Registro de datos genéticos: más seguridad, más justicia
Diputados acaba de dar un paso clave hacia la ampliación de un instrumento que permitirá acotar tiempos en el esclarecimiento de todo tipo de delitos
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La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que amplía el registro de datos genéticos a todos los delitos constituye un avance importante, pues extiende ese cúmulo de información útil para la investigación y resolución de crímenes diversos que, en muchos casos, resultan difíciles de probar.
La iniciativa, que modifica la ley sancionada en 2013, de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos sobre delitos cometidos contra la identidad sexual, fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque los legisladores introdujeron cambios al texto original.
De ser convertido en ley en el Senado, hacia donde fue girado para su debate, el registro sumará a los datos genéticos de los responsables de delitos sexuales que hayan tenido condena la información sobre otro tipo de actos ilícitos, pero también de pruebas: no solo fluidos como la sangre, el semen y la saliva.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba), explicó que el objetivo de la ley en tratamiento es que “cada vez que exista una persona imputada de un delito se extraiga su perfil genético para sumarlo a una base de datos contra la cual pueda impactar el perfil de un autor no identificado. En caso de haber coincidencia (”impacto identificatorio positivo” o “match”) se le informa al juez de la causa, constituyéndose una prueba poderosísima” y aclaró que, “en caso de resultar desvinculado de la causa, el perfil genético se elimina del registro, si así lo desea la persona desvinculada”.
Votaron favorablemente La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. La izquierda y Unión por la Patria lo rechazaron, salvo siete legisladores peronistas que se abstuvieron, entre ellos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Arroyo.
Quienes se opusieron dijeron que se trata de “un muestreo y almacenamiento compulsivo”.
Refuta esa aseveración un antecedente sumamente positivo de este proyecto: el registro de similares características que funciona en la provincia de Mendoza. Creado en 2016, allí se denomina Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (Rphdg) y depende del Ministerio Público Fiscal provincial. Mediante su uso se logró articular áreas científicas específicas con tecnología de última generación, al punto de que hoy se ubica como uno de los más importantes de América del Sur en cuanto a base de datos se refiere, permitiendo unificar y comparar las muestras de ADN extraídas de todas las personas imputadas por un delito.
Según datos oficiales, hasta hoy, el laboratorio mendocino ha logrado recabar 87.003 perfiles genéticos. De ese total, 52.242 corresponden a imputados, 12.452 a personas que cumplen condenas, 12.514 a integrantes de las fuerzas de seguridad provincial y 9815 a empleados de empresas de seguridad privada. En tanto, otros 297 perfiles logrados a través de la extracción de material genético pertenecen a integrantes del personal del Ministerio Público Fiscal y 583 a voluntarios. El 67% de ellos coincide con el de personas condenadas o imputadas, lo cual da cuenta del alto nivel de efectividad de este complejo dispositivo que ha permitido acortar los tiempos al momento de esclarecer los hechos delictivos ocurridos en el territorio provincial. Desde su creación, hace casi ocho años, permitió resolver unas 4000 causas y registrar 1068 coincidencias positivas.
La norma nacional integra el paquete de leyes que la ministra Bullrich envió al Congreso a mediados de abril pasado. Además del registro referido, esa remisión incluyó una nueva ley antimafias, la reducción o eliminación de las penas para miembros de las fuerzas de seguridad que se vean involucrados en un caso de gatillo fácil y el incremento de penas para quienes reincidan en un delito.
El primer paso ya fue dado con la aprobación del registro por una de las cámaras del Congreso. La palabra está ahora del lado del Senado. Contar con ese tipo de instrumentos en épocas de creciente inseguridad como la que se vive hoy en buena parte del país importa un innegable avance. Mantenerlo en el tiempo, contribuirá también a la disuasión.
Nadie debería temer a que sus datos genéticos sean archivados si no piensa en cometer un delito. La protección de los datos es fundamental, pero si estos contribuyen a evitar que, día tras día, se cometan más crímenes aberrantes que pueden terminar con vidas humanas, no parece haber mucho lugar para la discusión fútil o políticamente amañada.
Agilizar los procesos investigativos, acelerar la resolución judicial y encarcelar a los delincuentes es una aspiración de toda sociedad que se precie de respetar las leyes, hacerlas cumplir y, de más está decir, de vivir civilizadamente, segura y en paz.
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