Sostenido avance estatal: ahora en biocombustibles
El proyecto de ley que tratará el Congreso acentuará la intervención del Estado con una intensidad que haría la felicidad de un planificador soviético
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LA NACION
Con dictamen favorable de las comisiones de Energía y de Presupuesto, la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley que acentuaría la intervención estatal en el ya intervenido mercado de biocombustibles.
Esta denominación comprende el biodiésel, que es subproducto del aceite de soja, y el etanol, obtenido del maíz o de la caña de azúcar. El primero se mezcla con el gasoil y el segundo con las naftas, en ambos casos con efectos benéficos en el plano ambiental y una valoración política positiva por lograrse la utilización de productos locales renovables que sustituyen importaciones de energía.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz se ha expresado en forma contundente sobre la necesidad de mantener la sustitución de hidrocarburos por biocombustibles en consonancia con los postulados ambientales de la encíclica Laudato Si. En este sentido, expresó su preocupación acerca de que la nueva ley determine una menor proporción en las mezclas.
El riesgo de perder una inversión es hoy ya muy alto. Para el sector de biocombustibles será aún más elevado si esta ley se sanciona
Las ventajas de la incorporación de biocombustibles no se reflejan en costos inferiores a los precios usuales del mercado, por lo que su práctica exige algún tipo de subsidio estatal. En nuestro país, esa ayuda tiene dos formas: la primera es un tratamiento impositivo de promoción especial de las inversiones en la producción de biocombustibles. La segunda es la exención del impuesto a la transferencia de combustibles en la parte que les corresponde en las mezclas.
El régimen regulatorio actual está regido por la ley Nº 26.093, que quedaría derogada y sustituida, por la que se pretende ahora sancionar. Mientras ello no suceda, lo que se tiene hoy es básicamente un régimen regulatorio con orientación hacia la promoción de las inversiones en plantas industriales mediante ventajas impositivas, extendidas luego a la operación.
El nuevo proyecto de ley se orienta muy claramente hacia la introducción de regulaciones con una intensidad que haría la felicidad de un planificador soviético. Se eliminarán las funciones que el actual régimen aún deja en manos del mercado. El órgano regulador, la Secretaría de Energía, fijará los precios de venta del producto. Además, tendrá atribuciones muy amplias para otorgar o denegar habilitaciones y permisos de fabricación. Asignará discrecionalmente a distintos productores los volúmenes destinados a sustitución de importaciones. Podrá aplicar penalidades, desde gravosas multas expresadas en millones de litros de nafta súper hasta la inhabilitación definitiva.
La intensificación de las regulaciones es una etapa previa a las estatizaciones. Equivale al calentamiento gradual de la rana en la olla
Quien haya invertido en una planta de producción de biocombustibles quedará prácticamente entregado a las decisiones de un funcionario. No es difícil imaginar el poder que tendrá ese funcionario que manejará la supervivencia o el cierre de cientos de fábricas. Se creará un campo de cultivo de comportamientos corruptos. No habrá calculo económico válido para ningún inversor que desee iniciarse en la producción de biocombustibles. El peligro de enfrentar arbitrariedades y perder una inversión es hoy ya muy alto, a juzgar por el índice de riesgo país. Para el sector de biocombustibles será aún más elevado si esta ley se sanciona, y difícilmente alguien querrá tomar semejante riesgos. La incursión oficial en los precios de subproductos importantes de la soja y del maíz ha creado inquietud por cuanto puede alcanzar y afectar los mercados de ambos cultivos.
Resulta claro el ingrediente ideológico que campea en estas decisiones e iniciativas del actual gobierno nacional. La intensificación de las regulaciones es una etapa previa a las estatizaciones. Equivale al calentamiento gradual de la rana en la olla.
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