Se incendia la Justicia en Tierra del Fuego
Sin mayor consenso, y en medio de crecientes sospechas, avanza en la provincia más austral un proyecto para ampliar peligrosamente el Superior Tribunal
El Poder Judicial más joven del país tampoco escapa de las viejas formas de hacer política. La Justicia de Tierra del Fuego está a punto de protagonizar un nuevo escándalo. La Legislatura provincial aprobó un dictamen de comisión favorable al proyecto que dispone ampliar el Superior Tribunal de Justicia fueguino, llevándolo de tres a cinco miembros, en un contexto en el que la mayoría de los legisladores no pueden ni siquiera hacerse presentes, dadas las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus.
A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en Tierra del Fuego ni siquiera se molestaron en encubrir la ampliación del Superior Tribunal detrás de una reforma más amplia del Poder Judicial. Tampoco pretendieron simular una apertura democrática conformando una comisión asesora. Simplemente, avanzaron en el incremento de la cantidad de jueces del máximo tribunal con la intención de politizarlo aún más.
Distintas voces ya han advertido que sumar dos nuevos integrantes al equivalente provincial de lo que sería la Corte Suprema en el nivel nacional no resolverá ninguno de los problemas institucionales, ya que el proyecto de ley solo apunta a la ampliación del organismo, sin prever ningún tipo de modificación integral destinada a modernizar la administración judicial más pequeña del país.
Como se ha expresado en estas columnas, las reformas en el Poder Judicial solo deberían orientarse a dotarlo de mayor autonomía e independencia de los sectores que permanentemente buscan acumular más poder e impunidad. Las propuestas de cambios en la modernización de la Justicia tienen que garantizar la transparencia en la gestión de expedientes, máxime en aquellos donde existe un alto interés público.
En Tierra del Fuego, la designación de jueces se materializa a través de un Consejo de la Magistratura que, mediante simples rondas de votos no fundamentados de sus siete integrantes, sin jurados ni exámenes que acrediten la idoneidad técnica de los postulantes o sirvan para generar un orden de mérito, define quiénes serán los nuevos magistrados de la provincia.
El sistema de selección descripto sirve para elegir a los candidatos de manera discrecional, en ausencia de concursos de oposición y antecedentes. Con ese mismo método fallido se eligió anteriormente juez de cámara penal a un abogado que había oficiado como testaferro de la corrupción brasileña, en la época del expresidente Fernando Collor de Mello. También a una abogada que no pudo asumir como jueza de instrucción porque al momento de tomar el cargo estaba detenida en otra jurisdicción por presunta extorsión.
Cualquier intento de reforma judicial debería iniciarse con un amplio debate social y político, alejado de las pretensiones de los sectores que solo persiguen la impunidad
Ante tan injustificada celeridad para aprobar el dictamen por parte de la Legislatura sobre la ampliación del mayor órgano de Justicia provincial, en tierras fueguinas se analizan dos hipótesis. Una de ellas se refiere a un intercambio de favores, ya que el propio gobernador Gustavo Melella se encuentra imputado desde 2018 en una grave denuncia de abuso sexual, por lo cual su futuro político depende exclusivamente de que el juzgado de instrucción lo desvincule de la causa. La tramitación judicial fue cuestionada por las desprolijidades que el juez ha cometido; incluso recibió objeciones por parte de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, pero sin ningún resultado hasta el momento. La segunda hipótesis conjetura que es una maniobra del poder político local para cooptar el funcionamiento del máximo tribunal fueguino y transformar la Justicia de la provincia en un poder sometido a la voluntad política de quien gobierne Tierra del Fuego.
Frente a ello, numerosos sectores de la ciudadanía han objetado el proyecto de aumento de los integrantes del Superior Tribunal que dará jaque mate a la autonomía de la Justicia provincial, con el argumento de la falta de un debate robusto y la imposibilidad de que las organizaciones sociales hayan participado de las reuniones de comisión de la Legislatura provincial para aportar elementos que enriquezcan el debate. Dadas las enormes falencias institucionales que tiene el sistema de selección de magistrados, cabe señalar que la añorada autonomía ya está gravemente amenazada.
Hace meses que la sociedad fueguina reclama a la dirigencia medidas concretas para paliar la grave crisis que atraviesan la industria provincial, el comercio y, muy particularmente, el turismo, pero lamentablemente no encuentran ni la agilidad ni la premura con las que sí cuenta el proyecto para ampliar un poder público que no ha sufrido las inclemencias de una crisis social y laboral como la que impone la extendida cuarentena. La situación nacional se replica así en nuestra provincia más austral: los gobernantes desatienden las necesidades de la población y pretenden instalar forzadamente una agenda con prioridades que no son las de los ciudadanos a la luz de la crítica situación imperante.
En definitiva, cualquier intento de reforma judicial debería iniciarse con un amplio debate social y político, alejado de las pretensiones de los sectores que solo persiguen la impunidad de sus acciones. Sin duda, y como se ha planteado también desde estas columnas, las reformas de los sistemas de selección de jueces y magistrados, tanto nacionales como provinciales, resultan claves para procurar mayores niveles de transparencia, participación de la sociedad y reconstrucción de la confianza ciudadana en el poder del Estado, pensado para funcionar como custodio de los derechos y obligaciones constitucionales.
De ninguna manera, entonces, se podrán alcanzar tan altos objetivos con la sola incorporación de dos nuevos jueces, en un contexto de profunda crisis, y repitiendo los errores que tanto daño les han generado al Poder Judicial más austral del país y a su sociedad. Apena que la provincia más joven haya caído tempranamente en los vicios que otras administraciones provinciales adoptan peligrosamente desde hace tiempo.
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