Sellos negros = información clara
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LA NACION
Se avecinan tiempos difíciles en el Congreso. El arte del acuerdo continúa brillando por su ausencia y las pujas de poder, tanto entre distintos bloques como dentro de las mismas fuerzas, complican el escenario. No consensuar los temarios de las retomadas sesiones presenciales en Diputados, tras un año y medio de virtualidad, repercute en la obtención del quorum necesario para sesionar y aprobar numerosas iniciativas que aguardan tratamiento.
El proyecto de etiquetado frontal de alimentos se ha convertido en una especie de botín de guerra. Tras la aprobación que le dio el Senado, desde Pro en la Cámara baja se proponían cambios que el oficialismo no aceptó. El jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, avanzó en la convocatoria sin consensuar el temario, como debió haber hecho, y solo logró que muchos legisladores que apoyaban la ley no se sumaran a la sesión en expresión de legítima protesta.
La Unión Industrial Argentina (UIA) negó la existencia de un lobby contrario a la sanción de la norma e impulsó un criterio unificado en torno del tema en el Mercosur, deseable pero no oportuno por cuanto continuaría demorando la sanción.
Lamentablemente, la comparación de la alimentación de los argentinos con la de los habitantes de los países nórdicos resultó desafortunada cuando se trata de incorporar mejoras alimentarias y no de nivelar para abajo. Desde la UIA critican lo que consideran un modelo “punitivo” de etiquetado para los alimentos que preocupa, con razón, a los fabricantes. El diseño de sellos negros, herramienta clave ya en numerosos países, es en realidad “disuasivo” respecto de opciones poco saludables. Argumentar que “no producimos alimentos para que le hagan mal a la gente” es pasar por alto que los ingredientes de muchos productos son altamente perjudiciales y adictivos, en un país con más de un 66% de víctimas de sobrepeso y obesidad, incluidos numerosos niños.
Por su parte, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) advirtió que “la demonización de los alimentos” acarreará “un daño en los consumidores al proporcionar información incorrecta” y la Cámara Azucarera Argentina también se opuso a que los consumidores accedan a una mayor información nutricional.
Las referidas declaraciones parecen confirmar que es precisamente un intenso lobby el que frena el avance de la ley, potenciado por la legítima práctica de dejar sin quorum, ejercida por la oposición.
Es imposible tapar el sol con la mano, y el aumento de la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles se asocia indefectiblemente a la presencia en alimentos de los denominados “nutrientes críticos”: grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y calorías.
La Organización Panamericana de la Salud, Unicef y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se sumaron a los actores locales que promueven la sanción en Diputados sin más demoras ni cambios, antes de que pierda estado parlamentario.
La ley de etiquetado frontal garantiza el acceso a la salud, a la alimentación y a la información. Es una iniciativa a favor de la autonomía del consumidor, cuya sanción no debería demorarse más.
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