Renovados ataques y amenazas a la Justicia
Resulta pavorosa la forma en que en nuestro país son constantemente agraviados, vigilados y presionados numerosos funcionarios del Poder Judicial
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LA NACION
Solo con mucha inocencia podría hablarse de casualidad entre la iniciación de la etapa final del juicio a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz y la reciente vulneración de documentación crítica de los magistrados que integran ese tribunal. El acceso de desconocidos a oficinas públicas de la Administración General del Consejo de la Magistratura donde revisaron sobres lacrados con declaraciones juradas de magistrados y sus familiares constituye un atentado de una gravedad inusitada. Cabe preguntarse quiénes, en nuestro país, tienen la capacidad operativa para acceder a esa documentación. No se vislumbra otra finalidad que no sea la intimidación o extorsión. Si bien la documentación no fue retirada, bien pudo haber sido escaneada o fotografiada.
El hecho ocurrió durante el fin de semana largo de junio y afectó una de las áreas más sensibles del organismo judicial: la oficina que tiene bajo su custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales.
Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se ha informado sobre las medidas de seguridad que el Consejo había adoptado para proteger esa información tan delicada: solo se habla de documentación que estaba bajo llave en poder de funcionarios.
Naturalmente, el edificio cuenta con cámaras de videovigilancia. Pero, coincidentemente, no funcionaron en esa oportunidad. Es cierto que esa anomalía venía afectando desde el jueves anterior a todo el Poder Judicial, pero tampoco se ha informado cómo es posible que esto ocurriera durante tanto tiempo. Solo se ha explicado que el exterior del edificio es vigilado por la Policía Federal.
Ante la gravedad de lo sucedido, el Consejo de la Magistratura se reunió de urgencia y decidió la intervención del área intrusada, y se aguardan ahora los resultados de los peritajes.
La hipótesis de claras maniobras de intimidación se refuerza por la circunstancia de que de un total de 12.000 documentos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial solo se revisó una veintena de declaraciones entre las que se encontraban las de los tres magistrados que investigan a la vicepresidenta de la Nación en la causa Vialidad.
A ese claro acto de intimidación puede sumarse el hecho de que los delincuentes no tomaron previsión alguna para ocultar su atentado e, incluso, agregaron la “sutileza” de hurgar también en la documentación de funcionarios de fueros menos expuestos o de menor gravitación.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no ha dudado en considerar el hecho una nueva amenaza contra la Justicia y reclama que se esclarezca.
El delito fue denunciado por la Corte Suprema y por el Consejo de la Magistratura ante el juez Daniel Rafecas. El fiscal federal Ramiro González solicitó de inmediato medidas de pruebas como el registro de los ingresos, las declaraciones de los funcionarios, imágenes de otras cámaras de seguridad de la zona y la activación de células de telefonía, así como también información de la Policía Federal que debía custodiar el edificio.
No hay ninguna duda de que el hecho se inscribe entre las muchas y renovadas presiones contra la Justicia que se acumulan desde 2019, en ocasiones bajo el disfraz de propuestas de reformas y, en otras, como descalificaciones directas.
Esa tan vergonzosa como preocupante arremetida continuó con altibajos hasta fines de 2021. Pero desde diciembre pasado, cuando un fallo de la Corte dejó sin efecto una reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por Cristina Kirchner cuando era legisladora, se acentuó al punto de que el oficialismo lanzó una campaña para ampliar a 25 el número de miembros del más alto tribunal del país. Ni siquiera se tuvo en cuenta que fue la propia vicepresidenta quien, por aquellos años como integrante del Poder Legislativo, impulsó y logró su reducción a cinco integrantes. Tampoco que, en los últimos meses, el Gobierno nunca hubiera intentado cubrir la vacante producida por la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte. Tras todas esas indisimulables amenazas, un grupo de gobernadores adhirió al proyecto oficial de ampliación de la Corte buscando presionarla en vísperas de decisiones que esta se apresta a tomar en el litigio que mantienen varias provincias con la ciudad de Buenos Aires.
Naturalmente, no son las únicas embestidas contra nuestra Justicia. Los ataques también provienen del crimen organizado, como sucede en Rosario, ciudad donde tuvo lugar una histórica reunión de jueces de todo el país en apoyo de los funcionarios locales que investigan allí el narcotráfico.
Ante estos antecedentes no extraña el silencio guardado por el Poder Ejecutivo respecto de lo ocurrido, ni que haya omitido solidarizarse con el Poder Judicial, ni la falta de reclamos oficiales de esclarecimiento del hecho.
Bien se ha dicho que “el juez, en su interior, debe conceder asiento grande a la fortaleza, que da firmeza al alma ante la amenaza de los poderosos”, pero cuando las presiones alcanzan a terceros como sus familiares, la cuestión es mucho más preocupante.
LA NACION
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