Premio a usurpadores
El gobierno nacional se apresta a otorgarles tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos procesados por el delito de usurpación
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LA NACION
La acción de usurpar, incendiar, robar, despedazar y desmantelar bienes del dominio público y privado merece un premio. Al menos eso parece entender el gobierno nacional frente a quienes invocan su calidad de mapuches pero no son más que delincuentes comunes. Son los que han provocado pérdidas y daños en nuestra Patagonia, en el complejo recreativo Ruca Lauquen, en el colegio San José, en el predio Hueche Ruca del Obispado de San Isidro, en el conjunto de cabañas de Gas del Estado, en las cabañas La Cristalina, La Escondida y Los Radales, e incluso en el exhotel Instituto Obra Social (IOS), que iba a convertirse en la Escuela de Guardaparques y fue desmantelado por completo para usar sus maderas y las chapas de sus techos.
El premio oficial consiste en otorgarles a quienes están procesados por el delito de usurpación –desalojados por el propio Ministerio de Seguridad del Gobierno– tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi para que realicen sus ritos. Ello sucede luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, solicitara a la Justicia Federal de Río Negro postergar el inicio del juicio oral por el delito de usurpación contra integrantes de un grupo que se presenta como mapuche, aunque sus pares no lo reconozcan como tal, y que tomó por la fuerza tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, muchas veces con la complicidad oficial.
Corresponde recordar que la toma de tierras comenzó en 2017, cuando una joven que por entonces tenía 16 años “recibió un mensaje sobrenatural” que le indicó que las tierras del Lago Mascardi eran sagradas y que allí debía instalarse junto a su comunidad, Lafken Winkul Mapu. Pocos días después, ella y una veintena de personas ingresaron al predio, propiedad de Parques Nacionales.
Este “mensaje sobrenatural” es el fundamento del Gobierno para entregar tierras a este grupo de delincuentes, lo que sigue despertando el desconcierto y el repudio de la junta vecinal de Villa Mascardi, expresado en un comunicado que establece que “la ilegal propuesta promovida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y su segundo, Mariano Przybylski (director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional), desde hace dos años –basada en el fantasioso relato de la familia de delincuentes Colhuan Nahuel– se contradice abiertamente con lo afirmado por la Justicia Federal luego de cinco años de investigaciones, por lo cual la Secretaría de Derechos Humanos pretende silenciar el juicio oral, suspendiéndolo en plena ejecución mediante una inadmisible intromisión que viola la división de poderes, base de la República Argentina”.
La sociedad argentina está harta de que las propias autoridades se burlen de los ciudadanos respetuosos y apoyen a quienes cometen delitos
La propia junta vecinal reclama a la Administración de Parques Nacionales (APN) “abstenerse de tomar las ilegales medidas promovidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instar al Tribunal Oral de General Roca a continuar a la brevedad el juicio por usurpación en curso, reclamar la plena posesión de sus propiedades de dominio privado y público y recuperar el pleno ejercicio de sus funciones que ha dejado de ejercer en la zona desde hace más de cinco años”.
Este parece ser el resultado de las “mesas de consenso” desplegadas por el gobierno nacional y sostenidas por el propio presidente Alberto Fernández, a las que no fueron convocados ni las verdaderas comunidades mapuches que conviven en paz e integradas a la sociedad en Bariloche ni los propietarios de los predios usurpados.
Solo participaron quienes se apropiaron del territorio invocando la “sacralidad” de un lugar donde nunca antes estuvieron. La tan insólita como irritante propuesta de Pietragalla incluye la construcción de un “consultorio” para la “líder espiritual” y viviendas para albergar a los miembros de su familia.
La sociedad argentina está harta de que las propias autoridades se burlen de sus ciudadanos respetuosos y apoyen a grupos violentos que usurpan y queman propiedades, además de conspirar contra la soberanía nacional. Incluso se sospecha que los actuales incendios en el Parque Nacional Los Alerces han sido provocados por integrantes de este grupo de delincuentes que el Gobierno pretende favorecer con propiedades y consultorios espirituales. Es hora de que la Justicia cumpla con su tarea y castigue a quienes delinquen y a los integrantes de los distintos niveles del Gobierno que son cómplices de sus acciones.
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