Tarjetas de la corrupción: celulares que hablan y prueban
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LA NACION
Entre las más estruendosas noticias del último fin de semana largo, la nueva detención de Julio “Chocolate” Rigau ocupó un lugar destacado. Luego de un fallido allanamiento en su casa, que abrió especulaciones sobre la protección que lo asistía, se entregó en una comisaría de La Plata y fue traslado a una alcaidía en la localidad de Lisandro Olmos. Su colaboración puede atemperar la pena que mínimamente le correspondería por estafa, que es de seis años de prisión, cuando podrían corresponderle diez por asociación ilícita, o hasta 15 por malversación de caudales públicos con peculado; muchos rezan para que no se quiebre y cante.
El puntero del PJ había quedado detenido inicialmente el 9 del mes último en un cajero automático del Banco Provincia platense, cuando retiraba decenas de sueldos de 580.000 pesos de empleados fantasmas de la Cámara de Diputados bonaerense, utilizando 48 tarjetas de débito. En su mayoría, se trató de personas que ingresaron a la Legislatura por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio, lo cual explicaría el estruendoso silencio, tanto del oficialismo como de la oposición.
El fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, al igual que la ONG Poder Ciudadano, había interpuesto un recurso luego de que los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo dispusieron en tiempo récord el escandaloso cierre del expediente por considerar que se había violado la intimidad de Rigau al requisarlo sin orden judicial.
Tamaño dislate movilizó también a Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, quienes tramitaron el pedido de jury de enjuiciamiento contra quienes favorecían una protección judicial de la corrupción ligada tal vez a la visita que recibieron del operador massista Raúl “Cabezón” Pérez.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por su parte, pidió el juicio político y la remoción de Villordo y Benavides y su inmediato apartamiento de la causa hasta tanto se decida su futuro.
El expediente había ingresado en un peligroso suspenso, pero la valiente fiscal Betina Lacki avanzó pidiendo la apertura del celular del imputado, una preciada joya, capaz de revelar el complejo entramado de turbias conexiones con el poder político.
El estudio ordenado debía realizarse el pasado 11 de octubre en La Plata pero la defensa de Rigau –quien finalmente se entregó en una comisaría de La Plata–, a cargo de Alfredo Gascón y Miguel Molina –dos cotizados abogados platenses cuyos honorarios alguien habrá de pagar –, logró detener el peritaje de análisis técnico sobre el valiosísimo dispositivo y suspender otras medidas solicitadas por Lacki. En las últimas hora, presentó un nuevo oficio judicial con el mismo objetivo, aunque finalmente anteayer se produjo la apertura del celular y, con ello, el comienzo de una larga serie de peritajes.
La Cámara de Casación Penal bonaerense había dejado sin efecto al día siguiente el fallo que anulaba la investigación, avalando que la fiscal convoque a testigos, tramite pedidos de videos de los cajeros, el legajo del imputado, contratos de los empleados, horario y lugar de trabajo y superior jerárquico, entre otras medidas. Fue decisión del juez de Garantías Federico Atencio y de la fiscal que Rigau volviera a quedar detenido luego de su tan escandalosa como injustificada liberación.
Se supo también en estos días que Javier Alonso, subsecretario de Formación y Desarrollo del Ministerio de Seguridad y segundo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se había interesado en las condiciones de la primera detención de Rigau.
En 2018, la fiscal entrerriana Cecilia Goyeneche investigaba un caso muy similar a partir de que un policía había observado que tres personas acudían periódicamente a un cajero de Paraná a retirar dinero con tarjetas de débito de empleados legislativos. Públicamente, se la conoció como la causa Contratos y condujo a la denuncia y posterior destitución de la fiscal, dirigida a entorpecer cualquier avance en el entramado de corrupción que asomaba peligrosamente. Hoy son 35 las personas imputadas a la espera de juicio, habiéndose comprobado que “las relaciones contractuales eran falsas en su motivación y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción del dinero público”. La elevación a juicio firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, en 2021, describe que la mayoría de los contratos “eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente a manos del grupo recaudador” y que solo en algunos casos los particulares cobraban una ínfima parte. Surge de las declaraciones de los contratistas, que llegaron a ser más de 600 desde sus inicios en 2008, que habían firmado con la Legislatura por necesidad económica y creyendo que se trataba de subsidios. El conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal aguarda resolución de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, a la fecha, si bien la causa avanzó, se encuentra paralizada.
Mientras se esperan los resultados de los peritajes sobre el celular de Rigau, seguramente muchos emuladores de ese puntero político hayan extremado precauciones para evitar seguir sus traspiés.
El escándalo involucra a hombres y mujeres de distintas edades y oficios que aparecen registrados como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, un número que, según entrecruzamientos de información, podría superar los 5000 empleados. Algunos no saben que lo son, otros dirán que lo hacen por la obra social y el aporte jubilatorio. Tampoco faltan los que tienen otros empleos, además de cobrar un salario del Estado, ni quienes incurrirán en el delito de falso testimonio, mintiendo a sabiendas. Simples ñoquis, con demasiados nodos de conexiones y no demasiado relevantes comparativamente en términos dinerarios, habida cuenta de los tan injustificables como millonarios montos involucrados en los esquemas recaudatorios de exfuncionarios como Martín Insaurralde, por solo nombrar el caso más resonante de los últimos tiempos.
Estamos ante un nuevo caso cuya matriz se replica preocupantemente, como quedó demostrado con la fiscal Goyeneche. Con numerosos involucrados, directos o indirectos, la Justicia deberá seguir sorteando todos los obstáculos estratégicamente dispuestos desde el poder para impedir avances. Una ciudadanía harta de las obscenidades del poder aguarda atenta. ¡Basta ya de impunidad!
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