Prescindir del Parlasur
Teniendo en cuenta sus competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a un cuerpo que no legisla y cuya eficacia es muy pobre
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Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de denegar el pedido de cuatro legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que habían sido elegidos en los comicios generales de 2015 y reclamaban el cobro de dietas, quedó cerrado un capítulo. De haberse decidido lo contrario, le hubiera significado al Estado nacional una fuerte y ridícula erogación. Se trata de representantes de un oneroso organismo que no es legislativo, pues no dicta leyes, sino que elabora propuestas para lo que se pensaba que sería una alianza de países que avanzara hacia un mercado común fortalecido, pero que hasta hoy ha demostrado ser apenas una unión comercial imperfecta.
Teniendo en cuenta sus actuales competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a ese cuerpo, que sesiona una vez al mes en Montevideo.
Si bien se necesita del acuerdo de todos sus miembros para dar de baja a este improductivo organismo, bien podría la Argentina liderar en el Mercosur la voluntad de disolverlo, pues han quedado demostradas su ineficacia y su descarada finalidad para una parte no desdeñable de la dirigencia política local que lo usa como depósito de lujo donde alojar a algunos personajes en conflicto con la Justicia, como se hizo, entre otros, con Milagro Sala y José López. Sala, que nunca llegó a asumir, pretendía ampararse en presuntos fueros del Parlasur para huir de su destino de condenada por los diversos delitos que se le imputan. La Justicia determinó que los parlasurianos no pueden ampararse en fueros porque no los tienen. El caso de López resultó igualmente escandaloso. Fue expulsado del Parlasur en agosto de 2016, tras su detención en el convento bonaerense donde aspiraba a ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares, armas y joyas. Pretendieron y siguen pretendiendo muchos dirigentes convertir el Parlasur en una descarada madriguera, bolsa de empleo destinada a exfuncionarios, exmandatarios, exlegisladores, parientes y amigos.
Ante los planteos judiciales promovidos por Claudia Fernanda Gil Lozano, Alejandro Hernán Karlen, Cecilia Britto y Alberto Asseff –todos elegidos en 2015–, la Corte Suprema, en distintos fallos, determinó que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de esas remuneraciones, que deben ser afrontadas por el Mercosur como persona jurídica diferente de los Estados que lo integran: la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente este último como miembro pleno, aunque contará con cuatro años para adaptarse a las normativas del grupo regional.
La polémica sobre los cargos, fueros y dietas de los parlasurianos es de antigua data. Si bien el Parlasur funciona desde 2006, se fue completando por etapas. La Argentina eligió a sus miembros solo en 2015. Esos cargos nacieron con fueros, similares a los de un legislador nacional. Sin embargo, una iniciativa judicial, que encabezó la entonces candidata a diputada Silvia Lospennato, logró anular semejantes privilegios. Fue así como dos sentencias dejaron sin fueros a los parlamentarios del Mercosur.
Siendo Mauricio Macri presidente, se amparó en una declaración conjunta de los Estados miembros para no convocar a elecciones de parlasurianos en 2019 a la espera de que se corrigieran las asimetrías provocadas por las diferencias en la forma de elegirlos en los diversos países. Eso derivó en que una cámara, en un fallo sin precedente, extendiera los mandatos de 2015 por un nuevo período, tras lo cual sobrevino la judicialización de las dietas hasta ahora, en que la Corte dio por tierra con el reclamo para que el Estado se hiciera cargo de pagarlas.
A todo ello hay que agregar que, desde 2016, por una decisión administrativa del gobierno de Cambiemos, a los parlasurianos ya no se les pagan dietas, sino solamente pasajes, viáticos y el alojamiento en Uruguay cada vez que viajan a la reunión mensual.
En los comicios de 2023 volvieron a elegirse los 43 miembros argentinos del Parlasur. En diciembre último, asumieron por Unión por la Patria Teresa Parodi, exministra de Cultura; Victoria Donda, exlegisladora y extitular del incompetente y hoy desaparecido Inadi; José Cáceres, exvicegobernador de Entre Ríos; Ricardo Branda, exsenador; Mariano Arcioni, exgobernador de Chubut; Gustavo Arrieta, exadministrador de Vialidad Nacional, y Gustavo Fuks, exsubsecretario de la Cancillería. Por Juntos por el Cambio, el escritor Federico Andahazi, el actor y exlegislador Luis Brandoni, y los exdiputados Álvaro Lamadrid, Lilia Puig y Laura Sesma. Por La Libertad Avanza asumieron varias personas del entorno de Javier Milei sin experiencia previa en la política. Acaso una de las más conocidas sea el exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Cabe aclarar que, al haber coincidido esta elección con la primera vuelta electoral, en la que se impuso el kirchnerismo, la mayor representación en el Parlasur corresponde a representantes de ese sector. Todos ellos cumplirán mandato hasta 2027.
Es hora de que la Argentina tome la delantera y reclame su eliminación. Nada de peso ha aportado ese cuerpo hasta ahora. Solo ha venido sumando declaraciones y documentos, creando comisiones y, lamentablemente, protagonizando escándalos, reclamos judiciales, gastos de dinero y de tiempo.
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