Por una sana cultura tributaria
Cuando los organismos del Estado renuncian a sus labores técnicas y se subordinan al poder de turno pierden el respeto de la ciudadanía
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LA NACION
Un trabajo publicado por la AFIP en 2020, destinado a alumnos de escuelas secundarias, enseñaba que “es necesario que todos los integrantes de un país puedan comprender que los tributos que recauda el Estado son recursos que pertenecen al pueblo y que a ellos el Estado se los debe devolver prestando servicios públicos como, por ejemplo, salud, educación, justicia, seguridad, etcétera”.
La tarea de fomentar la cultura tributaria contempla tres grandes ejes: dar a conocer las obligaciones tributarias entre los ciudadanos, facilitar y estimular el cumplimiento de los tributos y caer con todo el peso de la ley sobre los incumplidores para evitar que los ciudadanos probos se sientan estafados por el fisco. La política solo debe fijar las obligaciones fiscales sin interferir en la gestión técnica.
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enseñan que una empresa con “valor fiscal” es aquella que goza de un régimen de exenciones, alícuotas promocionadas u otros beneficios impositivos que se convierten en su única rentabilidad, verdaderos botines de negocios fiscales para inescrupulosos grupos económicos que los combinan con operaciones de arbitraje financiero vendiendo sus activos, o bien, endeudando sistemáticamente a la empresa para transferir flujos de fondos entre compañías del mismo grupo. Se constituyen en verdaderos paraísos de no tributación que solo contribuyen financieramente a los bolsillos de sus beneficiarios y que atentan contra la cultura tributaria del país.
La política solo debe fijar las obligaciones fiscales sin interferir en la gestión técnica
Se habla de un “valor fiscal de hecho” cuando se consienten incumplimientos tributarios o se otorgan planes de financiación ilimitados para simular una regularización con la AFIP que garantice indemnidad. No pagar ese impuesto genera ese “valor fiscal nocivo” que identificamos como el fin principal de la rentabilidad de una empresa, como ocurrió con Oil Combustibles SA. Gracias a ese valor, amigos del poder como Cristóbal López y Fabián de Sousa pudieron disponer del impuesto no ingresado y desviarlo para fondear y acrecentar el entramado de empresas del Grupo Indalo, dejando llena de deudas fiscales a la compañía, pero con “indemnidad tributaria de hecho” para luego presentarla en concurso, dejarla caer y escindirla del grupo.
Los beneficiarios finales de ese impuesto no pagado, por más de 8,5 mil millones de pesos a fines de 2015 y que representaba un poco más de mil millones de dólares, eran principalmente la Anses y la infraestructura en transporte (28% a cada uno), el Fonavi (15%), el Tesoro nacional (10%) y las provincias (10%). Jubilaciones, viviendas, rutas y subsidios al transporte, entre otros, sufrieron durante cuatro años el impacto aunque los ciudadanos sí pagaron en los surtidores.
Es necesario reconocer la probidad de Abad y Cuccioli, quienes han honrado su paso por la función pública
Mientras estuvieron al frente de la AFIP Alberto Abad y, luego, Leandro Cuccioli, destaparon estas escandalosas maniobras y denunciaron penalmente al funcionario actuante, Ricardo Echegaray, y a los accionistas de la empresa Oil Combustibles López y De Sousa. Como servidores públicos, Abad y Cuccioli lucharon por defender la institucionalidad del organismo y reconstruir la cultura tributaria arrasada durante un gobierno prebendario que hoy regresó para endilgarles un hostigamiento inventado a dos seudoempresarios defendidos por el actual presidente, Alberto Fernández, y a la propia familia Kirchner, cuando lo único que hicieron fue cumplir cabalmente con su función primordial, enalteciendo al organismo fiscal argentino al seguir los más altos estándares internacionales.
Las funciones técnicas y básicas de una administración tributaria consistente incluyen caer con todo el peso de la ley sobre los incumplidores sin distinciones ni favoritismos. Esta actividad de control no podrá jamás entenderse ni convertirse en instrumento de persecución política e ideológica. Funcionarios de las administraciones tributarias que permiten que quien incumple lo haga de forma persistente y sin consecuencias degradan la institucionalidad del organismo y del país, promueven mermas de recaudación al bajar la percepción de riesgo en la sociedad y contribuyen a destruir la sana cultura tributaria.
Amigos del poder como López y De Sousa siguen siendo beneficiados con contratos del Estado, a pesar de su malicioso accionar
La degradación se profundiza cuando los buenos funcionarios técnicos se ven afectados judicialmente, perseguidos ideológicamente con tan falsos como absurdos argumentos promovidos desde el poder de turno. Ante una denuncia de la vicepresidenta de la Nación por hostigamiento, la actual administradora federal, Mercedes Marcó del Pont, funda su actuación en informes de la auditoría interna de la AFIP, plagados de falsedades, errores y subjetividades. Utiliza argumentos falaces más propios de la defensa de un mal contribuyente que de una tarea de control interno y abona la idea de que las autoridades de la AFIP, durante el período 2016-2019, constituían grupos de trabajo irregulares para perseguir discrecionalmente a adversarios políticos del gobierno. El escandaloso nivel de contradicción en que incurre la propia auditoría interna de la AFIP queda en evidencia cuando se compara con el informe conjunto que ese mismo departamento realizó con la Sigen sobre la labor desplegada por la AFIP en su rol de colaboración con la Justicia en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”. Allí concluyó expresamente que “resulta positiva la creación de un comité de seguimiento y control, y un grupo específico de trabajo y su comunicación al juzgado interviniente”.
La cultura tributaria se termina de destruir cuando vemos que mientras a los contribuyentes comunes se les cobran intereses o los embargan por demorar un pago, los “hostigados” seudoempresarios López y De Sousa ven renovados sus contratos con la Dirección de Vialidad Nacional, esos que en la gestión anterior les fueron rescindidos por incumplimiento, al día siguiente de tramitado el desistimiento de la AFIP y a valores incluso superiores a los presupuestados.
En un país como el nuestro, sumido en una profunda división, perder el respeto al pago de los impuestos y al órgano encargado de su recaudación es mucho más factible cuando este se aleja de su función específica. Los ciudadanos debemos velar por que las instituciones de la república no sucumban a los abusos que el poder de turno pretenda imponerles, castiguen a seudoempresarios y malos funcionarios como los mencionados y reconozcan la labor de aquellos probos, honestos y capaces, como Abad y Cuccioli, que abandonaron la comodidad del sector privado para honrar la función pública.
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