San Luis: una extensa historia de abusos por revertir
La salud de la República no admite la perpetuación en el poder de las dinastías familiares que consideran el territorio provincial patrimonio propio
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LA NACION
Corría 1904 cuando el veterano estadista Bernardo de Irigoyen, desde su banca en el Senado, reflexionaba acaloradamente sobre una breve intervención federal impuesta ese año a la provincia de San Luis: “He oído decir que hace 25 años que la familia Mendoza domina en aquella provincia, tiempo largo señor presidente”. Y remarcaba que todos los actos de la vida interna provincial se tramitaban entonces “con los inconvenientes de carecer de las garantías constitucionales”.
Días antes, un grupo de ciudadanos, encabezados por el dirigente radical Juan T. Zavala y por los conservadores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Arancibia Rodríguez, se habían sublevado para terminar con aquel régimen oligárquico. No existía allí la reelección, como en ninguna de las provincias argentinas, pues era considerada una distorsión del régimen republicano y, como tal, excluida de las constituciones provinciales tomando como ejemplo la Constitución nacional.
Lamentablemente, esto no evitó que quienes gobernaron muchas provincias trabajaran laboriosamente a lo largo del tiempo para ser sucedidos en esos cargos por sus esposas, hermanos, sobrinos e hijos.
El gobierno de San Luis, elegido a las pocas semanas de la referida intervención federal, convocó a una convención reformadora de la Constitución provincial, que incorporó una cláusula antinepotismo. El miembro informante, futuro gobernador de la provincia y senador nacional Alberto Arancibia Rodríguez expresaba entonces: “En nuestra tradición política se encuentra el gran fundamento del artículo que evita la perpetuación de una sola familia en la primera magistratura de la provincia, inmoralidad que no solo se ha visto en San Luis, durante muchos años, sino también en toda la república”.
San Luis aprobó su primera Constitución en 1855, durante el gobierno de Justo Daract, indirectamente influenciada por Juan Bautista Alberdi, pues Daract le pidió al gobernador Pedro Pascual Segura, de Mendoza, el texto de su Constitución sancionada en 1854.
Sería un nieto de los impulsores de la gesta republicana de 1904 quien iba a promover el retorno del nepotismo a San Luis y a convertir en una ficción la división de poderes
Paradojas de la historia, sería un nieto de uno de los impulsores de aquella gesta republicana de 1904 quien iba a promover el retorno del nepotismo a San Luis y a convertir en una ficción la separación de poderes que distingue a los sistemas republicanos.
Efectivamente, en la reforma constitucional de 1986/87, durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, se aprobó la reelección indefinida y se suprimió la cláusula que impedía la sucesión inmediata por un familiar cercano del gobernador. El resultado fue que, desde 1983 –con la excepción de Alicia Lemme, vicegobernadora que en 2001 se hizo cargo del gobierno cuando Adolfo Rodríguez Saá renunció para asumir, por siete días, la presidencia de la Nación, y en el período 2011-2015, en el que gobernó Claudio Poggi–, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá se alternaron sucesivamente en el gobierno pisoteando los sanos preceptos institucionales que deben regir en un sistema democrático.
En 2007, tuvo lugar otra reforma en el feudo puntano que limitó a dos períodos consecutivos la posibilidad de reelección, pero no se eliminó la alternativa de la sucesión familiar. Para neutralizar una creciente oposición política que llevó a un incremento en la representación legislativa, se pergeñó también la incorporación de un Senado de nueve miembros elegidos por cada uno de los departamentos de la provincia, alguno de ellos con apenas cinco mil habitantes. Como en otros distritos, a partir de la reforma, se buscó distorsionar la representación legislativa de departamentos poco poblados en los que el oficialismo puede llegar a ejercer mayor presión sobre las condiciones sociales y económicas de sus habitantes.
San Luis tiene una coparticipación elevada, que le ha permitido, sobre todo antes de 2003, desarrollar una gran cantidad de obras públicas, como la autopista de la ruta 7, hoy con graves problemas de mantenimiento. Se concretaron algunas obras útiles, como la red de acueductos, asociadas a otras de escasa rentabilidad social, como tres autódromos o el aeropuerto de Merlo, inaugurado en 2001 y sin movimiento de aviones.
El gobierno puntano reporta no tener problemas en cuanto a mortalidad materno-infantil, pero las mediciones nacionales de 2019 indican que el índice es de los mayores del país. En cuanto a la educación, se ha negado a realizar las evaluaciones de las pruebas PISA. La Justicia está claramente sometida a los designios del Poder Ejecutivo y los municipios reciben solo el 5% de la coparticipación secundaria, cuando el promedio nacional es del 11%.
El pueblo de San Luis, histórico semillero del Regimiento de Granaderos General San Martín, merece recuperar el pleno goce de sus derechos y dejar atrás tantos años de feudalismo
En materia de transparencia de las cuentas públicas, San Luis se ubica en el penúltimo lugar de un ranking elaborado en 2020 entre todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires por el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En él se evalúan la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Por debajo de San Luis, con el peor de los resultados, solo se encuentra Corrientes.
La pandemia ha mostrado al feudo de los Rodríguez Saá como uno de los distritos donde más se habrían violado los derechos humanos, tanto que se cerraron incluso las fronteras, como si se tratara de un Estado independiente. Todo esto sin que el gobierno federal ejerciera su autoridad. Esto trajo serios inconvenientes a familias, al desempeño laboral, a las empresas y a la logística de mercaderías entre las provincias cuyanas y el Litoral, pues se alargaron en más de 600 kilómetros los recorridos de los camiones transportadores, con los consiguientes aumentos de costos.
Otra muestra es el cuestionable pedido del defensor de Pobres y Ausentes de la provincia tendiente a archivar la causa abierta por la muerte de Florencia Magalí Morales, de 39 años, en abril último, en plena cuarentena, tras ser privada de su libertad por fuerzas policiales. Su deceso se produjo en la celda de una comisaría del interior de San Luis, donde se la halló ahorcada, y se responsabilizó a los efectivos policiales que se hallaban presentes en la guardia de la seccional. Sin embargo, el funcionario judicial consideró que no existen pruebas y motivos como para profundizar la investigación.
El pueblo de San Luis, histórico semillero del Regimiento de Granaderos General San Martín, merece recuperar el pleno goce de sus derechos y dejar atrás tantos años de perverso feudalismo.
Nadie, ni individual ni colectivamente, puede arrogarse el derecho a ser el conductor de un feudo, en lugar de trabajar en pos del bien común de los ciudadanos. La salud de la República no admite tamaña perpetuación en el ejercicio de un poder que solo pretende sostener dinastías familiares renuentes a respetar y promover los derechos y el bienestar de los habitantes. Dinastías ávidas de eternizar para sí los beneficios de considerar el territorio provincial patrimonio privado.
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