Reelección de intendentes: otra burla a la ciudadanía
La oprobiosa ley bonaerense que permite nuevas reelecciones de los intendentes atenta contra calidad de nuestra democracia republicana
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Con una inusitada velocidad, las dos cámaras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires habilitaron, en una jornada y en apenas cinco horas, la posibilidad de una nueva reelección para los intendentes bonaerenses, mediante la modificación de la ley sancionada en 2016 que sabiamente había limitado a dos los mandatos consecutivos de jefes comunales, legisladores, concejales y consejeros escolares. La rapidez del trámite es demostrativa no solo de la inmoralidad de quienes hacen lo que sea para perpetuarse en el poder, sino también de la celeridad y la cohesión con las cuales son capaces de actuar cuando se trata de defender sus mezquinos intereses corporativos, burlándose de la ciudadanía.
La modificación legal, sancionada con una amplia mayoría en ambas cámaras legislativas, considera que el primero de los dos períodos gubernamentales de un jefe comunal por contabilizar sea el que comenzó en 2019 y no el iniciado en 2015, como señalaba la norma anterior, aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal. La otra reforma impuesta aclara que el segundo mandato se contará como total, más allá de que sea cumplido parcialmente.
Es cierto que la ley sancionada en 2016 adolecía de una falla o de un voluntario ardid, por cuanto el decreto reglamentario de esa norma, emitido tardíamente en 2019, abría una ventana para que los intendentes del Frente de Todos se acogieran a pedidos de licencia al promediar su último mandato, en virtud de que si no completaban la mitad de su período gubernamental quedarían habilitados para presentarse en busca de un nuevo mandato como jefes comunales en 2023. Fue así como una veintena de intendentes peronistas, encabezados por el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, solicitaron licencias en sus cargos y pasaron a ocupar puestos en los gobiernos nacional o bonaerense, o se anotaron como candidatos legislativos, pidiendo licencia o renunciando antes del 10 de diciembre último.
Pero en lugar de ratificar el sano espíritu de la ley de 2016, que era evitar la perpetuación de los intendentes bonaerenses, luego de vergonzosas y desembozadas negociaciones entre las principales fuerzas políticas, la Legislatura terminó convalidando la pretensión de los jefes comunales que abogaban por permanecer en el poder sin restricciones.
Así, podrán volver a presentarse para un nuevo período de gobierno en 2023 unos 90 intendentes de la provincia, de los cuales 48 pertenecen a Juntos por el Cambio.
Con tan variados como inconsistentes argumentos, la mayoría de los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, incluyendo a los radicales y a los de Pro, acordaron modificar la ley en beneficio de la posibilidad de que los intendentes bonaerenses puedan validar su continuidad. Solo se opusieron a la modificación legal un puñado de legisladores cercanos a María Eugenia Vidal; otros pocos de la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió; los representantes del massismo, y los liberales de Avanza Libertad.
Los llamados barones del conurbano, finalmente, se salieron una vez más con la suya y el oficialismo obtuvo un doble triunfo. No solo logró la sanción de la nueva ley, sino que además dejó en evidencia cómo la principal fuerza opositora traicionó a su electorado, adhiriendo a una malsana tradición de gobiernos feudales autoritarios, que ya sufrimos en numerosas provincias, al anular el saludable principio de la alternancia en los cargos y la periodicidad en los mandatos.
Efectivamente, el amplio apoyo para perpetuar intendentes por más de dos períodos consecutivos al frente de sus municipios transmite el mensaje de que unos y otros son igualmente inmorales y que, aferrados a la silla del poder, privilegian sus intereses particulares por encima de la calidad institucional, la sana alternancia y el bien común.
Lo acontecido refleja también la falta de un liderazgo claro dentro de la oposición, que represente el deseo de un electorado harto de los abusos de poder y de los intentos de perpetuación en cargos públicos, que reclama por el respeto de los principios republicanos. Ética, una palabra que parece desconocida para muchos.