Que quien las hace las pague
Para que triunfe la idea de libertad es necesario afianzar la Justicia y respetar la autonomía y la independencia operativa de los organismos de control
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LA NACION
En su discurso de asunción, el presidente Javier Milei afirmó: “A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir”.
Sin embargo, en un país donde también según sus palabras “ningún gobierno ha recibido una herencia peor”, el Presidente debería poner límites a su convocatoria, al menos para asegurarse de no estar invitando a los que con su gigantesca corrupción saquearon al Estado argentino, dejándolo en las condiciones en que se encuentra hoy.
La Argentina ha asumido compromisos internacionales de luchar contra la corrupción y el lavado de activos, y debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes hayan cometido dichos delitos, recuperando el producto de estos en favor del Estado.
No hay dudas de que la responsabilidad principal de contribuir a la búsqueda de la verdad y asegurar que se haga justicia corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo también tiene un importante rol que cumplir.
Preocupan las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre su intención de quitar a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera la potestad de querellar
En primer lugar, evitando transmitir mensajes equívocos que lleven confusión sobre su compromiso con la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y su expectativa de que los funcionarios y empresarios que se hayan visto involucrados en tales conductas sean sancionados. El “quien las hace las paga” no puede dejar afuera a los delincuentes de cuello blanco.
En segundo lugar, dejando actuar a los organismos de control especializados para que de forma autónoma e independiente utilicen todas las herramientas a su disposición con el fin de colaborar, investigar, aportar pruebas y querellar penalmente en las causas penales de corrupción y lavado de activos.
En tal sentido, preocupan las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre su intención de quitar a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) la potestad de querellar, bajo el pretexto de evitar así una actuación de estas con fines políticos.
La OA y la UIF son organismos de control del Estado, que actúan en defensa de bienes jurídicos de relevancia fundamental para la estabilidad de la República, como lo son la administración pública y el orden económico financiero, agraviados por la corrupción y el lavado de activos, respectivamente. Cuando estos cuerpos querellan conforme a la ley y sus procedimientos, lo hacen de manera autónoma e independiente; es decir, sin la interferencia indebida del gobierno de turno, porque su responsabilidad es actuar contra quienes se sospeche que hayan cometido delitos de corrupción y lavado de activos, incluso si estos fueran funcionarios del gobierno de turno.
Las falsas evocaciones al lawfare apuntaron siempre a consagrar la impunidad de los corruptos
Entonces, la clave para evitar la politización en el uso de estas herramientas está en el respeto a la autonomía e independencia operativa de tales organismos, requisito que, si bien la ley lo exige, pocas veces ha sido respetado. Ni el ministro de Justicia ni ningún otro funcionario gubernamental debería inmiscuirse en las tareas operativas de la OA o la UIF ni en la dirección y el curso de las querellas, y si lo que el ministro busca es que se actúe sin finalidades políticas, su resguardo es el respeto a la autonomía e independencia de ambas. Esto exige nominar a candidatos probos para liderarlas, que sean designados por su conocimiento en la materia y no por la cercanía a algún funcionario del Gobierno.
El ministro de Justicia argumenta que la querella en manos de la OA y la UIF “viola el principio de igualdad de armas”. Este es el argumento esgrimido por las defensas de los acusados de corrupción y lavado de activos. Sin embargo, su responsabilidad hoy es institucional, y es clave que sepa distinguir y separar sus intereses. El argumento de la desigualdad de armas ha sido rechazado en numerosas oportunidades por la Justicia Penal en las máximas instancias, donde siempre se admitió la posibilidad de que los organismos de control querellen. Además, quienes hayan participado en procesos penales contra corruptos y lavadores habrán podido verificar que los querellantes especializados del Estado en realidad tratan de igualar las armas frente al enorme batallón de abogados expertos con el que las defensas se presentan, muchas veces financiados con el producto del delito.
También se argumenta que la OA y la UIF “fueron usadas como armas de guerra en todas las batallas”. Es este el argumento del lawfare, esgrimido también por las defensas de quienes protagonizaron los períodos más corruptos de la historia argentina, con la intención de hacer creer a la ciudadanía que son víctimas inocentes de una supuesta “persecución con fines políticos”. Apunta a eludir la acción de la Justicia frente a graves acusaciones por las que están siendo debidamente juzgados en numerosas causas penales aún en trámite.
Es importante subrayar que la cooperación internacional en el marco de dichas causas fue inédita en la historia judicial argentina. Ella incluyó la aplicación, por parte de otros países, de procesos rigurosos para la constatación del pleno respeto al debido proceso y los derechos humanos; los que incluyeron verificar precisamente la inexistencia de motivaciones políticas detrás de los requerimientos judiciales y las actuaciones de los organismos de control del Estado argentino.
En momentos en que se implementa un fuerte ajuste fiscal, el Gobierno no debe abandonar su promesa de hacer recaer el peso de sus medidas sobre la “casta”
Las falsas evocaciones al lawfare apuntaron siempre a consagrar la impunidad de los corruptos y lavadores, poniendo en jaque la fortaleza de nuestra democracia y principios básicos de su sano funcionamiento, como la libertad de prensa, la autonomía y la capacidad de actuación de los organismos de control, y la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, cabe destacar que hay dinero asegurado a la espera de los juicios complejos por corrupción y lavado de activos que puede ser decomisado con las condenas y utilizado para paliar la crisis económica que afecta a todos los argentinos. Las querellas de los organismos especializados son claves en el logro de dicho cometido, ya que otorgan importante apoyatura técnica y complementan el rol de los fiscales en la valoración correcta de la prueba aportada.
En momentos en que se implementa un fuerte ajuste en materia fiscal, es necesario que el Gobierno no abandone su promesa de hacer recaer el peso de sus medidas sobre esa parte corrupta de la clase política que el Presidente califica acertadamente de “casta”. También es importante recordar que sin integridad no hay verdadera libertad, y que las nobles ideas de la libertad podrían pagar un altísimo precio si no se logra afianzar la Justicia.
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