¿Para cuándo el ajuste de la política?
La gestión económica está condenada a un rápido fracaso si triunfa la resistencia de sectores oficialistas a recortar el gasto público en serio
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LA NACION
Es difícil pronosticar hasta qué punto deberá llegar la crítica situación económica y financiera de la Argentina para que su dirigencia política se convenza de que no se puede seguir postergando indefinidamente el tan necesario como ineludible ajuste que debe hacer el sector público.
Así como no es posible seguir financiando el déficit fiscal con emisión monetaria sin llegar más temprano que tarde a niveles de hiperinflación, tampoco es factible pedirles más esfuerzos en materia impositiva a los que siempre pagan. La presión tributaria resulta ya insoportable para empresas y particulares que abonan puntualmente sus impuestos. Mayores incrementos impositivos, lejos de sanear los desbordes del gasto público, solo provocarán morosidad, desinversión y menor producción.
La Argentina requiere más que nunca que el sector público acompañe el esfuerzo que desde hace décadas viene haciendo el sector privado.
Sin embargo, ni los gobernadores provinciales e intendentes oficialistas, ni los gremialistas de toda coloratura política, ni los sectores de La Cámpora –esa organización convertida en una suerte de agencia de empleo público cuyos integrantes pueblan los gobiernos nacional y bonaerense– parecen dispuestos a acompañar al flamante ministro de Economía en su proclamada intención de disminuir el peso del gasto público y de congelar las vacantes en la administración pública.
Es inadmisible que el sector público no acompañe el esfuerzo que viene haciendo el sector privado
“Que el ajuste lo haga el otro”. Ese es el mensaje que transmiten esos sectores que resisten los necesarios ajustes de la política y el “ordenamiento fiscal” del que habla el nuevo titular del Palacio de Hacienda.
Los límites y resistencias a cualquier medida que se asemeje a un recorte de gastos quedaron constatados en la reciente reunión que mantuvo Sergio Massa con gobernadores y vicegobernadores de 13 provincias.
El ordenamiento fiscal que promete Massa no tendrá lugar sin una cirugía mayor en el Estado, que los mandatarios provinciales y comunales del peronismo no están dispuestos a que se lleve a cabo, pese a que sus distritos ostentan poderes legislativos que se hallan entre los más caros y populosos del mundo en proporción a la cantidad de habitantes y al PBI. Basta, para dar un simple ejemplo, comparar el peso de algunas legislaturas provinciales con ciertos parlamentos de comunidades autónomas de España o con los de otros países europeos para advertir el desproporcionado gigantismo del sector público argentino.
La estrategia que está mostrando el gobierno nacional para disfrazar de otra cosa los aumentos tarifarios, de acuerdo con los rituales del populismo vernáculo, demuestra que no hay real vocación por ajustar al sector público. Ya lo vimos con la resistencia de los legisladores a reducir sus dietas en plena pandemia. Del mismo modo, de nada servirá fusionar ministerios si no se elimina definitivamente una gran cantidad de empleos públicos y se continúa efectivizando personal contratado en el Estado.
La política no puede seguir haciendo la vista gorda. En lugar de quedar a salvo del esfuerzo que hacen los demás sectores de la sociedad, sus representantes deberían ser los primeros en ajustarse y dar el ejemplo. Hemos de exigir que así sea.
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