Siniestras prácticas
El Presidente, quien se jactaba de haber llegado al poder para “limpiar los sótanos de la democracia”, vuelve a desdecirse promoviendo burdos y arteros ataques
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LA NACION
Cuando un gobierno descree de la división de poderes, cuestiona y amenaza la libertad de prensa y rechaza la posibilidad de un Poder Judicial independiente, su autoridad se debilita y da lugar a prácticas aberrantes. Acaba gobernando a fuerza de amenazas y deleznables denuncias judiciales, lastre de los sucesivos gobiernos kirchneristas que la nefasta gestión de Alberto Fernández llegó para profundizar.
Corroboran esta pésima y escandalosa praxis las decenas de acusaciones falsas, los carpetazos, las escuchas ilegales, los aprietes y las constantes maniobras del oficialismo para intentar apartar del camino –cuando no anular– a personas e instituciones independientes. La mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación está siendo objeto de un inconcebible y artero ataque. El Presidente y un puñado de gobernadores se han empeñado en avanzar con el juicio político a sus miembros ante fallos que les resultan adversos, ratificatorios de los de instancias inferiores donde ha quedado fundadamente probada la comisión de gravísimos delitos por parte de funcionarios y exfuncionarios.
La utilización de lo peor de los servicios de inteligencia estatales, verdadera cloaca para urdir toda clase de maniobras ilegales en provecho de los intereses particulares de los gobernantes, y para espiar a dirigentes opositores, jueces y periodistas, si bien no es algo novedoso en la Argentina, aparece en toda su dimensión en el actual gobierno. Quien como el presidente Fernández se jactaba de haber llegado al poder para “limpiar los sótanos de la democracia” protagoniza hoy otra feroz embestida.
Al vil y sostenido ataque contra la Justicia se suma el dirigido a la prensa independiente, imprescindible bastión con el que cuentan los ciudadanos para tomar conocimiento de los actos de gobierno y de sus desviaciones.
El interventor en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, denunció penalmente a los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, al igual que a LA NACIÓN y Clarín, a quienes acusa de violar la ley de inteligencia. Se les cuestiona haber publicado información supuestamente protegida, referida a la presunta existencia de una “mesa militar de espionaje” dentro la AFI, abocada al espionaje ilegal.
Los legisladores exigen explicaciones sobre la eventual colaboración de cuatro coroneles retirados que habrían sido contratados como personal civil de inteligencia, por su cercanía con el teniente general (RE) César Milani. Reclaman también conocer si ese cuerpo tiene algún tipo de vinculación con empresas de telefonía para la obtención y filtración de datos de celulares.
“Nos acusan de violar la ley porque denunciamos que ellos violan la ley”, sostuvo Morales Solá, sintetizando perfectamente la vergonzosa maniobra gubernamental. Como bien ha dicho la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), “la utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios de comunicación por la difusión de información estatal no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos” y constituye “un fuerte incentivo a la autocensura”. La Academia Nacional de Periodismo, por su parte, acusó a Rossi de criminalizar la práctica profesional.
En lugar de preocuparse ese funcionario por la “filtración” de información de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, debería seguir dando explicaciones sobre lo que la propia AFI respondió a los legisladores que representan a la oposición en ese cuerpo parlamentario, reconociendo que dos personas que trabajaron como espías de las Fuerzas Armadas cumplen ahora funciones ligadas al espionaje al servicio del gobierno de Alberto Fernández y que fueron llevadas a esa dependencia por el propio Rossi, quien antes había sido ministro de Defensa.
Es tan burda la maniobra para desacreditar y censurar a la prensa que el cuestionamiento oficial a la revelación de nombres de agentes de inteligencia cae por su propio peso, por cuanto ya habían tomado estado público cuando el propio titular de la AFI negó que uno de ellos integrara la central de espías.
Resulta inadmisible y de una gravedad inaudita la persistencia oficial por burlar permanentemente la ley, desconociendo los sanos controles institucionales que garantizan la transparencia y el respeto a la Constitución por parte de los poderes del Estado.
Esta nueva y furiosa arremetida lleva el sello indiscutible de una facción política que ha hecho de las amenazas y otras viles maniobras su razón de ser. Una vicepresidenta acorralada que acusa a la Justicia de querer verla “muerta o condenada” pretende instalar la mentira de su proscripción junto con la persecución al peronismo. Su buen alumno, el presidente de la Nación, lejos de contrariarla, incumple el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y convoca a los gobernadores a alzarse contra la decisión del Tribunal que le ordena reintegrarle a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de la coparticipación que le corresponde.
El esfuerzo denodado del oficialismo por desviar la atención de los graves problemas del país ya no genera el mismo efecto en una ciudadanía ferozmente jaqueada por la pobreza y la indigencia, la inseguridad, el gigantesco avance del narcotráfico, el colapso del sistema de salud y del educativo, la desenfrenada inflación, una economía destruida y la extendida y probada corrupción que los tiene por protagonistas. Las siniestras y creativas maniobras de un gobierno desesperado continuarán pretendiendo distraer en su afán de no renunciar a la impunidad.
LA NACION
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