Presupuesto: ¿dónde está el piloto?
El decreto presidencial que suplió la falta de la ley presupuestaria para este año propone continuar con un insostenible nivel de gasto público
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LA NACION
El Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, convalidó gastos presupuestarios ya realizados y definió pautas para el financiamiento del déficit de la administración nacional para el resto del ejercicio de 2022.
Debe recordarse que, al no contar con el voto de la oposición, el proyecto de ley enviado oportunamente al Congreso no fue sancionado. El rechazo obedeció a sus defectos de elaboración y su falta de realismo. Por esa razón, y ante la negativa oficial de revisar la iniciativa, quedó prorrogado y vigente la norma de 2021, con enmiendas. En rigor, el manejo fiscal se viene realizando con un “postsupuesto”, más que con un presupuesto: las normas se acomodan a la realidad de los hechos ya acontecidos.
La prórroga del presupuesto anterior implicaba que los precios y salarios deberían ser teóricamente los de agosto de 2020, cuando se elaboró el presupuesto de 2021. La inflación acumulada desde entonces fue de un 122%. Resulta obvio que la prórroga no implicaba respetar los números, aunque de alguna forma la situación debía regularizarse. El reciente DNU intenta dar formalidad al exceso de gasto por sobre el autorizado, que indefectiblemente quedó inaplicable. Además, busca compatibilizar el presupuesto con el acuerdo de facilidades ampliadas suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Transcurrido ya un semestre de 2022, puede decirse que resulta improbable cumplir con la meta de déficit fiscal del 2,5% del PBI
En lo que respecta a las erogaciones, las cifras contempladas en un presupuesto constituyen una autorización a gastar, mientras que las de ingresos son una mera estimación de recursos que no es mandatoria, o sea que no obliga a obtenerlos. Esta distinción es relevante porque el gasto se viene realizando por encima de lo autorizado y este nuevo decreto no evitará que se continúe por la misma senda. El nuevo decreto no explicita la hipótesis de inflación; no obstante, puede deducirse que se trabajó con un supuesto del orden del 50% para 2022. Con seguridad esta cifra será otra vez superada y con ella deberán revisarse los ajustes de salarios, de jubilaciones y de otros gastos.
El nuevo decreto presupuestario proyecta un déficit primario del 2,5% del PBI, compatible con lo acordado con el FMI. Debería valorarse positivamente este objetivo, que es más ambicioso que el de 3,3 puntos del PBI del proyecto anterior, no aprobado. Sin embargo, transcurrido ya un semestre de 2022, puede decirse que resulta improbable cumplir con esa meta. La reducción de los subsidios a la energía no se está logrando, sino que estos se hallan en aumento. La normalización tarifaria encuentra grandes dificultades al proponerse el Gobierno una compleja segmentación de los incrementos. El nivel del gasto en general ya está superando lo previsto. Por lo tanto, no es relevante elaborar conclusiones sobre este DNU en función de sus cifras. Solo queda analizar las proyecciones o definiciones físicas donde ello sea posible. En este sentido, no se observan propuestas de reducción del personal ni del aparato burocrático. Tampoco hay referencias a privatizaciones o tercerizaciones.
El presupuesto es la ley de leyes. Debería constituir el libreto esencial de la gestión de gobierno. En él debiera poner su sello un presidente. No es el caso de este DNU, ya que es solo una convalidación de lo que viene ocurriendo, descartando correcciones estructurales. Nada se dice respecto de continuar la revaluación del peso a pesar de la brecha de más del 75% que hoy separa la cotización del dólar oficial del informal. Esta brecha viene provocando la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, promoviendo comportamientos que conducen al agotamiento de las ya de por sí exiguas reservas de libre disponibilidad.
La ausencia de propuestas de reducción de personal, entre otras muchas, confirma que el proyecto de presupuesto excluye la imprescindible reforma de un Estado paquidérmico y que propone continuar con un nivel de gasto público insostenible. En la presentación del DNU, el Gobierno declaró tener como objetivo el crecimiento sostenible con generación de empleo y reducción de la inflación. No parece este un objetivo consecuente con una proyección presupuestaria sin cambios relevantes, que apenas cumple con formalizar múltiples instrumentos de deuda para solventar un déficit que vuela sin rumbo ni piloto que lo controle.
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