Rige la ley de etiquetado frontal
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LA NACION
Recientemente, ha comenzado a regir la obligatoriedad de cumplir con la ley de etiquetado frontal de los alimentos. La norma, sancionada en octubre de 2021, había otorgado una prórroga de seis meses a los principales fabricantes y el plazo se cumplió.
Los sellos negros se irán multiplicando en las góndolas al concretarse los reemplazos de mercadería y los compradores serán así debidamente advertidos respecto de la presencia de excesos de grasa, azúcares o sodio entre los ingredientes de los alimentos.
Un cambio tan positivo en la normativa ha servido también para que algunos fabricantes optaran por modificar sus fórmulas a fin de esquivar los sellos.
Cabe destacar que la aplicación de la ley no es universal y que recae exclusivamente sobre los productos envasados de venta en supermercados, alimentos y bebidas envasadas. Sus similares que pueden adquirirse, por ejemplo, en una panadería u otro canal de distribución están exentos, se quejan algunos. También se cuestiona que la región no tenga un marco regulatorio común en la materia para favorecer los intercambios y no obstaculizarlos. En cuanto a los productos importados, muchas veces los volúmenes acotados imponen limitantes para que los fabricantes extranjeros adopten sus envases a nuestras leyes.
La norma afecta la publicidad de productos que tengan octógonos negros en los envases, pero deberán pulirse los criterios que hoy no son del todo razonables cuando prohíben a unos pero habilitan a otros en idénticas condiciones. También limita la posibilidad de donación de productos con sellos negros, mercadería que, al tener un vencimiento cercano, llegaba habitualmente a comedores y organizaciones sociales, y que ahora se interrumpe. Se trata de un ajuste que deberá revisarse sin demoras en momentos de tanta necesidad para no perder alternativas que, aun no siendo las sanitariamente óptimas, sirven para paliar la emergencia alimentaria.
Cuando son tantos los argentinos que sufren hambre, ocuparnos de esta ley puede parecer un desatino. Pero lo cierto es que el 60% de los argentinos adultos tiene exceso de peso, con una cifra que trepa al 42% en niños de edad escolar, lo que constituye un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, entre otras.
Modificar a largo plazo los hábitos alimentarios y llegar al consumidor con información fidedigna es clave. Aunque no será solo con etiquetas como mejoraremos el consumo responsable si en las escuelas, por ejemplo, hay máquinas expendedoras de ultraprocesados. La educación, una vez más, es una herramienta primordial.
Resulta lamentable que nuestros legisladores no hayan podido prever las correcciones que hoy se imponen. Más allá de los ajustes que puedan incorporarse, la ley debe celebrarse y su aplicación, exigirse.
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