Tarifas: volver a tropezar con la misma piedra
Es necesario converger hacia niveles tarifarios de gas y electricidad que cubran los costos y que posibiliten mejoras e inversiones en los servicios
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LA NACION
Se dice que es inteligente aprender de los errores ajenos y que no aprender de los propios es estupidez. Durante el período 2003-2015, la Argentina pasó de ser un país exportador de energía a ser fuertemente importador. Ese cambio negativo tuvo una causa principal: los precios de los combustibles y las tarifas de la electricidad fueron congelados por tiempos prolongados, mientras la inflación y las devaluaciones actuaban sobre los costos.
Esta intervención gubernamental dio derecho a las empresas a reclamar compensaciones y el Gobierno estuvo obligado a concederlas. Por una decisión unilateral, el Estado había alterado el contrato de concesión y las fórmulas de ajuste de los pliegos licitatorios. Aquellos subsidios podían llegar a equilibrar el balance de las compañías, pero debido a la incertidumbre de su obtención o de su actualización, no alentaban la inversión. La consecuencia fue que la producción de electricidad y de gas no acompañó el crecimiento de la demanda. El típico fenómeno de los controles de precios. Desde diciembre de 2019, la historia se ha repetido y son los mismos actores los que no aprendieron de sus propios errores.
A poco de iniciar su gestión, el gobierno de Alberto Fernández sancionó la ley de solidaridad social y reactivación productiva que, entre otras medidas, declaraba la emergencia pública tarifaria y energética. Se delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente”. La actualización de las tarifas durante la gestión de Mauricio Macri no se había completado y aún se sostenían subsidios, pero se había saneado el sistema y recuperado la inversión. Sin embargo, una auditoría del actual gobierno concluyó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. A partir de esa conclusión, claramente tendenciosa, en marzo de 2020, se dispuso el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas por 12 meses. Un argumento de campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Alberto Fernández había sido una severa crítica a los ajustes tarifarios de la gestión de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía. Estos ajustes permitieron ir recuperando el autoabastecimiento energético, pero naturalmente carecieron de popularidad y sus críticos aprovecharon ciertos errores y casos especiales de facturas con aumentos significativos, para hacer del muy buen ministro Aranguren la imagen de insensibilidad perversa. El fuego amigo dentro del propio Cambiemos lo llevó a renunciar. En tanto la afición por los congelamientos tarifarios quedó como sello del populismo que llegó en diciembre de 2019.
Durante la primera era kirchnerista, la Argentina pasó de ser un país exportador de energía a ser importador por el congelamiento de tarifas y el fuerte intervencionismo
Recientemente, se dictó un decreto que dio inicio a una revisión de las tarifas de transmisión y distribución de energía eléctrica y de gas natural de jurisdicción nacional. Se fijó un plazo de dos años, pero permitiendo que los entes reguladores ENRE y Enargas puedan proponer ajustes transitorios. Ya se han realizado audiencias públicas como punto de partida de la revisión tarifaria.
El ritmo que ha adquirido la inflación hace necesario que este proceso adquiera agilidad. Es necesario converger rápidamente a niveles tarifarios que cubran los costos y que estén sujetos a fórmulas de ajuste que tengan en cuenta mejoras de eficiencia, pero también y necesariamente la inflación. Debe revisarse la pesada carga impositiva que se incluye en las facturas y que alcanza una proporción difícil de encontrar en ningún otro país. Como principio, el Gobierno debería adoptar el criterio de que en los casos en que haya una restricción social se recurra a subsidiar la demanda, es decir, solo a los consumidores a quienes se quiere beneficiar. Debe abandonarse el subsidio a la oferta, que destruye la capacidad productiva mientras lleva al derroche a los consumidores de mayor poder adquisitivo.
Es necesario enfatizar que no solo se requiere la normalización tarifaria, sino también establecer un mecanismo permanente, amparado por leyes sancionadas con el consenso del oficialismo y la oposición. Solo de ese modo y con su sostenimiento a través de cambios de gobierno, se logrará recuperar la confianza que atraiga inversiones en esas áreas de infraestructura. Si el actual gobierno y sus legisladores entienden esto, a pesar de haber tenido que tropezar dos veces con la misma piedra, tendrán la reivindicación de haber encontrado finalmente el camino correcto.
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