Sin vacuna para la vergüenza
Se espera de la Justicia condene debidamente a quienes, haciendo abuso de poder, privilegiaron la inoculación de amigos en plena pandemia de Covid
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El exministro de Salud Ginés González García declaró en abril pasado, luego de postergaciones fundadas en razones de salud, ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti como parte de la causa por el denominado Vacunatorio VIP. La indagatoria se realizó en forma virtual y la imputación sostiene que “ejerció sus funciones de manera abusiva”. Distintos testimonios confirmaron una estructura irregular y paralela para inocular contra el Covid a políticos y amigos del gobierno de Alberto Fernández.
También fueron investigados Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, y Graciela Torales, extitular de Coordinación de Atención a Pacientes de dicho hospital.
El imputado se defendió. Según entiende, nueve de los vacunados en dependencias del propio Ministerio por los que se lo acusa –uno de ellos el periodista Horacio Verbitsky– habrían estado autorizados por tratarse de mayores de 60 años, otros eran personal de salud o estratégico, no habiendo pues gozado de ningún privilegio. Y fueron vacunados cuando ya había más de 35.000 vacunados en esa categoría, según argumentó en una entrevista radial, diciendo que debería entonces haber 35.000 juicios más. “No es que se me ocurrió a mí, estaban autorizados, se estaba haciendo en todo el país… Nunca hubo un vacunatorio en el Ministerio, ni antes ni después” afirmó.
El resto de la historia también es conocida: ante tamaño escándalo, Alberto Fernández le pidió la renuncia. Lo dejó, según declaró, sin posibilidades de defenderse, le soltó la mano y nombró en su lugar a su segunda, la infectóloga Carla Vizzotti, en febrero de 2021. En la carta publicada en redes sociales, el saliente ministro explicó que renunciaba en respuesta al expreso pedido del entonces jefe del Estado.
“El Presidente me dijo ‘yo te creo, sos un tipo extraordinario’, pero marche preso”, afirmó. Qué menos podría haberle dicho el responsable último de las 130.000 muertes por Covid que aún lamentamos en la Argentina. Miembros de una runfla de incompetentes solo podían arrojarse flores y ponderaciones entre ellos. Cómo entender si no que el saliente ministro afirmara sin ruborizarse: “Hicimos mucho y bastante bien….Nadie lo valora”. En una mirada retrospectiva, según expresó durante aquella entrevista, se sintió “defenestrado” por el propio gobierno al punto que “quedó mal parado ante la gente” sin poder defenderse.
En cuanto a Verbitsky, cuyas declaraciones fueron el detonante del escándalo, González García refirió una “confusión involuntaria” de su secretaria privada. Mientras él se encontraba en Entre Ríos, ella citó al periodista al Ministerio para ser vacunado, por lo cual se pidió permiso al director del Hospital Posadas para que fueran a vacunar allí a nueve personas. Respecto de la actitud del periodista, lo acusó de mentir: “Primero dijo que era amigo mío y, segundo, que se vacunó por ser amigo mío. Las dos cosas son macanas. Eso fue lo que también me crucificó. Pero no puedo decir que me hicieron una cama”.
La causa también contempla el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud que se trasladaron al domicilio particular de Eduardo Duhalde. González García dice haber autorizado esta vacunación extramuros por tratarse de un exmandatario; respecto de su esposa, hijas y secretario de Duhalde, solo argumentó un “uso eficiente de la vacuna”. En relación con las 35 dosis aplicadas en el Hospital Posadas a personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, sin cumplir con los criterios de prioridad epidemiológica, el exministro negó la acusación.
Luego de la reconstrucción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los acusados fueron encontrados responsables de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios, al vacunar a personas que no era personal esencial.
Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), le pidieron a la jueza Capuchetti que lo procese.
El peculado, esto es la sustracción y empleo en provecho propio de efectos que un funcionario tiene bajo su custodia, como en este caso las vacunas, se castiga con entre dos y diez años de prisión.
Bajo los estándares morales de quienes gobernaron este país durante tanto tiempo, corrompiendo todo a su paso, los responsables del Vacunatorio VIP no merecerían castigo alguno, mucho menos quienes participaron de la fiesta de Olivos. Tampoco quienes saquearon las arcas públicas para llenarse los bolsillos a costa del hambre y la salud de los argentinos. Para ellos, impunidad era el nombre del juego. En esta nueva partida, que la Justicia haga, sin más demoras, su parte.
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