Prostitución: entre la hipocresía y la degradación humana

Un reciente fallo de la Justicia Federal condenó al Estado a resarcir con $10 millones por daño moral y psicológico a dos mujeres abusadas sexualmente por seis policías y un agente penitenciario, entre 2009 y 2011, cuando eran menores de edad. El caso vuelve a poner en debate la situación de tantísimas personas que son víctimas directas de proxenetas que hacen del cuerpo ajeno un deleznable comercio.

La referida condena judicial constituye un paso importante en este largo camino plagado de hipocresías de toda índole. No solo se ejecuta una pena económica contra la autoridad que ha cometido un grave delito, sino que, en su sentencia, la jueza Silvina Bracamonte incorporó a la cadena indemnizatoria otras exigencias presentadas por la defensoría pública como la efectividad del pago en un plazo determinado, luego de que la sentencia quede firme, y que el resarcimiento también debe cubrir los gastos de los tratamientos psicológicos para ambas víctimas.

En octubre último, en otro novedoso fallo, no solo se condenó a prisión a quienes obligaron a 30 mujeres a prostituirse en antros cordobeses, sino que se dispuso que las indemnizaran con lo obtenido del remate de autos y propiedades que la banda de proxenetas adquirió con ganancias superiores a $31 millones.

Otra causa iniciada en 2018 condujo a un operativo en el autódromo de Rosario. Una jefa de promotoras en carreras y el empresario contratante quedaron al borde del juicio oral por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual contra unas 50 mujeres obligadas a prostituirse.

Las denuncias no cesan, muchas veces asociadas también a sectas religiosas que captan a sus víctimas y las explotan sexualmente. Ya sea porque se encuentran subordinadas a redes de trata que las mantienen desaparecidas, maltratadas física y mentalmente y hasta amenazadas de muerte, tanto como a sus familiares, o sea que ejerzan la prostitución en una vivienda en forma privada, la situación resulta igualmente degradante y peligrosa a juzgar por la gran cantidad de víctimas mortales que genera este vil comercio, como bien se lo suele definir.

Muchas personas que esgrimen practicar la prostitución por decisión propia dejarían de hacerlo si encontraran trabajos que respeten su dignidad, que les brinden autonomía de decisión, un ingreso económico que les permita desarrollarse laboralmente y proyectar el futuro que hoy tienen vedado.

Sin clientes no hay trata. Es una verdad incontrastable. Nuestro Código Penal no condena la prostitución. No obstante, prevé penas de arresto para quien promueva, facilite y también para quien explote económicamente su ejercicio. El objetivo es combatir tanto la trata como la figura del proxeneta. El problema consiste en delimitar la diferencia entre supuestos “trabajadores sexuales” y explotadores. En la Argentina sobreabundan ejemplos de mujeres y hombres que ofrecen servicios sexuales supuestamente de manera privada, cuando en realidad son pantalla de redes o de proxenetas que los obligan a venderse como si fueran meros objetos.

Quien camine por las calles de la ciudad de Buenos Aires se cansará de ver coloridos volantes ilustrados adosados a frentes de edificios, árboles y mobiliario urbano promoviendo el sexo por dinero. Desde 2011, el denominado “rubro 59″ de avisos clasificados de oferta sexual que publicaban algunos medios quedó prohibido por encubrir un delito que atenta contra la condición humana. La nueva variante publicitaria se exacerbó a partir de entonces ante una sociedad desaprensiva que no exige que la ley también se ocupe de estas faltas. Tan sencillo resultaría contactar y multar a quienes recurren a pequeños panfletos para encubrir tareas sexuales además de reclutamiento de hombres y mujeres, en muchos casos con ofertas engañosas de trabajo. Debemos preguntarnos por qué continuamos haciendo la vista gorda ante quienes se aprovechan de la vulnerabilidad social, la falta de empleo y la pobreza.

Un editorial del diario El País de España no pudo definir mejor este estado de cosas. Decía que es necesario “escapar a la hipocresía social que blanquea o frivoliza esa realidad lacerante”, que el cliente de prostitución “puede ignorar el horror que hay detrás de la vida de las mujeres a las que visita, pero eso no le exime de nutrir una industria de explotación infrahumana” y que no se puede “seguir fingiendo que el problema no existe”.

Desde estas columnas hemos dicho e insistimos en que legalizarla constituye un grave error. Lisa y llanamente, habría que prohibirla, pues convertida en lamentable forma de supervivencia viola derechos de las personas. Aun cuando se argumente y pretenda mostrarse que puede ejercerse de manera “voluntaria”, esconde en realidad explotación sexual en beneficio de terceros.

Es de esperar que en nuestro país el tema sea tomado seriamente. El silencio, tanto como la connivencia y la inacción, son peligrosísimos. Detrás de la prostitución, y valiéndose de ella, se sigue permitiendo, además, que se afiancen y extiendan delitos como la trata nacional e internacional, el comercio de drogas y la pornografía. Cerrar los ojos a la realidad es el peor de los caminos.