San Luis: una transición feudal
En su retirada del poder, Alberto Rodríguez Saá aprovecha los pocos meses que restan hasta diciembre para seguir abusando del Estado
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LA NACION
Luego de 40 años de convivir con el feudo de los hermanos Rodríguez Saá, el pueblo de San Luis puso fin a la más longeva manipulación democrática. Sin embargo, el poder de daño del gobernador Alberto Rodríguez Saá sigue intacto, al menos hasta el 10 de diciembre cuando deba entregar el mando al opositor Claudio Poggi.
En esta crucial transición, Poggi acusó al actual gobernador de crear un “Estado paralelo” luego de impulsar y lograr la aprobación de una ley “para nombrar a 53 funcionarios políticos con sueldos de 800.000 pesos” asegurándose convertir a la Legislatura provincial –dijo– en “un aguantadero de los actuales funcionarios” más allá del fin de su mandato.
Con razón, muchos temen que este sea solo un primer paso, pues el período entre la elección del 11 de junio pasado y el recambio en diciembre ofrece a Alberto Rodríguez Saá una larga ventana de oportunidad para cumplir dos objetivos. Por un lado, instaurar un gobierno paralelo nombrando a su gente en los organismos públicos. Por otro, reducir con ello la capacidad de acción del nuevo gobierno tras comprometer el presupuesto público de los próximos años.
Vasta experiencia tienen los Rodríguez Saá en estas malas artes. En 2003, habiendo perdido la intendencia de la ciudad capital, desconocieron el triunfo del intendente disidente Daniel Pérsico y lograron que la Justicia provincial considerara inválido el comicio para abocarse a organizar nuevas elecciones, en las que resultó ganadora la oficialista María Angélica Torrontegui. Pérsico se instaló entonces en la intendencia y Torrontegui, en la Legislatura, provincial generando así dos administraciones superpuestas que enfrentaron por meses a los 120.000 vecinos de la ciudad con la disyuntiva de no saber dónde pagar los impuestos, tramitar su registro de conductor o habilitar un comercio, mientras que los empleados municipales ignoraban a cuál de los jefes comunales debían rendir cuentas, ni en cuál de las dos sedes debían trabajar. El temor de Poggi es que a nivel provincial se repita aquella funesta experiencia.
El objetivo de vaciar las arcas provinciales está fácilmente al alcance del actual mandatario que ha demostrado no conocer límites. Nombrar funcionarios por medio de leyes como la que acaba de aprobarse es comprometer el presupuesto estatal. Lamentablemente, ese vil proceder podría asimismo expandirse a otros rubros, como la adjudicación de obras públicas de envergadura o, como también denunció Poggi, estableciendo que la Universidad Provincial de Oficios sea convertida en un organismo autárquico con asignación específica de recursos, lo que implicaría sextuplicarle el presupuesto actual. El gobernador electo se encuentra a un tris de pasar de administrar escasez a no tener nada que administrar.
La coalición ganadora sabe muy bien que la transición entre un régimen feudal largamente consolidado y un gobierno democrático puede generar mucho daño a la provincia si se realiza en un contexto de enfrentamiento institucional y disputa de poder. Además de Pro y la UCR, integra la coalición que destronó al candidato del actual gobernador, su hermano Adolfo. El propio Poggi conoce bien el poder de daño de Alberto Rodríguez Saá, pues administró la provincia entre 2011 y 2015. En 2016, ya como opositor, fundó el partido Avanzar San Luis, que lo llevó a ganar elecciones legislativas.
San Luis enfrenta una complicada transición. Es responsabilidad del actual gobernador no convertirla en otro intento de perpetuación feudal contraria a la vida democrática. Bastaría con que fuera consecuente con sus propias palabras al inaugurar la apertura de sesiones de la Legislatura cuando afirmó que “mostrar un presupuesto equilibrado es el test de un buen gobierno” o cuando sostuvo: “Ojalá los políticos de nuestro país aprendieran más de los aciertos y errores de quienes los precedieron, para no empezar siempre de cero, malgastando un tiempo y una energía social que es muy valiosa”. En sus manos está que el próximo gobierno no solo no comience de cero en cuanto a gestión, sino que no tenga que iniciar con un menos diez en términos presupuestarios.
En cuanto a Poggi, le tocará llevar a la práctica la promesa hecha tras haber ganado los comicios: transformar a San Luis en “un faro para el cambio en el país”. A él le cabrá la responsabilidad de evitar que se repita una triste y conocida historia en la que los feudos solo cambian de señor feudal. Así ocurrió en la cercana Santiago del Estero, donde a merced del matrimonio Zamora, los santiagueños siguen sufriendo un juarismo sin Juárez.
Es de desear que, para bien de los puntanos, Poggi no se deje encandilar por ese faro en el que añora convertir a su provincia.
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