San Luis: la democracia, en cuarentena
En el territorio gobernado por Alberto Rodríguez Saá, la pandemia sanitaria parece ser la mejor excusa para la propagación de medidas arbitrarias
LA NACION
Desde este espacio se ha calificado en reiteradas oportunidades al gobierno de San Luis como un símbolo de feudalismo. Y si lo era en épocas de normalidad, los hechos revelan que lo es mucho más en tiempos de pandemia. Porque a ese feudalismo histórico forjado bajo el apellido Rodríguez Saá se le suma el actual liderazgo despótico que lleva el nombre de Alberto, su gobernador.
San Luis es territorio blindado. Bajo la excusa de combatir el Covid 19, Alberto Rodríguez Saá amuralló los límites provinciales con fuerzas de seguridad y convirtió los ingresos a la provincia en un verdadero vía crucis. Las denuncias se multiplican en los medios. Un hombre que viajaba desde Córdoba ingresó por Buena Esperanza, localidad ubicada en el sur de la provincia, y luego de ser obligado a esperar a que se reuniera un grupo de vehículos, la caravana, encapsulada entre patrulleros, emprendió casi a paso de hombre los 570 kilómetros que la separaban de La Punta. Los camiones que ingresan a la provincia desde Mendoza o desde Córdoba sufren igual procedimiento y los hacen avanzar a 40 kilómetros por hora, también custodiados por patrulleros.
La provincia solo mantiene activos ocho puestos limítrofes, mientras que los demás fueron bloqueados con taludes de tierra. Cientos de vehículos de puntanos que regresaron desde otras provincias según el protocolo nacional terminaron detenidos hasta tres días en Justo Daract, viviendo dentro de los autos, con permiso para usar un baño que cuenta con solo un inodoro y un lavamanos utilizado por decenas de personas. Los permisos para ingresar a la provincia por lo general no tienen respuesta y son concedidos por el gobernador de manera discrecional, como sucedió con el golfista Rafael Echenique, quien solicitó autorización para ingresar en cinco oportunidades y solo se destrabó con la intervención personal de Alberto Rodríguez Saá.
Semanas atrás trascendió que, ante la saturación del campus de La Punta, el gobierno dispuso alojar pasajeros en el Hotel Arenas, un hotel de lujo propiedad de la empresa Slots Machines, parte de un conglomerado empresario propietario de los casinos de San Luis y denunciado por presuntas vinculaciones con el lavado de activos provenientes de la corrupción política. Ante la trascendencia de la noticia, la Cámara de Hoteleros de Merlo ofreció los hoteles de la localidad, pero la iniciativa no prosperó.
Pero, así como es una odisea entrar a la provincia, también lo es salir. Por ejemplo, en una carta abierta al gobernador, la hija de una jubilada de 70 años que estaba de vacaciones y quedó varada en San Luis hizo pública la situación que vive su familia, pues la solicitud para regresar a Buenos Aires, que tiene que aprobar la gobernación, le fue rechazada en reiteradas oportunidades a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos. Y en su carta concluye: "La palabra cuidar se está usando como sinónimo de controlar y castigar".
Las personas que efectuaban cadetería o delivery, un servicio esencial dadas las actuales restricciones, se enteraron de un día para el otro de que el gobierno les había anulado los permisos, obligándolas a efectuar nuevamente los trámites. Algunos de ellos hace semanas que esperan una resolución.
También el gobierno dispuso un registro en el que los comerciantes minoristas deben anotarse para obtener un "permiso San Luis" para ejercer el comercio. Los protocolos impuestos se encuentran en la página web provincial, pero no siempre están accesibles y tampoco son fáciles de localizar. Además, el gobierno impuso a los comerciantes la obligatoriedad de presentar un certificado de cumplimiento fiscal para habilitarlos nuevamente, bajo apercibimiento de recibir clausuras y multas. Un grupo de comercializadores de verduras advirtió que si el gobierno no revisa el mecanismo establecido para el ingreso de productos alimenticios es probable que se produzca desabastecimiento de carnes y verduras. El gobierno dispuso que los camiones que ingresen a las principales ciudades dejen su carga a 10 kilómetros, lo que obliga a los comerciantes a dirigirse hasta ese lugar para retirar la mercadería.
Según un estudio realizado en todas las provincias por la consultora Analytica sobre las medidas tomadas entre marzo y abril para contener los impactos económicos de la pandemia, San Luis figura entre los tres peores estados provinciales. Motivan esa clasificación la falta de apoyo a políticas municipales, el pobre soporte a las pymes y el casi nulo apoyo a las familias.
Desde el 20 de marzo la policía detuvo a un promedio de 200 personas por día y secuestró diariamente cerca de 50 vehículos. Hubo detenidos que permanecieron hasta tres días dentro de los calabozos, hacinados con los nuevos presos que iban llegando. Estos procedimientos generaron dos muertes bajo el sospechoso método del suicidio. Magalí Morales, que fue detenida cuando transitaba en bicicleta, apareció ahorcada con el cordón de un buzo en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. Un menor de 16 años se ahorcó con la remera en la comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes. Esta localidad es la misma en la que el intendente, con la excusa de que los comercios cierran a las 20 y ya no hay motivo para salir de los hogares, implantó un toque de queda con sonido de sirenas similares a las utilizadas en zonas en guerra.
Los diarios nacionales estuvieron cinco días sin ingresar a la provincia bajo la excusa de que el virus podría anidar en el papel -algo ya comprobadamente falso-, aunque el diario de propiedad del gobernador continuó circulando libremente.
Nunca se sancionaron legalmente las restricciones. Por lo tanto, no hay respaldo normativo para los excepcionales mecanismos imperantes en San Luis, por lo que la acción del Estado se concentra en la figura del abusivo gobernador, que lee en la TV pública provincial un parte diario como toda información oficial.
En San Luis, la pandemia sanitaria parece ser la mejor excusa para que se propaguen decenas de medidas arbitrarias impuestas por un gobierno provincial infectado por el virus del feudalismo y el despotismo, que además de restringir injustificadamente la vida de los puntanos puso en cuarentena la democracia.
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