Política, juego clandestino y narcotráfico
Un proceso judicial realizado en Santa Fe, que desentrañó una concatenación de delitos, terminó con un senador peronista acusado de corrupción
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LA NACION
Los nexos entre delito y política quedaron al descubierto en Santa Fe en una investigación judicial sobre juego clandestino, una causa que deja en evidencia el turbio financiamiento de las campañas electorales. El peligro es mayor en esa provincia, donde las sospechas de connivencia con el narcotráfico son cada vez más profundas, en medio de una violencia sin freno.
Está previsto que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputen al senador provincial del PJ Armando Traferri como “organizador” de una asociación ilícita que lideraba un empresario que manejaba las apuestas ilegales en Santa Fe.
La tarea de Traferri, aliado actualmente del exministro de Defensa Agustín Rossi en la interna peronista, era –según la investigación– generar un esquema de protección judicial que garantizaba que el empresario Leonardo Peiti pudiera seguir indemne al frente de un negocio millonario como son las apuestas ilegales.
Traferri está acusado de generar los vínculos con el exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal y su exmano derecha Gustavo Ponce Asahad para que evitaran que algún miembro del Ministerio Público pusiera la lupa sobre el juego clandestino.
A cambio de esa “protección”, los funcionarios judiciales, que están actualmente detenidos, cobraban sobornos de unos 5000 dólares por mes. Traferri, oriundo de San Lorenzo, terminal exportadora portuaria para el 85% de los granos del país, ocupa cargos públicos desde hace más de 30 años. Es un hombre fuerte del peronismo que desde que quedó en la mira de la Justicia tejió también acuerdos políticos con sectores del radicalismo para que rechazaran en el Senado santafesino el pedido de desafuero que hicieron los fiscales, algo que ocurrió en diciembre pasado.
Los fiscales que piden imputarlo, que han investigado causas muy profundas en materia de narcocriminalidad, lograron que un juez los habilite para acusar al senador peronista, luego de que se declarara la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, que impide que un legislador sea imputado en una causa judicial.
A principios de agosto, en una causa paralela sobre lavado de dinero, la expareja de David Perona, el fallecido “rey del juego clandestino”, declaró como arrepentida y lanzó fuertes acusaciones contra el senador del PJ. Dijo que su marido, que vivía en Rafaela, le decía que “había que reunir ocho o nueve millones de pesos para poder entregar para la campaña de Traferri”.
La oscuridad que cubre la política santafesina desde hace tiempo comenzó a ser perforada por esta investigación, que tuvo su génesis en el asesinato en enero de 2020 del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, perpetrado por la banda narco Los Monos. Esta organización criminal extorsionaba a Peiti y usaba sus contactos en la Justicia, tejidos por el senador peronista.
El apotegma de que las mafias no pueden funcionar sin la complicidad del Estado comienza a hacerse palpable en Santa Fe. Hasta ahora la Justicia nunca había ahondado en las relaciones entre el mundo criminal y la política, sobre todo en materia de narcotráfico, con bandas como Los Monos que manejan un negocio tan millonario como violento desde hace más de 25 años.
El Senado santafesino acumuló poder desde que en la administración del socialista Antonio Bonfatti, condicionado por tener la Cámara alta en contra, avaló que los 19 legisladores –uno por departamento– manejaran casi sin controles un presupuesto millonario de más de 200.000 millones de pesos, con fondos para subsidios.
En 2017, el exconcejal radical Jorge Boasso denunció irregularidades en el manejo de esos recursos, pero el jefe de los fiscales de Rosario, actualmente preso, cajoneó la causa. Ahora esta investigación se reabrió y si se profundiza la pesquisa que amenaza comprometer a otros cinco senadores peronistas.
Traferri acusa al exministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain de estar detrás de la maniobra judicial. El exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dirigió el Organismo de Investigaciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) hasta diciembre de 2018. Después de abandonar su cargo, en medio de recurrentes escándalos, retornó a su conducción. La oposición acusa a Sain de usar las herramientas del Poder Judicial para investigar a sectores políticos opositores.
Esta investigación judicial, nacida de un crimen vinculado al narcotráfico que desentraña una red de juego clandestino y termina con un senador clave del peronismo involucrado con casos de corrupción, muestra el peligroso avance de las mafias en Santa Fe. El creciente deterioro institucional solo favorece su desarrollo y una continua acumulación de poder que tiene en vilo a toda una sociedad. No hay tiempo que perder; urge actuar antes de que sea demasiado tarde.
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