
Ha triunfado la sensatez en un escenario de inseguridad creciente que obliga a reformular políticas y a perfeccionar métodos que el progresismo garantista imperante cuestiona absurdamente y sin fundamento alguno. Recordemos que, siempre en la vereda opuesta a la lógica e incluso defendiendo a la delincuencia, organismos de derechos humanos habían objetado la decisión, afirmando disparatadamente que “se está institucionalizando la tortura en el país” y calificando incluso de “picanas portátiles” a los dispositivos.
Celebramos que el debate vaya quedando zanjado, al menos en la ciudad. Urge dotar de medios eficaces y no letales a los efectivos de las fuerzas de seguridad que ponen el cuerpo a diario ante una realidad delictiva desmadrada y compleja. Los debidos controles sobre el uso de los dispositivos, la capacitación, los protocolos de actuación y empleo contribuirán a resguardar las vidas de los vecinos, de los turistas y de quienes deben cuidarlos.
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