Registros del automotor, una vergonzosa caja política
La decisión del gobierno nacional de desregular un sistema obsoleto y altamente costoso para los usuarios debe ser apoyada
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LA NACION
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el 40% de los registros del automotor con el fin de reducir costos y eliminar trámites burocráticos resulta saludable, aunque es de esperar que tal medida se profundice para avanzar hacia el cierre de la totalidad de estos organismos, que, durante años, han sido una vergonzosa caja política.
Como lo informó recientemente LA NACION, son numerosos los apellidos relacionados con dirigentes políticos que figuran hoy como titulares de los mencionados registros.
Este nefasto fenómeno asociado al nepotismo se inició con un decreto de 1989 que determinó que los titulares de los registros serían designados por el Ministerio de Justicia y removidos por este solo tras un sumario. De ahí que, en la práctica, quienes han sido designados resulten inamovibles y gocen de la misma estabilidad que un empleado público.
Se estima que de las 1558 oficinas registrales del país, algo más de 200 se encuentran a cargo de parientes o amigos de expresidentes, legisladores, intendentes y concejales de distintas extracciones políticas, así como también de allegados a jueces.
A modo de ejemplo, puede citarse que dos miembros de la familia Menem continúan al frente de registros. Uno es el caso de la titular de un registro de la Capital Federal, Marcela Fátima Menem, sobrina del expresidente Carlos Saúl Menem y hermana de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario general de la Presidencia. El otro caso lo representa Juan Pablo Valente -cuñado del exsenador Eduardo Menem y tío del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, quien figura como titular de un registro en Plottier, Neuquén.
Un registro de Olivos está desde 1989 a cargo de Bruna Fabiana Cerruti, hermana de Gabriela Cerruti, la exvocera de Alberto Fernández.
La esposa del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales, María Eugenia Tulia Snopek, aparece como titular de un registro en esa misma provincia desde hace 27 años. En Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Arcioni, hermano del exgobernador chubutense Mariano Arcioni, también está a cargo de un registro. Lo propio sucede con Jorge Augusto Sapag, gobernador de la provincia de Neuquén hasta 2015, quien tiene a cargo dos registros del automotor y uno de motos.
En distintos registros del país se distinguen apellidos vinculados a recordados funcionarios menemistas, como Arias, Anzorreguy, Granillo, Mera y Balza. Roberto Eugenio Tomás Barra, hermano del actual procurador del Tesoro y exministro de Justicia, Rodolfo Barra, tiene a su nombre un registro en la CABA.
En Chivilcoy, Luis Antonio Esteban Randazzo, hermano mayor del diputado y exministro del Interior y de Transporte Florencio Randazzo, está al frente de otro registro.
Si casi todas las administraciones abusaron de los registros para justificar los privilegios de allegados al poder, la salida de Alberto Fernández del gobierno dejó un tendal de nombramientos que la actual gestión deberá investigar, entre otras tantas aberraciones cometidas para asegurar puestos a militantes políticos. Tan solo en dos meses coincidentes con el proceso electoral del año último la entonces directora de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro, cercana a Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según investigaciones periodísticas. No implica esto desconocer que muchos registros operan con responsabilidad y honestidad, brindando un buen servicio al público.
La decisión presidencial de desregular los registros de propiedad automotor, incluida en el DNU 70/23, debe ser avalada, por cuanto representa no solo la simplificación de una enorme burocracia, sino también la eliminación de un sistema obsoleto y costoso.
La Argentina es uno de los pocos países donde gestionar la transferencia del dominio de un vehículo automotor requiere de una decena de trámites que implican un costo no inferior al 6% del valor del bien, el triple de lo que se paga en países vecinos, como Chile.
Resulta necesario modernizar estas gestiones administrativas implementando mecanismos de autogestión para la transferencia de automotores y abaratar el patentamiento, haciendo que la patente pase a pertenecer al usuario y no al vehículo.
Es hora de poner fin a estas vergonzosas cajas orientadas a financiar de manera espuria a parte de la dirigencia política y a beneficiar a sus amigos, y es menester avanzar en la simplificación de los trámites y los excesivos costos que pagan los ciudadanos para alimentar una burocracia ineficiente.
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