Sucias estrategias judiciales
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LA NACION
En la sentencia de la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) incluyó la denuncia ante el Colegio Público de Abogados de varios de los abogados defensores por groseras fallas en su actuación. La decisión resulta impecable frente a los excesos que se han visto en el juicio, que ensucian la imagen de la Justicia y sus auxiliares.
Cabe recordar que, ya en 2014, Gregorio Dalbon, uno de los letrados de Cristina Kirchner, había sido sancionado por incorrecciones en el ejercicio de su patrocinio, imponiéndosele una multa por sus excesos.
La posibilidad de radicar las correspondientes denuncias y, en algunos casos, la obligación de hacerlo ante faltas graves están previstas por el Código Procesal Civil y Comercial y por los Principios de Bangalore, que regulan la actuación judicial.
El TOF 2 destacó que no se trató de exabruptos aislados, sino de una estrategia concertada entre los abogados acusados, dirigida a desacreditar a la Justicia para que las sentencias tuvieran menor impacto.
La denuncia abarca solo a cuatro de las defensas, integradas por los doctores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Periotti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán (Carlos Kirchner). Se los acusa de haber dedicado buena parte de las instancias procesales previstas a instalar que el objeto de la causa siempre fue deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente, perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria.
Los ataques al tribunal y a los fiscales, como así también a los medios, sustituyeron lo que debió ser una defensa profesional concentrada sobre las acusaciones y pruebas de la fiscalía. En cierta forma, la defensa de los ahora acusados se asemeja a la que intentó la “abogada exitosa” cuando en sus alegatos se dedicó más a insultar y rebajar a la Justicia que a responder por las acusaciones e incontrastables pruebas.
Como auxiliares de la Justicia, los abogados deben ser colaboradores valientes y responsables en procura de sus defendidos, pero respetuosos de las reglas de la profesión.
La ley nacional de la abogacía, en las normas de ética y de procedimiento, les impone no incurrir, durante procesos o actuaciones, en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados ni caer en temeridad o malicia.
En otras latitudes los jueces tienen amplias facultades disciplinarias sobre los abogados, pudiendo incluso sancionarlos con multas y hasta con penas de prisión. En nuestro caso, el tribunal ha actuado con suma mesura y solo en la sentencia formuló la denuncia ante otra institución. Es de esperar que el Colegio Público y su Tribunal de Ética se expidan con la rapidez que exige la gravedad del tema.
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