Tarifas: la hora de la verdad
La segmentación según el nivel presunto de ingresos de los usuarios podrá ser útil como argumento político demagógico, pero no como solución
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LA NACION
El control de precios como intento intervencionista para aplacar la inflación suele tener como una víctima importante a los servicios públicos con tarifas reguladas. Así ocurre con el suministro de electricidad, el gas por redes, el transporte de pasajeros y la telefonía. Esa política no es gratuita. El Estado debe subsidiar a los prestadores, sean públicos o privados; de lo contrario, los servicios se paralizarían. Sin embargo, a pesar de recibir esos fondos, la inseguridad de su permanencia no alienta a realizar inversiones para mantenimiento y aún menos para aumentar la calidad y el volumen de los servicios. Paradójicamente el retraso tarifario impulsa un crecimiento de la demanda, mayor del que debería esperarse. La consecuencia es la falta de abastecimiento con cortes de energía, reducción de las frecuencias de los colectivos o mayores dificultades para comunicarse telefónicamente. No hay magia en poder tener muy bajas tarifas. Lo que ocurre en realidad es que el costo de los servicios deja de ser pagado por sus usuarios para que lo hagan los contribuyentes, actuales o futuros, o bien se emite dinero y ese costo se traslada al público mediante la inflación.
En el manejo oficial de los subsidios afloran desviaciones, unas veces por razones políticas y otras para generar “retornos”. Ambas cosas han ocurrido en nuestro castigado país. La concentración del voto en el área metropolitana y la supresión del colegio electoral explican por qué el boleto de ómnibus es un 50% más barato en el AMBA que en las ciudades del interior. Los retornos de una parte de los subsidios recibidos se hicieron conocidos como nunca antes en la causa de los cuadernos.
El monto de los millonarios subsidios a la energía y al transporte ha alcanzado cifras relevantes e inaceptables en el actual cuadro fiscal y macroeconómico. Se estima que actualmente demandan alrededor del 3% del PBI, siendo responsables de un 58% del déficit fiscal primario (antes de intereses). El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pone la mira en estos subsidios y propone eliminarlos en no más de tres años. Siendo un acuerdo liviano, como se lo calificó en esta columna editorial (www.lanacion.com.ar/editoriales/fmi-un-acuerdo-liviano-para-evitar-el-default-nid04022022), y que no incluye varias reformas estructurales imprescindibles, mantiene sin embargo, como medida prioritaria, la normalización de las tarifas de servicios con la consiguiente reducción de los montos aplicados. El propósito es, obviamente, producir aumentos tarifarios mayores que la inflación. Es una corrección necesaria, pero un desafío político para quienes crucificaron al expresidente Mauricio Macri y a su secretario de Energía Juan José Aranguren por seguir esa política. El camino elegido para alivianar las consecuencias es dar aumentos diferenciales según el nivel presunto de ingresos de los usuarios. Se lo ha denominado “segmentación”. Es de difícil aplicación y, de hecho, solo se pretende emplear inicialmente en electricidad y en el área servida por Edesur y Edenor. Han trabajado en la elaboración del plan de segmentación el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La forma de segmentar los aumentos será la de asumir que tanto el domicilio como el nivel histórico de consumo tienen que ver con el nivel de ingresos. Habrá aumentos porcentuales más elevados en las zonas residenciales y barrios cerrados en los que, por la calidad edilicia, se presume mayor riqueza. Sin embargo, los planificadores del sistema temen la aparición de casos dramáticos dentro de esas áreas donde los aumentos podrán alcanzar hasta tres dígitos porcentuales. Como ocurrió en 2016, será inevitable la aparición en los medios de un adulto mayor que cobra la pensión mínima mostrando la boleta del servicio con una multiplicación indecorosa del monto facturado. A fin de minimizar ese riesgo se prevé un procedimiento de reclamo y corrección del segmento asignado. Será, una vez más, una puerta abierta a la subjetividad, el favor, la captación política y la corrupción. La experiencia, además de la teoría, demuestran que es conveniente que los servicios públicos no hagan distinción de precio según quién sea el usuario. Si razonablemente hay una consideración social respecto de los más necesitados, corresponde subsidiarlos en forma directa, independientemente del nivel de su consumo de electricidad o gas. Es lo que se denomina “subsidio a la demanda”.
Se está discutiendo la transferencia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad institucional sobre las líneas de colectivos que operan dentro de sus límites. Esta medida derivaría a la ciudad el pago de los subsidios, aunque advirtiendo que las finanzas porteñas no dan cabida a mayores erogaciones, probablemente habría aumentos tarifarios sustanciales. Mejoraría así la equidad respecto del interior.
Llegó la hora de la verdad para los retrasos tarifarios. Esta reorientación como la de tantas otras políticas populistas son el final de la creencia que sostiene que la economía todo lo soporta. La segmentación podrá ser útil como argumento político, pero no como solución eficiente. Cuando los seleccionados para los mayores aumentos paguen la totalidad del costo, ¿seguirá subsidiándose al resto? ¿O a partir de allí solo se les aumentará a los de menores recursos? Esta y otras preguntas carecen de respuesta y llevan a pensar que emergerán nuevas distorsiones. Con acierto se dice que en economía se puede hacer de todo, menos evitar las consecuencias.
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